Estancia María Dolores: Diputados enviará a Fiscalía toda la investigación
12.11.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- El Frente Amplio, la coalición opositora y Cabildo Abierto acordaron remitir las actuaciones sobre la compra de la estancia por US$ 32,5 millones. Identidad Soberana quedó fuera del consenso.
La Cámara de Representantes resolvió este miércoles 11 de noviembre remitir a la Fiscalía las actuaciones de la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), tras alcanzar un acuerdo entre el Frente Amplio, los partidos de la coalición opositora y Cabildo Abierto.
La decisión permitió superar las diferencias que habían impedido alcanzar una resolución común cuando la comisión concluyó sus trabajos, en junio pasado. El presidente de Diputados, Sebastián Valdomir, destacó que el acuerdo recogió los aspectos fundamentales de las distintas propuestas presentadas durante la investigación parlamentaria.
Identidad Soberana, el partido encabezado por Gustavo Salle, fue la única fuerza política que no acompañó el entendimiento.
Una compra de US$ 32,5 millones bajo investigación
La controversia se originó por la adquisición de la estancia María Dolores, un establecimiento de más de 4.000 hectáreas ubicado en el departamento de Florida, por el que el Instituto Nacional de Colonización pagó aproximadamente 32,5 millones de dólares en 2025.
El gobierno defendió la operación como parte de su política de acceso a la tierra y fortalecimiento de la producción familiar, particularmente en el sector lechero. Sin embargo, la compra provocó cuestionamientos de la oposición sobre el precio pagado, los procedimientos administrativos, las decisiones del directorio del INC y las características del proyecto productivo.
También se discutieron las condiciones presupuestales de la operación y eventuales conflictos de interés. La adquisición fue anunciada durante las jornadas de despedida del expresidente José Mujica, circunstancia que agregó una dimensión política a la controversia.
Tres posiciones enfrentadas
La comisión investigadora comenzó sus actuaciones en marzo de 2026 y finalizó su trabajo en junio, sin alcanzar conclusiones compartidas. El Frente Amplio sostuvo que la adquisición se había realizado conforme a derecho y que no surgieron elementos objetivos suficientes para afirmar que existieran irregularidades.
Los representantes de la coalición opositora, en cambio, cuestionaron aspectos del procedimiento y consideraron que había elementos que justificaban trasladar los antecedentes a la Justicia. Cabildo Abierto presentó una posición diferenciada. Su diputado Álvaro Perrone señaló que no había encontrado elementos que permitieran afirmar la existencia de corrupción, aunque mantuvo observaciones sobre determinados aspectos de la operación.
La falta de consenso dejó las conclusiones pendientes de consideración por el plenario de Diputados hasta la sesión de este miércoles.
Un acuerdo que no elimina las diferencias
El entendimiento parlamentario fue impulsado mediante negociaciones entre legisladores de diferentes partidos, entre ellos el nacionalista Sebastián Andújar. La resolución de enviar los antecedentes a Fiscalía no implica que todas las bancadas compartan las mismas conclusiones sobre la compra.
Mientras el oficialismo continúa defendiendo la legalidad y conveniencia de la adquisición, los partidos opositores mantienen sus cuestionamientos al procedimiento y a las decisiones adoptadas por las autoridades de Colonización.
La Fiscalía ya había recibido una denuncia penal sobre el caso en setiembre de 2025, presentada por legisladores opositores. Los documentos de la investigadora parlamentaria se incorporarán ahora a los antecedentes disponibles.
Con esta decisión, la Cámara de Representantes cierra una etapa de discusión parlamentaria y traslada a la órbita judicial el conjunto de antecedentes de una operación que continúa generando controversias políticas.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
