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28.09.2026

MONTEVIDEO (Uypress) - El fiscal del caso concluyó que las expresiones del sindicato de profesores en el marco de la campaña contra la LUC se amparan en el derecho de la libertad de expresión, primando sobre el honor particular de los jerarcas y funcionarios públicos.

La Justicia penal uruguaya dispuso el archivo definitivo de la denuncia por difamación e injurias que el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, había presentado en diciembre de 2021 contra la cúpula de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes). La acción legal se originó tras una dura publicación en la red social X (antes Twitter) realizada por el sindicato docente durante la campaña por el "Sí" para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
En aquel posteo, Fenapes había manifestado: "Educación integral para que ningún soldado uruguayo se crea con el derecho de abusar y violar niñas. Repudio a la falta de medidas por parte del Estado y la complicidad del presidente. Anular la LUC para que el Ejército no tenga injerencia en la Educación Pública".
La publicación desató un fuerte cruce político en su momento. Mientras el entonces secretario de Estado rechazó de plano los dichos -argumentando que el sindicato agravió de forma genérica a miles de efectivos de las Fuerzas Armadas y que la libertad de expresión "tiene límites"-, los representantes gremiales defendieron sus afirmaciones en el contexto de los debates sobre el rol educativo y la coyuntura institucional.

Los argumentos de la Fiscalía

El pedido de archivo estuvo a cargo del fiscal penal de Flagrancia de 8° turno, Leonardo Morales, quien determinó que los comentarios emitidos por la entonces presidenta del gremio, Alejandra Vespa, y el secretario general, José Olivera, no configuran delito penal.
En su resolución, el fiscal fundamentó que las expresiones de Fenapes no encuadran en el delito de difamación, ya que este requiere la imputación de un hecho o condición específica y detallada, y no una crítica o valoración general. Respecto a la figura de la injuria, Morales señaló que el pronunciamiento sindical se dio en un momento en el que los medios de comunicación difundían causas judiciales de connotación pública sobre abusos sexuales vinculados a personal militar, como los casos registrados en el Liceo Militar de Tacuarembó, unidades castrenses en Salto y denuncias en torno a cascos azules en misiones internacionales.
Bajo estos parámetros, la Fiscalía descartó la existencia de "real malicia" -entendida como la conciencia de falsear información o un desinterés absoluto por la verdad- por parte de los denunciados. Asimismo, el dictamen recordó los estándares fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establecen que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio social y que el uso de la vía penal para proteger el honor puede constituir un mecanismo de censura indirecta.
Ante el dilema jurídico entre proteger el derecho al honor o garantizar la libre expresión en el debate público, el fiscal concluyó que debe prevalecer este último por tratarse de un interés general superior. 

Imagen: AdHoc fotos