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30.09.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- María de Lima, integrante del Directorio blanco, reconoció que el partido daba por hecho que Leiva trabajaba en territorio. Gómez admitió que el condenado por lavado no tenía tareas específicas.

El caso de Pablo Leiva, el exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez condenado por lavado de activos en la Operación Trazador, abrió ahora otro frente dentro del Partido Nacional: quién controlaba el trabajo por el que cobraba $52.000 nominales mensuales en la Junta Departamental de Montevideo.

María de Lima reconoció que el Partido Nacional desconocía concretamente cuáles eran las tareas que desarrollaba Leiva y que había dado por sentado que cumplía las funciones para las que había sido contratado, según informa diario El Observador

"Nosotros eso no lo sabíamos", respondió De Lima cuando fue consultada sobre el trabajo que realizaba el asesor. Según explicó, el partido entendía que Leiva había sido contratado para desempeñar tareas "en el territorio", pero no verificó posteriormente si efectivamente las realizaba.

La dirigente fue todavía más explícita al reconocer que el PN había dado por supuesto que el asesor trabajaba. El control, sostuvo, correspondía a cada edil y no al partido. Sin embargo, admitió que dentro de la colectividad política causó sorpresa conocer que Leiva finalmente no tenía tareas concretamente asignadas. "Nos sorprendió que no tuviera tareas asignadas", señaló.

Gómez asumió el "error"

La declaración se produjo después de que Gonzalo Gómez brindara una conferencia de prensa en la que asumió como un "error" haber contratado a Leiva, aunque aseguró desconocer completamente sus actividades ilícitas.

Gómez explicó que la contratación fue una decisión personal suya y que Leiva llegó recomendado por su hijo Lucio. El edil sostuvo que inicialmente necesitaba una persona que investigara asuntos relacionados con su tarea en la Junta Departamental: recibir información, preparar insumos para pedidos de informes y elaborar iniciativas surgidas del contacto con los vecinos.

Sin embargo, reconoció que esas funciones finalmente no se desarrollaron como habían sido concebidas y que buena parte de los asuntos llegaban directamente a su propio WhatsApp. Leiva cobraba por su contratación $52.000 nominales mensuales.

Gómez también aseguró que ni Gandini ni Por la Patria conocían el vínculo laboral formal que mantenía con Pablo Leiva desde diciembre de 2025. Según su versión, el condenado tampoco militaba en Por la Patria ni pertenecía al Partido Nacional.

"Podría haber dicho que hacía tal cosa"

De Lima defendió la actitud de Gómez al hacer pública esa situación. Consideró que el edil fue sincero porque podría haber construido una explicación sobre las actividades del asesor y, en cambio, reconoció que no tenía tareas asignadas. La integrante del Directorio evitó pronunciarse sobre si Gómez debería renunciar definitivamente a su banca.

El edil pidió licencia en la Junta Departamental hasta que la Comisión de Ética del Partido Nacional analice el episodio y se pronuncie. Posteriormente será el Directorio partidario el que deberá adoptar una resolución. De Lima sostuvo además que el caso debería provocar una discusión más amplia entre los partidos sobre el régimen de contratación y remuneración de los ediles y sus colaboradores.

De asesor sin tareas específicas a condenado por lavado

La discusión política adquirió otra dimensión por la causa penal que llevó a prisión a Leiva. El exasesor fue condenado a dos años y seis meses por lavado de activos y tráfico interno de municiones después de ser detenido en el marco de la Operación Trazador.

La investigación policial había detectado que Henry Latorre, condenado como responsable de la organización dedicada al narcotráfico, entregaba dinero a Leiva. En su domicilio fueron encontrados casi $3 millones en efectivo. La Fiscalía sostuvo que Leiva recibía dinero proveniente del narcotráfico para introducirlo en el circuito financiero legal.

La investigación sobre la ruta del dinero no terminó con su condena. El fiscal especializado en Lavado de Activos Enrique Rodríguez resolvió abrir una nueva causa después de reunirse con policías de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas que habían participado en Trazador.

La nueva investigación procura determinar cómo funcionaba la estructura de blanqueo mediante casas de cambio y centros de cobranza. Durante la investigación policial surgió también que Leiva realizaba operaciones en el local de cobranzas perteneciente a la esposa de Jorge Gandini, aunque ese establecimiento no había sido objeto de investigación fiscal cuando se acordó la condena de Leiva.

Gandini negó que su familia tuviera conocimiento de cualquier actividad ilícita y aseguró que Leiva era un cliente habitual que concurría al establecimiento fundamentalmente para pagar obligaciones de empresas constructoras.

Una pregunta que ahora queda en el Partido Nacional

La causa penal deberá determinar hasta dónde llegaba la estructura encargada de blanquear el dinero de la organización narcotraficante. Pero las declaraciones de De Lima abren una cuestión diferente, estrictamente política.

El Partido Nacional reconoce ahora que desconocía qué tareas realizaba un asesor contratado por un edil de su colectividad, que daba por sentado que trabajaba en territorio y que no verificó si efectivamente lo hacía.

Gómez, por su parte, admite que Leiva terminó sin funciones específicas mientras continuaba contratado por $52.000 nominales mensuales.

El problema, entonces, ya no se limita a cómo Pablo Leiva terminó involucrado en una organización dedicada al lavado de dinero. También obliga a responder qué controles existían sobre una contratación financiada con recursos públicos, qué trabajo justificaba esa remuneración y cómo pudo mantenerse un asesor sin tareas específicas sin que nadie advirtiera la situación hasta después de su detención y condena por lavado de activos.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS