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11.12.2025

MONTEVIDEO (Uypress)- En la noche de este miércoles terminó la interpelación a la titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, a cargo del senador Javier García, del Partido Nacional (PN), por la decisión del gobierno de iniciar acciones legales para rescindir el contrato con el astillero español Cardama Shipyard, firmado por la anterior administración, para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) para la Armada Nacional, según consigna La Diaria.

Cerca de las 15.00 terminaron las exposiciones de Lazo y García, y fue entonces cuando se abrió el juego para los demás integrantes.

La senadora del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz inició la lista de oradores. Comenzó su intervención respondiendo a algunas de las principales acusaciones de García, entre ellas, que desde el partido de gobierno existen "teorías de eliminar las Fuerzas Armadas", que se presionó políticamente a la empresa Abitab para que no se constituyera la garantía y que los enviados por el MDN para supervisar la construcción de las OPV fueron a hacer "tareas de inteligencia".

Díaz sostuvo que el fin de la interpelación "no puede ser enfocarse en poner a nadie en contra de las Fuerzas Armadas". "Son debates bastante laudados esos", sostuvo, y apuntó que "el centro de esta interpelación debería ser que logremos entender por qué se tomaron determinadas decisiones, cuáles fueron los controles que se aplicaron durante todo este proceso, qué controles fallaron".

"Ningún partido integrante de este Parlamento está cuestionando el rol de las Fuerzas Armadas en este país. Por el contrario, el objetivo de esta instancia debería ser justamente no enchastrar más no sólo a la Armada, sino a todas las fuerzas, porque pegándole a la Armada se enchastra a todas las Fuerzas Armadas de este país", sostuvo la senadora.

Luego aseguró que la administración anterior "siempre se encontró con el apoyo del FA" para la compra de las OPV. "No existe ningún debate sobre la pertinencia o no de contar con medios navales modernos en nuestras Fuerzas Armadas. Esta interpelación no tiene nada que ver con cuestionar la adquisición de patrulleras"; en cambio, lo que se cuestiona "es cómo se gestionó el proceso de compra", afirmó.

Díaz alertó de la gravedad de la acusación respecto de presuntas "tareas de inteligencia" realizadas por los capitanes de navío presentes en Vigo. "Grave no; lo que sigue", dijo, y señaló que "cuando se habla de que Uruguay mandó espías, el delito de espionaje se configura también ante la Justicia Militar". "Hay que ser muy irresponsable para hacer una acusación así", agregó.

La legisladora frenteamplista cuestionó los incumplimientos en torno a la constitución de la garantía de fiel cumplimiento establecida por el contrato. El plazo de "45 días se transformó en 11 meses; hubo siete intentos de garantía", recordó. Respecto de la supuesta presión política ejercida sobre Abitab, Díaz cuestionó que García no "haya mencionado el Banco de Seguros del Estado, presidido por el oficialismo" en ese entonces, que rechazó en dos oportunidades avalar la compra. "¿El Banco de Seguros habrá recibido presiones para no aceptar también? Es raro que no se haya mencionado", apuntó.

Bordaberry: la garantía "es sospechosa, sin duda"

"Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea". El senador colorado Pedro Bordaberry inició su intervención con una cita del Martín Fierro, a propósito de que, "con este asunto de Cardama, [a uno] le entra la preocupación del interés superior de Uruguay" y de que no termine en "juicios y condenas y pagos contra el país".

"En estas situaciones, más allá de las legítimas diferencias que todos podemos tener, y las visiones, siempre, al final del día, tenemos que ver cómo podemos asegurar que se minimicen los riesgos de erogaciones para el país", consideró Bordaberry. El senador señaló que el punto de partida es que "estamos todos de acuerdo en que el país necesita patrulleras oceánicas".

Sobre las diferencias respecto de la elección de Cardama, que "tenía mucha experiencia en construcción de buques", si bien no en OPV, ironizó: "Claro, a mí me gustaría tener un Tesla último modelo, de esos que se manejan solos, pero no puedo". "Tenemos que comprar lo que el país puede comprar. Nos hubiera gustado gastar 200 millones de dólares en las patrulleras chinas o 300 en las norteamericanas o las francesas, pero no los tenemos; tenemos 90 millones de dólares y lo que podemos gastar es eso", afirmó.

El senador consideró que el contrato para la construcción de las dos patrulleras "es un contrato bien hecho", en el que "participó un estudio jurídico de primera línea". Señaló que "la gran objeción" es "cómo se empezó a ejecutar la garantía", la cual consideró "un elemento fundamental", ya que "la aceptación de la garantía disparaba, al comienzo del contrato, el primer pago y, después, los plazos posteriores, los otros pagos".

Bordaberry reconoció que la garantía "es sospechosa, sin duda, nadie lo puede negar". Sin embargo, sostuvo que "el incumplimiento [del contrato] accesorio no permite la rescisión del [contrato] principal, y un contrato de garantía es siempre accesorio de un contrato principal".

Apuntó que el gobierno "pagó también en base a esa garantía", y agregó: "En realidad, todos dimos por válida -me incluyo-, en este y en el anterior gobierno, la garantía", señaló. "Cuando pagaste, si tenés una objeción de la garantía, también tendrías que revisarla", consideró, e insistió: "Somos todos responsables".

"Creo que el gran riesgo de esto es que, si se aceptó una garantía y se hicieron pagos, ahora estemos legitimados para decir que esa garantía, que aceptamos como país en el anterior gobierno y en este, tiene la envergadura suficiente como para justificar la rescisión del contrato", sostuvo Bordaberry. En ese sentido, señaló que "el desafío que hoy se tiene es el de tener que probar que la empresa fue partícipe directa de la constitución de una garantía fraudulenta", lo cual "es difícil", y si no se prueba, "termina en un juicio y una condena contra Uruguay".

El colorado consideró que el gobierno fue "derecho a los bifes" cuando en la conferencia de prensa anunció que había decidido iniciar acciones para rescindir el contrato. "Esto es muy grave, porque lo que nos puede decir Cardama es 'mire, yo ahora no puedo cumplir porque como me dijeron que me iban a rescindir el contrato, resulta que los proveedores me cortaron el crédito, y usted no me está actuando de buena fe y la culpa de que yo me atrase es suya'", afirmó.

"No estamos actuando con la cautela, creo yo, que hay que actuar como país. Tenemos una linda oportunidad de mostrarnos juntos defendiendo los intereses superiores de Uruguay y no peleándonos", finalizó.

Lazo: la oposición estaba más preocupada "por defender los intereses de un empresario"

Luego de un cuarto intermedio, la bancada de senadores del FA y Lazo brindaron una conferencia de prensa. El senador Daniel Caggiani señaló que, en virtud de la información que dio Lazo, no sólo quedaron satisfechos sino también preocupados "por todas las situaciones irregulares que se dieron en la tramitación de la adjudicación directa de una compra directa por parte de las anteriores autoridades".

Por eso, señaló, no descartan promover "alguna otra acción parlamentaria" que les permita "mejorar los niveles de información, transparencia y también de responsabilidad política de las autoridades anteriores". "En el entendido de que, para nosotros, este es uno de los mayores fraudes de la historia de Uruguay en materia de compras públicas con respecto a la Armada Nacional", sostuvo.

Por su parte, en la conferencia Lazo dijo que se fue de la sesión con un "grado de asombro importante," porque el objetivo de la interpelación tenía que ver con la rescisión del contrato, pero escuchó hablar "de un medio de prensa que se vendió [M24], de [Rocco] Morabito y de [Sebastián] Marset". Subrayó que "esto no es blanco o negro, como todo en la vida, lleva un proceso" que empezaron para la rescisión del contrato, una decisión que tomó el presidente Yamandú Orsi. "Parece que hay una preocupación sobre por qué la ministra no estaba en la foto el día de la conferencia de prensa. Este gobierno no gobierna para la foto, sino que toma decisiones en función de los intereses generales del Estado uruguayo", subrayó.

Lazo dijo que pensaba encontrar un Senado que estuviera en bloque "preocupado por el gran fraude que se le hizo al Estado uruguayo", pero encontró que hay una parte (por la oposición) que estaba "más preocupada por defender los intereses de un empresario" al que "en ningún momento" el oficialismo acusó. "Simplemente, denunciamos un hecho objetivo: la garantía de fiel cumplimiento no existía; en su lugar, encontramos una inmobiliaria. Entonces, me voy asombrada pero muy tranquila por los pasos que el gobierno está dando, encabezado por el señor presidente de la República, su equipo y el equipo del MDN, al que agradezco todo lo que ha trabajado sin otro interés que el general", finalizó.

García: "Un plan maquiavélico con un solo fin, político"

Por su parte, el senador García también brindó una conferencia de prensa -luego de Lazo- junto con la bancada de la oposición. Subrayó que en sala la ministra dijo "claramente que el contrato está vigente", y eso expresa que "el gobierno no tiene rumbo ninguno". Porque, ante una circunstancia "muy particular, donde está en juego la seguridad de los uruguayos, el control de nuestro mar, el cuidado de nuestras riquezas y los dineros públicos, el gobierno no tiene ni idea de qué va a hacer, porque se metió en un problema muy grave para los uruguayos".

"Dicen que hay un problema en la garantía y que estafaron la garantía, sin embargo, negocian con el estafador. ¿Cómo es que dicen que algo está mal y pagan más de 20 millones de dólares? No sólo pagaron 20, al final de la anterior administración, cuando se hizo el primer pago, el ministro de la época [Armando Castaingdebat] consultó a la que iba a ser la ministra de Defensa Nacional sobre el primer pago y, habiendo revisado el contrato y las garantías, no hizo objeción ninguna", sostuvo.

García dijo que el oficialismo, a partir de un "plan maquiavélico con un solo fin, político", no sólo denunció a la empresa (Cardama), sino que "le cortó la cadena de suministros, porque anunció al mundo que no le va a pagar", y luego "exige que lo provean de aquello que le dicen que no le va a pagar, una cosa insólita", finalizó.

Las intervenciones finales y el respaldo de la mayoría oficialista

En su intervención final en la sesión parlamentaria, García dijo que el gobierno está dando "manotazos de ahogado porque es "un gobierno que se va a pique, que se derrumba" y "no tiene agenda". Afirmó que "no hay dos dirigentes de gobierno que coincidan en lo que hay que hacer" respecto de Cardama. "No tienen ni idea de qué hacer, porque están jugando con la plata de los uruguayos. La garantía es la excusa", consideró, y agregó que la razón de la actitud del gobierno es "política": "Es el miedo que le tienen a Luis Lacalle Pou", sentenció.

Por su parte, Lazo sostuvo que "inferir que velar por los intereses de nuestro país es una operación política evidencia de manera flagrante la intención de desviar la atención de lo principal: un fraude contra el Estado". Y concluyó: "Esta administración no va a apartarse lo más mínimo de la tutela de los intereses de nuestra nación y sus recursos, y del pueblo uruguayo, que en definitiva, es el que paga".

A diferencia de la cámara baja, en donde el oficialismo no tiene mayoría y una interpelación puede terminar sin que ninguna declaración llegue a buen puerto, en la Cámara de Senadores el FA tiene mayoría, por lo tanto, cuenta con los votos para aprobar su moción.

El texto que presentó el oficialismo, que consiguió 17 votos en 31, declaró el respaldo a la ministra Lazo y "la conformidad sobre lo expresado en sala por parte de las autoridades del MDN, valorando su disposición a brindar información detallada, asumir responsabilidades institucionales y colaborar con total transparencia en el esclarecimiento de los hechos vinculados a las adquisiciones navales".

En la moción del FA también se declaró el apoyo al Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, "en las acciones emprendidas para la defensa del Estado uruguayo ante las presuntas maniobras fraudulentas en el proceso de adjudicación y ejecución del contrato de construcción de los buques OPV, destacando la importancia de preservar los intereses públicos y de avanzar con firmeza en todas las medidas jurídicas necesarias para proteger los intereses del país".

Además, los senadores del FA ratificaron "en todos sus términos" la declaración de la cámara alta del 19 de agosto de 2014, en especial lo referido "a la necesidad estratégica de que nuestro país cuente con los medios navales suficientes".

Por último, el FA señaló que la Cámara de Senadores "se reserva el derecho y responsabilidad de continuar investigando los hechos referidos a este proceso de compra directa con la empresa Cardama, a efectos de que dicho organismo pueda evaluar, conforme a sus atribuciones, la posible existencia de responsabilidades adicionales".

En tanto, la oposición presentó dos mociones y ninguna consiguió los votos suficientes para ser aprobada. Una de ellas no estaba relacionada con evaluar la interpelación en sí, sino que buscaba designar una "comisión especial integrada por cuatro senadores, dos por el oficialismo y dos por la oposición, que se incorpore como representación parlamentaria al equipo que negocia con la empresa Cardama, con el cometido de velar por el interés superior del Uruguay, defender la inversión realizada por el país y asegurar que dichas negociaciones no deriven en perjuicios patrimoniales para el Estado ni en eventuales reclamos o litigios judiciales en su contra" (en medio de la interpelación, durante un largo cuarto intermedio, la oposición intentó que el FA se acoplara a esta moción, pero las negociaciones no prosperaron).

A su vez, en la moción sobre la interpelación, la oposición declaró "totalmente insatisfactorias y peligrosas para la soberanía y el cuidado de nuestras riquezas y seguridad las respuestas dadas en sala". "Que, no obstante, habiendo afirmado la señora ministra que el contrato aún está vigente y no se rescindió, exhortamos a dejar de lado posiciones políticas menores que van contra el interés nacional y dejan libre al narcotráfico y al robo de nuestras riquezas el mar", se agregó.

Además, la oposición sostuvo que "hay que cuidar los recursos públicos y no perder, por la temeridad del gobierno, los dineros ya invertidos en la construcción de las OPV y el logro de cuidar nuestro mar". También, que "varias de las acciones llevadas adelante por la ministra de Defensa en estos meses son irregulares y merecen la evaluación jurídica pertinente".

Por último, la oposición aseguró que "la conducta del Poder Ejecutivo, las continuas y públicas contradicciones entre las manifestaciones" del presidente Orsi, el prosecretario de Presidencia (Jorge Díaz), el ministro de Economía (Gabriel Oddone), "sobre la rescisión del contrato", y las palabras de Lazo en la sesión, "ponen en riesgo el Patrimonio Nacional, por lo que se exhorta a que el gobierno sea cuidadoso en el manejo de la cosa pública".

Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS