UY Press - Agencia uruguaya de noticias

06.11.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- El Ejecutivo ultima los ajustes del proyecto y prevé presentarlo la próxima semana. Blancos y colorados lo rechazan, mientras Cabildo Abierto espera conocer el texto.

El gobierno de Yamandú Orsi se prepara para enviar al Parlamento, durante la próxima semana, el proyecto de ley que propone crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una de las principales reformas institucionales comprometidas por el presidente durante la campaña electoral.

La iniciativa se encuentra en sus últimas etapas de elaboración, con ajustes técnicos y presupuestales a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Contaduría General de la Nación.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo enfrenta una dificultad política considerable: el Frente Amplio no cuenta con los votos necesarios en la Cámara de Diputados y los partidos Nacional y Colorado han manifestado su rechazo.

Una reforma anunciada y postergada

Orsi había anunciado el envío del proyecto el pasado 2 de marzo, durante su comparecencia ante la Asamblea General, pero la iniciativa sufrió sucesivas postergaciones.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, principal impulsor de la propuesta, aseguró el 27 de octubre que el texto estaba prácticamente terminado y que su discusión parlamentaria probablemente se desarrollaría durante 2027.

La nueva cartera tendría entre sus cometidos reorganizar organismos actualmente distribuidos entre distintas dependencias estatales. Uno de los cambios más importantes sería el traslado del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), responsable del sistema penitenciario, desde el Ministerio del Interior al futuro Ministerio de Justicia.

También se contempla incorporar a su ámbito institucional a la Fiscalía General de la Nación, manteniendo su condición de servicio descentralizado, y a las Defensorías Públicas, que actualmente dependen del Poder Judicial. La configuración definitiva y las garantías de autonomía deberán conocerse cuando el Ejecutivo presente el articulado.

La oposición cuestiona la iniciativa

Dirigentes blancos y colorados sostienen que la creación del ministerio aumentaría la burocracia y el gasto público sin resolver necesariamente los problemas de funcionamiento del sistema judicial. El senador nacionalista Javier García y el colorado Andrés Ojeda han expresado, además, preocupación por la eventual influencia política sobre organismos vinculados con la administración de justicia.

Parte de las críticas se concentra en Jorge Díaz, quien fue fiscal de Corte y actualmente ocupa la Prosecretaría de Presidencia. Los opositores han planteado dudas sobre el papel que podría desempeñar en la nueva estructura, aunque el jerarca descartó públicamente que pretenda convertirse en ministro de Justicia.

Cabildo Abierto puede definir la votación

La posición de Cabildo Abierto será especialmente importante para el futuro de la iniciativa. Su diputado Álvaro Perrone señaló que todavía no existe una definición partidaria y que resulta imprescindible conocer el contenido del proyecto antes de adoptar una posición.

El Frente Amplio dispone de mayoría en el Senado, pero necesita acuerdos con otros partidos para alcanzar los votos requeridos en Diputados. La situación presenta una particularidad política: la creación de un Ministerio de Justicia figuraba también en el programa suscrito por los partidos de la Coalición Republicana durante la última campaña electoral. Díaz recordó ese antecedente y reclamó que la discusión se concentre en el contenido institucional de la reforma.

Una discusión sobre el funcionamiento del Estado

Los defensores del proyecto sostienen que Uruguay necesita una estructura especializada para coordinar políticas penitenciarias, derechos humanos y determinadas funciones administrativas relacionadas con la justicia.

Sus críticos consideran que la reforma podría generar superposiciones, mayores costos y riesgos para la autonomía de los organismos involucrados.

La discusión también deberá abordar las competencias de la futura cartera, su presupuesto, la transferencia de funcionarios y los mecanismos de control parlamentario. Por ahora, no existe una fecha confirmada para la votación.

El envío del proyecto permitirá conocer finalmente una propuesta anunciada hace meses y abrirá un debate que excede la creación de un nuevo ministerio: cómo reorganizar las instituciones vinculadas con la justicia sin comprometer la independencia de los poderes del Estado.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS