UY Press - Agencia uruguaya de noticias

29.09.2026

MONTEVIDEO (Uypress) - El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, ha intensificado su presión política para que el Poder Ejecutivo -bajo la administración de Yamandú Orsi- concrete la firma definitiva del acuerdo con la multinacional HIF Global.

El proyecto, valuado en más de 5.000 millones de dólares, prevé la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en territorio sanducero. Sin embargo, la negociación choca con cuestionamientos estructurales sobre su impacto fiscal, tarifario y de seguridad energética para el Uruguay. 

Los puntos críticos de la negociación

El costo de la energía como nudo gordiano: La viabilidad económica del proyecto para HIF Global (compuesta mayoritariamente por Andes Mining & Energy y Porsche) depende de una tarifa preferencial. Mientras la empresa y los impulsores locales presionan por un valor cercano a los 45 dólares por megavatio-hora (MWh), sectores técnicos advierten que este monto se ubica muy por debajo de los costos reales de generación y de las tarifas que abonan tanto la industria nacional como los hogares uruguayos.

La presión sobre la infraestructura de UTE: El suministro exigido de aproximadamente 1 GW representa una proporción drástica de la matriz eléctrica nacional. En momentos de pico de demanda, el consumo histórico del país oscila en torno a los 2.300 MW, por lo que ceder semejante volumen de potencia a un único privado en condiciones subsidiadas enciende alertas sobre posibles riesgos de abastecimiento o la necesidad de realizar inversiones extraordinarias que terminaría pagando la ciudadanía.

El dilema de la soberanía y el desarrollo: Quienes se oponen al acuerdo bajo los términos actuales sostienen que otorgar beneficios de esta magnitud equivale a subvencionar las ganancias de corporaciones internacionales a costa de comprometer el margen fiscal y el equilibrio de las empresas públicas del Estado.

Voces en contra y argumentos del contrapunto técnico

El avance de las negociaciones ha generado un fuerte rechazo en diversos ámbitos políticos, sindicales y académicos, los cuales contraponen argumentos severos al entusiasmo de los gobiernos departamentales:

Asimetría tarifaria y malestar social: Diferentes analistas económicos han señalado que convalidar una tarifa de 45 USD/MWh para una multinacional mientras la ciudadanía soporta tarifas residenciales elevadas generará una profunda inequidad. Esto podría detonar una crisis de legitimidad política y una catarata de recursos administrativos y judiciales por parte de cámaras empresariales locales que compiten en desventaja.

Limitaciones de la matriz de generación: Especialistas en energía eléctrica recuerdan que la capacidad instalada del país tiene techos operativos claros. Comprometer 1 GW de firmeza y disponibilidad continua para un solo polo industrial alteraría la seguridad del sistema interconectado nacional, obligando a UTE a sobreexigir sus recursos o a importar energía en condiciones desfavorables durante los períodos de escasez hídrica o menor generación eólica/solar.

El fantasma de los "monopolios de enclave": Sectores críticos han catalogado la megaobra como un enclave exportador que aporta escasosderrumbes económicos genuinos al mercado interno en proporción a los riesgos asumidos por el Estado. Se argumenta que ceder soberanía sobre los excedentes energéticos renovables de Uruguay -considerados el motor de la transición justa del país- solo para cumplir con metas de descarbonización de economías extranjeras (como la automotriz europea) es un negocio ruinoso para el interés nacional.

De todas maneras la sensación dominante en el Uruguay es que a pesar de la desesperación del intendente Olivera, de la firme posición en contra de la ministra de Energía Fernanda Cardona y de los titubeos del presidente Orsi, la inversión nunca se concretará, no hay señales de inversionistas por la cantidad prometida por ningún lado.