UY Press - Agencia uruguaya de noticias

26.09.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Cada edil dispone de unos $262.000 mensuales para secretaría y puede sumar pases en comisión. Algunos admiten que hay designaciones por pedidos políticos.

La estructura de asesores de los 31 ediles de Montevideo quedó bajo la lupa: cada representante puede contar con hasta cinco secretarios pagos mediante una partida mensual de unos $262.000 y agregar hasta cuatro funcionarios públicos mediante pases en comisión. El resultado es que un edil puede llegar a disponer de nueve colaboradores, pese a que el cargo de edil es honorario, según informe de diario El Observador.

Un relevamiento del medio citado entre diez ediles de todos los partidos encontró estructuras que van desde cuatro hasta nueve asesores. Dos de los consultados tienen ocho colaboradores y uno llega al máximo de nueve. Después de descuentos impositivos, la partida para secretaría ronda los $190.000 mensuales. El dinero debe destinarse a remunerar a los contratados y los ediles deben presentar los correspondientes recibos.

Pero el punto más controvertido aparece en cómo se eligen los colaboradores y qué tareas realizan. La mitad de los ediles consultados reconoció que sus sectores políticos les sugirieron o directamente les impusieron al menos algún nombre. Algunos afirmaron haber seleccionado personalmente sólo a uno o dos integrantes de sus equipos mientras el resto fue definido por su agrupación.

También hay asesores que, aun figurando como colaboradores de un edil, desarrollan actividades para el sector político. Uno de los entrevistados reconoció precisamente esa situación. El edil de la Coalición Republicana, Guillermo Kruse, fue todavía más explícito: sostuvo que hay asesores que "no hacen nada" y señaló que aceptó dos pases en comisión por pedidos políticos, uno proveniente del Partido Nacional y otro del Partido Colorado. Según explicó, prácticamente no tendría tareas para asignarles. 

Los equipos no son homogéneos. Entre los diez casos relevados aparecen secretarios personales, abogados, contadores, responsables de comunicación, asesores territoriales, arquitectos y especialistas en otras áreas. Ocho ediles cuentan con abogado y otros ocho con contador. Los defensores del sistema argumentan que la Junta analiza un presupuesto departamental de alrededor de US$1.000 millones anuales, además de préstamos, exoneraciones, multas, cambios de categoría del suelo y expedientes que pueden alcanzar centenares de páginas.

La polémica adquirió mayor dimensión tras conocerse que Pablo Leiva, condenado por delitos vinculados al narcotráfico, cobraba $52.000 nominales como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez. Ese caso disparó preguntas sobre los criterios utilizados para seleccionar personal y los controles existentes sobre las contrataciones.

A la discusión se suma otra particularidad: aunque constitucionalmente los ediles no cobran salario, más de una decena recibe remuneraciones de los sectores políticos a los que pertenece. Además, cuentan con beneficios vinculados al ejercicio del cargo, entre ellos combustible y boletos de transporte.

El debate, por tanto, excede la cantidad de asesores: alcanza al uso de recursos públicos, la influencia de los partidos en las designaciones y los mecanismos existentes para verificar qué trabajo realiza efectivamente cada contratado.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS