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16.10.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Decenas de comités impulsan que el Congreso del Frente Amplio exija avanzar con el impuesto al 1% más rico, pese al rechazo del presidente y del equipo económico.

El VIII Congreso Ordinario del Frente Amplio, que comenzará este viernes 16 de octubre en el Palacio Peñarol, tendrá entre sus principales controversias el reclamo de numerosos comités de base para que el gobierno de Yamandú Orsi avance en la aplicación de un impuesto al 1% más rico de la población.

La iniciativa, promovida originalmente por el PIT-CNT y respaldada por sectores como los partidos Comunista y Socialista, vuelve así al centro de la discusión política del oficialismo, después de que tanto el presidente de la República como el ministro de Economía, Gabriel Oddone, expresaran su oposición a instrumentarla.

El planteo de las bases introduce una diferencia sustancial: ya no se trata únicamente de reclamar que el gobierno estudie una modificación tributaria, sino de establecer plazos concretos para que el Frente Amplio adopte definiciones y promueva medidas en esa dirección.

Un reclamo que llega desde los comités

Según informó El Observador, decenas de mociones presentadas por los comités de base reclaman avanzar en el corto plazo hacia una mayor tributación de los patrimonios más elevados.

Entre ellas figura la del comité La Vía, del Paso Molino, que propone que el Frente Amplio respalde expresamente la iniciativa del PIT-CNT y otras organizaciones sociales para incrementar los gravámenes patrimoniales al sector más rico de la población.

La propuesta incorpora, además, la instrumentación de un IVA personalizado, mecanismo destinado a introducir diferencias en la carga tributaria según las condiciones económicas de los consumidores.

Más específico fue el Comité 33 Orientales, del Centro de Montevideo, que planteó establecer un plazo máximo de 180 días para que la Comisión de Programa analice la iniciativa y otros seis meses para adoptar definiciones. La formulación busca impedir que la discusión quede indefinidamente abierta sin traducirse en resoluciones políticas.

También existen propuestas para revisar las exoneraciones impositivas y aplicar una sobretasa del 1% al Impuesto al Patrimonio. No obstante, estas mociones todavía no constituyen resoluciones del Frente Amplio. Deberán ser discutidas y eventualmente aprobadas por el Congreso, cuya decisión final determinará el alcance del pronunciamiento partidario.

La diferencia con el gobierno

La controversia pone de manifiesto una discrepancia entre parte de la estructura militante del Frente Amplio y la orientación tributaria del Poder Ejecutivo. El PIT-CNT ha sostenido que una mayor contribución de los patrimonios más elevados permitiría obtener recursos adicionales para enfrentar la pobreza infantil y otras desigualdades sociales.

Sus promotores argumentan que no se trata necesariamente de crear un tributo completamente nuevo, sino de modificar la imposición patrimonial existente para incrementar la contribución de quienes concentran mayor riqueza.

Desde el gobierno, en cambio, Orsi y Oddone han descartado avanzar con esa propuesta. El equipo económico ha defendido una estrategia que procura preservar la estabilidad fiscal, generar condiciones para la inversión y financiar las prioridades sociales dentro del marco presupuestal establecido.

La diferencia, por tanto, no se limita al diseño de un instrumento tributario. También comprende el papel que debe desempeñar la política fiscal en la redistribución de la riqueza y el margen de iniciativa que corresponde a la fuerza política respecto de su propio gobierno.

Un Congreso con más de mil propuestas

El encuentro frenteamplista se desarrollará entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre, bajo la consigna «El futuro se construye», y llevará el nombre de José «Pepe» Mujica. Según la información difundida por Uypress, los comités de base y sectores políticos presentaron más de mil aportes, modificaciones y mociones al documento de discusión aprobado por el Plenario Nacional el pasado 8 de agosto.

La participación comprenderá a miles de delegados y dirigentes de todo el país, que discutirán el balance político, la estrategia programática, la coyuntura internacional y el futuro de la organización.

Además de la política tributaria, entre las preocupaciones de las bases figuran el vínculo del Frente Amplio con las organizaciones sociales, la participación juvenil, el funcionamiento de los comités y la relación entre las decisiones del gobierno y los compromisos programáticos.

Algunas propuestas también cuestionan la eficacia de los mecanismos de diálogo con la ciudadanía y reclaman una mayor capacidad de incidencia de la militancia en las definiciones políticas.

La autonomía de la fuerza política, a prueba

Uno de los aspectos centrales del Congreso será cómo procesar las diferencias entre el Frente Amplio y el gobierno sin convertirlas en una confrontación institucional.

La discusión tiene antecedentes en la propia historia de la coalición de izquierda, que ha procurado mantener una identidad política y programática común entre organizaciones con posiciones ideológicas diferentes.

Pero gobernar introduce nuevas tensiones: las decisiones del Poder Ejecutivo están condicionadas por las restricciones fiscales, los acuerdos parlamentarios y la administración cotidiana del Estado, mientras que los organismos partidarios conservan la responsabilidad de debatir orientaciones estratégicas de más largo plazo.

En declaraciones recogidas por Caras y Caretas, la dirigente frenteamplista Sofía Beltrán señaló que las mociones deben procesarse mediante los mecanismos orgánicos y que el respaldo de una parte de la organización no implica su traslado automático a las decisiones gubernamentales. La dirigente defendió la discusión interna y reconoció que existen diferencias entre la fuerza política y el Poder Ejecutivo.

El debate sobre el impuesto al 1% más rico será, en consecuencia, una prueba concreta de esa relación. Una resolución favorable del Congreso representaría un pronunciamiento político de la principal autoridad partidaria, aunque no obligaría por sí misma al Poder Ejecutivo a presentar un proyecto de ley.

Entre las prioridades sociales y la política tributaria

La discusión se produce en momentos en que el gobierno busca destacar los avances de sus políticas sociales y la reducción de la pobreza. Para los sectores que respaldan el impuesto, esos resultados no eliminan la necesidad de introducir nuevas herramientas redistributivas, especialmente para atender situaciones de pobreza infantil y concentración patrimonial.

La cuestión que deberá resolver el Congreso es si corresponde transformar ese reclamo en una orientación explícita de la fuerza política y, en ese caso, con qué plazos y mecanismos. La respuesta tendrá consecuencias más allá del debate tributario.

También permitirá conocer hasta dónde el Frente Amplio está dispuesto a sostener posiciones programáticas propias cuando estas no coinciden con las decisiones de su gobierno.

Por ahora, el impuesto al 1% más rico continúa fuera de la agenda tributaria del Poder Ejecutivo. Pero las mociones de los comités de base han conseguido que vuelva a ocupar un lugar destacado en la discusión del oficialismo.

El Congreso tendrá la última palabra sobre la posición que adoptará la fuerza política.