FA exige explicaciones al PN y alerta por el avance narco sobre la política
29.09.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- El Frente Amplio reclamó aclaraciones por el caso Leiva y pidió una reunión urgente de los partidos para blindar la política del crimen organizado.
El Frente Amplio (FA) elevó el tono político por las derivaciones de la Operación Trazador y reclamó al Partido Nacional (PN) una "explicación clara y elocuente" sobre el caso que involucra al edil nacionalista Gonzalo Gómez, quien tenía como asesor rentado en la Junta Departamental de Montevideo a Pablo Leiva, condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones.
En una declaración aprobada este lunes 28 de setiembre, el Secretariado Ejecutivo frenteamplista sostuvo que las conexiones del episodio con ámbitos políticos "despertaron todas las alarmas" y reclamó que las investigaciones judiciales y los organismos de contralor permitan "llegar al fondo del asunto".
Según consigna diario El País el planteo del FA se produce después de que el caso comenzara a generar consecuencias dentro del Partido Nacional. Gómez pidió licencia en el directorio blanco y la Comisión de Asuntos Políticos resolvió encomendar a la Comisión de Ética que lo reciba. El edil también desvinculó de su equipo a Lucio Leiva, hijo de Pablo Leiva, quien había sido detenido durante el operativo pero posteriormente quedó en libertad y fue desvinculado de la investigación penal.
El propio Partido Nacional calificó como de "enorme gravedad" que una persona posteriormente condenada hubiera accedido a un cargo de confianza política y sostuvo que el desconocimiento previo de los hechos no exime a sus integrantes del deber de actuar con diligencia y cuidado en el ejercicio de la función pública. También manifestó su confianza en la actuación de la Justicia y reclamó respeto por la presunción de inocencia.
El Frente Amplio reconoció expresamente esas decisiones y consideró que "avanzan en la dirección adecuada". Sin embargo, entendió que no son suficientes para cerrar políticamente el episodio.
"Solicitamos a sus autoridades una explicación clara y elocuente sobre el alcance de los hechos que tienen vinculación con un integrante de su directorio", afirmó la declaración. El FA reclamó además que la bancada nacionalista en la Junta Departamental de Montevideo dé explicaciones ante el cuerpo y contribuya a despejar las dudas existentes.
La ofensiva política frenteamplista no se limita al caso individual. El partido resolvió convocar a una reunión de trabajo entre su bancada de ediles de Montevideo, diputados y senadores y las presidencias nacional y departamental de la fuerza política. Al mismo tiempo, planteó una reunión urgente de todos los partidos con representación parlamentaria para discutir mecanismos de regulación y transparencia del financiamiento político.
El objetivo declarado es evitar que recursos provenientes del crimen organizado puedan penetrar o condicionar la actividad política.
El episodio se originó después de conocerse que Pablo Leiva, integrante del equipo de Gómez, era uno de los condenados como consecuencia de la Operación Trazador. Leiva recibió una pena de dos años y seis meses de prisión por lavado de activos y tráfico interno de municiones.
La investigación también generó repercusiones por operaciones realizadas por Leiva en un local de cobranzas cuya franquicia pertenece a Laura Scalabrino Muga, esposa del dirigente nacionalista y actual director de la Administración Nacional de Puertos Jorge Gandini. Gandini negó cualquier vinculación con actividades ilícitas, afirmó que no conocía personalmente a Pablo Leiva y se puso, junto con su esposa, a disposición de Fiscalía. Hasta la información publicada la semana pasada, ninguno de los dos había sido indagado por la Fiscalía.
La reacción frenteamplista busca ahora trasladar la discusión desde las responsabilidades individuales hacia un problema más amplio: la eventual penetración del narcotráfico en estructuras políticas y la necesidad de reforzar los controles sobre el financiamiento partidario.
"El Frente Amplio tiene un compromiso absoluto con la defensa de las instituciones públicas y la confiabilidad del sistema político en su conjunto", afirmó la fuerza política. Su declaración concluye reclamando reformas que impidan que "el crimen organizado condicione la política uruguaya".
El caso, entretanto, permanece abierto en varios planos. La Justicia y Fiscalía deberán determinar eventuales responsabilidades penales que excedan a las personas ya condenadas; el Partido Nacional deberá procesar internamente la situación de Gómez; y el Frente Amplio procura convertir el episodio en el punto de partida de una discusión interpartidaria sobre hasta dónde llegan los controles capaces de impedir que el dinero del narcotráfico encuentre una puerta de entrada a la política uruguaya.
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
