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22.05.2025

MONTEVIDEO (Uypress)- La investigación por la fuga de $35.627.581 y US$17.500 de las arcas de la Comisión Administradora del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) da cuenta de una maniobra que podría ser más grande de lo que se pensaba: la estafa pudo haberse llevado a cabo por más tiempo del que se creía, y, además, se estudian nexos con la política, según nota de los colegas Paula Ojeda y Carlos Tapia para diario El País.

Más allá de este dinero que se giró irregularmente a cuentas de miembros del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), y a otras siete personas, lo que se indaga ahora es si existió otro robo a cuenta gotas, a través de cheques, por una cifra cercana a los US$ 500.000.

La Fiscalía, además, según señalaron fuentes del caso a El País, se dispone a investigar si existe algún vínculo con el Partido Comunista (PCU), al que pertenecen varios de los sindicalistas involucrados.

Los encargados de la causa pidieron información bancaria que pueda echar luz sobre esta sospecha: solicitaron a la Justicia el levantamiento del secreto bancario de los indagados, lo que ya les fue otorgado.

Fue el propio Sunca y la Cámara de la Construcción quienes presentaron, a inicios de este año, la denuncia por apropiación indebida, asociación para delinquir y estafa, con el objetivo de que se identifique a los responsables penales de la fuga de $ 35.627.581 y US$ 17.500 de las arcas de este mecanismo -que existe desde un consejo de salarios del año 1967 y cuyo objetivo es facilitar el acceso a la vivienda por parte de los trabajadores de la construcción.

En un informe de Fosvoc, realizado tras una auditoría interna y al que accedió El País, se establece que estos "movimientos de fondos no autorizados" corresponden al período comprendido entre febrero y diciembre de 2024, y que las transferencias electrónicas -193 en total- fueron realizadas por Stella Rey, una empleada que se desempeñaba como "Jefa de Departamento".

El dinero fue enviado a 14 cuentas, y siete de ellas pertenecen, según señalaron fuentes del caso, a sindicalistas del Sunca, algunos de ellos también vinculados al PCU.

Además, fue indagada Laura Alberti, encargada de finanzas del Sunca y del PCU, tras haber sido nombrada por varias de las personas que fueron llamadas a declarar, según informó Búsqueda y pudo confirmar El País.

La maniobra

En febrero de 2024 el Fosvoc -conformado por el Sunca, la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) y la Liga de la Construcción del Uruguay (LCU)- tuvo un cambio de autoridades. En ese movimiento, la pata empresarial del mecanismo propuso la bancarización de todo el dinero que se manejaba. Es decir, se dejaba de utilizar efectivo o los cheques, y se pasaba todo a transferencia. Según supo El País, en un principio algunos sindicalistas presentaron reparos con respecto a esta medida, pero esta luego fue aceptada.

En diciembre del mismo año, Rey tomó licencia para realizarse una intervención quirúrgica de carácter estético. Durante su ausencia, quienes quedaron en su lugar descubrieron que se venían realizado transferencias para las que no existían comprobantes -las reglas internas establecen un sistema de doble firma para el retiro de fondos-, las que, como se señala en la denuncia a la que accedió El País, podían ser consideradas "sospechosas". Tras esto se hizo una auditoría que confirmó la irregularidad, y luego se presentó el caso a la Justicia.

Por haber recibido dinero en el marco de la maniobra, el Sunca expulsó a Jhon Fernández, Santiago Bernaola, Bruno Bertolio, Robert Marcelo Martínez, Carlos Larrosa, Juan Ortiz y Víctor Rivero. Se entendió que "defraudaron la confianza que puso el gremio en ellos". Un dato curioso es que las expulsiones fueron resueltas por la cúpula sindical, sin llamar a una asamblea, lo que suele ser lo regular para tomar este tipo de decisiones: es decir, el Sunca resolvió antes de que lo hiciera la Justicia.

Además de estos siete sindicalistas que forman parte de la causa, según supo El País por parte de fuentes del caso, entre los otros siete involucrados hay varios "amigos o familiares" de estos.

La mayoría de las declaraciones mencionan a Bernaola como el cerebro de la maniobra. Sin embargo él, al declarar en la Policía, señaló a otros de los expulsados como responsables y mencionó posibles vínculos políticos, dijeron a El País fuentes cercanas al sindicalista.

Cheques

En el marco de las declaraciones que ya se tomaron, quedó en evidencia que la maniobra muy probablemente no haya nacido con el cambio que se hizo en 2024, en cuanto a la realización de todas las entregas de dinero a través de giros bancarios, sino que la irregularidad podría venir desde antes.

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er Turno, que tiene a su cargo el caso, pidió a Fosvoc que se le entreguen los movimientos de dinero llevados a cabo por el fondo en 2023, en particular lo que se entregó por concepto de "partidas especiales" y a través de cheques. Estas partidas podían ser, por ejemplo, para la compra de materiales para una vivienda.

Pese a que los cheques deberían haber sido entregados directamente a los beneficiarios, estos eran cobrados por un delegado del Sunca, en la mayoría de los casos por Bernaola, según señalaron fuentes de la causa a El País.

El dinero retirado por semana iba de $ 250 mil a $ 750 mil. Se sospecha que el total, a lo largo de 2023, habría alcanzado una cifra de US$ 500.000.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS