UY Press - Agencia uruguaya de noticias

02.09.2026

MONTEVIDEO (Uypress/José W. Legaspi)- El proyecto de HIF en Paysandú puede convertirse en la mayor inversión privada de la historia del país. Pero mientras el presidente Orsi y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, empujan su concreción, la ministra de Industria, Fernanda Cardona cuestiona las condiciones bajo las cuales Uruguay debe comprometer recursos públicos para hacer viable la inversión.

La cifra impresiona: US$ 5.385 millones. Es difícil encontrar en la historia reciente del Uruguay una inversión privada de semejante magnitud. HIF Global proyecta instalar en Paysandú una planta de e-combustibles alimentada con hidrógeno verde, acompañada por parques eólicos y solares de enorme escala. La empresa prevé unos 300 puestos permanentes durante la operación y presenta el emprendimiento como una pieza central de la transición energética.

Ante esos números, la tentación política es comprensible, no?. Se entienden las voces que afirman "que venga", "que no se pierda, "que Uruguay haga lo necesario para asegurarla"...

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, ha llevado esa lógica hasta sus últimas consecuencias. Perder el proyecto sería, dijo recientemente, un "escenario apocalíptico para Uruguay". Desde mucho antes viene reclamando rapidez, condiciones y señales que garanticen que HIF finalmente invierta en el departamento. Y el presidente Yamandú Orsi tampoco oculta su voluntad de cerrar el acuerdo.

El problema empieza cuando se formula la pregunta siguiente: ¿Qué significa exactamente "hacer lo necesario"?

Porque una inversión no debería evaluarse solamente por el monto que anuncia quien viene a realizarla. También por las condiciones que exige, los beneficios que recibe, los riesgos que asume el Estado y, sobre todo, cuánto valor permanece finalmente en el país.

Ahí es donde la posición de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, adquiere otra dimensión.

La inversión no puede convertirse en argumento final

El memorando firmado por el gobierno y HIF en diciembre de 2025 confirma que el proyecto está muy avanzado, pero también que quedan condiciones sustantivas por resolver. El acuerdo estableció una hoja de ruta hacia la decisión final de inversión y creó mecanismos de seguimiento entre el Estado y la compañía.

Pero el tamaño de la inversión parece haber generado una presión política particular. Cuando US$ 5.385 millones aparecen sobre la mesa, la pregunta corre el riesgo de invertirse.

Ya no se discute: ¿qué condiciones debe cumplir esta inversión para servir al proyecto nacional? Empieza a discutirse: ¿qué debe ofrecer Uruguay para que la empresa no decida irse?

Esa diferencia es mucho más importante de lo que parece. Porque una política de desarrollo debería utilizar la inversión como instrumento. No convertir al país en instrumento de la inversión.

El nudo eléctrico

El principal conflicto está en la energía. HIF necesita una cantidad extraordinaria de electricidad para producir hidrógeno mediante electrólisis. Sus parques renovables proyectados alcanzan dimensiones comparables a buena parte de la capacidad instalada actualmente en Uruguay.

Y aquí aparece UTE. La negociación debe resolver a qué precio la empresa comprará energía, qué respaldo recibirá cuando su generación renovable no alcance, qué capacidad de red deberá reservarse y quién asumirá los costos asociados.

No es un asunto menor. Una tarifa excepcionalmente reducida puede ser una herramienta legítima de política industrial. Pero solamente si el beneficio obtenido por Uruguay compensa claramente aquello que la empresa pública deja de percibir o el riesgo que asume.

De lo contrario ocurre algo paradojal: el Estado puede terminar subsidiando indirectamente la rentabilidad de una inversión que después se presenta como evidencia del éxito del mercado privado.

Esa es precisamente la clase de pregunta que Cardona viene planteando desde mucho antes de convertirse en ministra.

En 2023, cuando integraba el directorio de UTE por el Frente Amplio, votó contra un acuerdo de confidencialidad con HIF y advirtió que los parques proyectados por la compañía podían convertirse en un "potencial competidor" de la empresa pública. También cuestionó comprometer al ente sin información suficiente, hasta calificar la situación como un "cheque en blanco". 

No parece, por tanto, una resistencia improvisada. Existe una línea de continuidad.

Cardona no está proponiendo que HIF abandone Uruguay. No está negando la inversión privada. No está reclamando autarquía energética ni una economía cerrada. Está planteando algo bastante más elemental: que la ecuación también cierre para el país.

Y ése debería ser el criterio de cualquier gobierno, pero especialmente de uno de izquierda. ¿Cuánto recauda Uruguay después de las exoneraciones? ¿Qué infraestructura queda? ¿Qué proveedores nacionales se desarrollan? ¿Cuánto conocimiento se transfiere? ¿Qué capacidad tecnológica se incorpora? ¿Qué empleo estable se genera una vez terminada la construcción? ¿Qué riesgos quedan en UTE, ANCAP u otras empresas públicas?

Porque decir "US$ 5.385 millones de inversión" no responde ninguna de esas preguntas.

Un proyecto enorme y 300 empleos permanentes

HIF proyecta miles de trabajadores durante la fase de construcción, aunque la propia información difundida por la empresa ha variado entre unas 1.400 y unas 3.000 personas según las distintas etapas y configuraciones comunicadas. Una vez operativa, la planta rondaría los 300 empleos directos permanentes.

Eso no desmerece el proyecto. Una industria altamente automatizada puede ser estratégicamente importante aunque emplee poca gente. Pero obliga a abandonar un argumento simplista.

El beneficio nacional no puede medirse únicamente en empleos. Debe estar en los impuestos, la transferencia tecnológica, la formación de capacidades, la integración de proveedores, el desarrollo territorial y las nuevas posibilidades productivas que la inversión deje detrás de sí.

Si todo eso es débil y, al mismo tiempo, el país ofrece grandes beneficios fiscales, energía especialmente barata e infraestructura pública, entonces el volumen de inversión deja de ser suficiente como justificación.

Olivera y el miedo a perderla

Nicolás Olivera expresa con especial claridad la otra concepción. Su preocupación por Paysandú es perfectamente comprensible. Un departamento del interior difícilmente pueda observar con indiferencia una inversión de esta magnitud.

El problema aparece cuando el miedo a perderla se convierte en criterio de negociación. Porque quien comienza una negociación convencido de que no puede permitirse que la otra parte se vaya ya ha cedido una porción importante de su capacidad negociadora.

La frase "Uruguay no puede perder esta inversión" parece defender el interés nacional. Pero también puede convertirse en una formidable herramienta para la empresa que negocia con el Estado.

Si la alternativa es presentada como apocalíptica, casi cualquier concesión empieza a parecer razonable. Y entonces desaparece la pregunta esencial: ¿hasta dónde?

Orsi y el dilema de la gran inversión

Orsi enfrenta una dificultad distinta. Un presidente necesita crecimiento, empleo e inversión. Y en un país pequeño, una inversión de US$ 5.385 millones puede modificar expectativas económicas, recaudación, actividad y perspectivas de un departamento entero. Sería absurdo minimizarla.

Pero justamente por su magnitud debe negociarse con más cuidado, no con menos. El verdadero liderazgo político no consiste simplemente en anunciar que la inversión llegará. Consiste en garantizar que, si llega, su tamaño no termine concediéndole también un poder desproporcionado frente al Estado.

Ahí aparece una contradicción que excede a HIF. Un gobierno puede necesitar tanto una inversión que termina adaptando su política para conseguirla. Y en ese momento deja de ser completamente claro quién está condicionando a quién.

La posición de Fernanda Cardona

- En junio de 2023: HIF podía convertirse en un "potencial competidor" de UTE. Cuando Cardona todavía representaba al Frente Amplio en el directorio de UTE, votó contra un acuerdo de confidencialidad con HIF.

Su preocupación era que el proyecto preveía instalar aproximadamente 2.000 MW de generación eólica y solar, una magnitud comparable con lo que Uruguay había construido durante aproximadamente una década. Advirtió que esas plantas podían competir con UTE "en precio y en clientes".

Pero su cuestionamiento más importante era institucional: entendía que se pretendía comprometer capacidades técnicas de UTE sin que la empresa hubiera presentado información suficientemente precisa sobre el proyecto.

Terminó definiendo la propuesta con una frase muy fuerte: "Estamos dando un cheque en blanco".

También sostuvo que HIF era diferente de otros grandes consumidores con los que UTE había firmado acuerdos de confidencialidad porque podía convertirse en "un potencial competidor" de la empresa pública. 

- En diciembre de 2024: Cuando el gobierno de Lacalle Pou decidió que ANCAP renunciara al derecho de participar eventualmente en el negocio de HIF, Cardona -ya designada futura ministra- reaccionó duramente: "Ya estar diciendo que no, amputarnos esa posibilidad de participar, me parece grave y preocupante. Es terrible".

Su argumento era que todavía había tiempo para estudiar si al Estado uruguayo le convenía convertirse eventualmente en socio del proyecto.

Y agregó una advertencia, que decisiones de esta magnitud pueden "atar económicamente y jurídicamente al Estado uruguayo", por lo que reclamaba analizarlas antes de asumir compromisos irreversibles. 

Cardona no solamente pretende evitar costos para el Estado. También cuestionó que Uruguay renunciara anticipadamente a participar de los beneficios del negocio.

Ya como ministra, al asumir el nuevo gobierno, Cardona fue particularmente crítica con lo que había heredado. Sostuvo que la propuesta había vuelto a "foja cero" y llegó a afirmar: "El proyecto está vacío de contenido".

Cuestionó que el gobierno anterior hubiera anunciado el emprendimiento "con bombos y platillos" cuando, a su entender, todavía faltaban definiciones fundamentales. La posición del MIEM fue entonces reformularlo, incorporar exigencias ambientales y procurar beneficios económicos y sociales concretos para Paysandú.

Cuando surgió la posibilidad de trasladar HIF a terrenos de ANCAP en Nuevo Paysandú, Cardona introdujo otra condición. No quería que el megaproyecto privado desplazara la actividad de Portland, y argumentó: "Si eso nos ayuda a generar que no se pierda el portland, que no perdamos los puestos de trabajo [...] y que HIF también tenga una alternativa posible [...] estamos en el buen camino".

Y posteriormente explicó que el gobierno estaba "sacando las cuentas" para determinar si podían convivir simultáneamente HIF y la producción de Portland. 

Posteriormente, en junio, Cardona exigió que HIF deje conocimiento en Uruguay. Contó que el gobierno incorporó una exigencia que no figuraba en el proyecto original: que HIF deje un laboratorio "donde la UdelaR y la UTEC pudieran trabajar y generar un conocimiento de hidrógeno en Uruguay".

Es decir: si una multinacional utiliza recursos, infraestructura y capacidades uruguayas para desarrollar una industria tecnológica nueva, el país debe apropiarse también de una parte del conocimiento generado.

- Julio: Cuando Nicolás Olivera comenzó a transmitir públicamente que el acuerdo estaba prácticamente cerrado, Cardona lo corrigió: "Acá no hay ningún contrato todavía". Y añadió: "Hay que hablar en sus justos términos para no desinformar".

Explicó que lo existente era un memorando que establecía bases de negociación y que después HIF todavía tendría que conseguir financiamiento y adoptar su decisión definitiva de inversión.

Olivera respondió acusándola de ser "confrontativa" y llegó a decir que, si HIF finalmente se concretaba, sería "pese a la ministra y no gracias a la ministra".

Cardona contestó: "Si la crítica a esta ministra es que estudia los memorándums de entendimiento, no lo tomo como una crítica porque yo trabajo y estudio los temas". Y recordó que HIF había sido anunciado en 2022 y durante 2022, 2023 y 2024 no se había concretado.

Si hubiera que definir o elegir una declaración política central de Cardona sería su posición de que HIF debe "derramar" para Uruguay. En medio de las negociaciones por la tarifa eléctrica, la ministra explicó que el gobierno quiere que la inversión: "derrame" para el país, y aclaró que ese beneficio debe ir más allá de: "la exportación o la ganancia o la inversión".

Al mismo tiempo dejó perfectamente claro que quiere que HIF se concrete: "Estamos intercambiando para poder cerrarlo, ese es el ánimo, que no se pierda ese proyecto, que tenga viabilidad".

Fuentes del MIEM explicaron paralelamente que Cardona "no se opone" al emprendimiento. El problema es que la ecuación energética todavía "no termina de cerrar" para Uruguay: precio de la electricidad, respaldo de UTE, utilización de redes, infraestructura y riesgos asociados. 

- Agosto: Y hace pocos días respondió "no soy la Vengadora Escarlata en contra del hidrógeno verde". Y agregó: "Estamos trabajando muchísimo para que el hidrógeno sea una realidad en el Uruguay".

Pero introdujo inmediatamente la condición económica: los proyectos deben ser escalables y deben cerrar comercialmente porque para producir hidrógeno alguien tiene que comprarlo.

Lo que emerge de todas estas declaraciones

Cardona representa una pregunta que incomoda a quienes plantean que Uruguay no puede permitirse perder US$ 5.385 millones de inversión: ¿qué debe recibir Uruguay a cambio?

Su posición documentada desde 2023 puede sintetizarse así: proteger UTE frente a un potencial competidor; no entregar un "cheque en blanco"; preservar para ANCAP la posibilidad de participar del negocio; impedir que HIF desplace Portland; exigir transferencia de conocimiento hacia Udelar y UTEC; calcular correctamente el valor de la energía y de la infraestructura pública; y procurar que la inversión "derrame" sobre Uruguay.

Mientras Olivera pregunta qué necesita HIF para quedarse, Cardona pregunta qué necesita Uruguay para que valga la pena que HIF se quede.

Y entre ambas preguntas aparece Orsi. Porque si el Presidente entiende -como parece- que perder la mayor inversión privada de la historia sería un fracaso para el país, la pregunta política pasa a ser hasta dónde está dispuesto a llegar para evitarlo: ¿Quién fija las condiciones?

Crecimiento y soberanía

La discusión sobre HIF no enfrenta desarrollo contra atraso. Tampoco inversión extranjera contra estatismo. El verdadero conflicto es otro: atraer capital o construir una estrategia nacional capaz de decidir qué capital necesita el país y bajo qué condiciones.

Uruguay necesita inversión extranjera pero necesita también soberanía para negociarla. Necesita capital pero también empresas públicas fuertes, necesita tecnología pero debe procurar apropiarse de conocimiento, necesita exportaciones pero también que una parte significativa del valor creado permanezca dentro del país.

El problema no es aceptar una economía globalizada. Es hacerlo desde una posición de dependencia permanente.

El precio verdadero

HIF puede ser una oportunidad extraordinaria para Uruguay. Puede abrir una nueva industria, ampliar exportaciones, incorporar tecnología y colocar al país en la transición internacional hacia combustibles bajos en carbono.

Precisamente por eso merece una negociación extraordinariamente exigente. No se trata de ahuyentar al capital. Se trata de no recibirlo de rodillas.

Porque un país no defiende su soberanía rechazando toda inversión extranjera. La defiende cuando posee la capacidad política de decirle al inversor: usted es bienvenido, pero también existen condiciones que Uruguay no está dispuesto a entregar.

La verdadera pregunta sobre HIF, entonces, no es si US$ 5.385 millones constituyen una gran inversión. Por supuesto que lo son.

La pregunta es cuánto costará conseguirlos. Y sólo cuando conozcamos esa respuesta sabremos si estamos ante una gran política de desarrollo o ante otra vieja historia latinoamericana: la de un país tan preocupado por atraer capital que termina pagando para que el capital acepte venir.