Las compras de Javier García como Ministro de Defensa
06.11.2025
COLONIA (elecodigital) - Complicado hoy por la denuncia sobre el astillero Cardama, el ex Ministro de Defensa y hoy senador Javier Garcia salió al igual que su jefe Luis Lacalle, con una virulencia inusitada en el tema de los buques oceánicos.
Nadie lo dice, pero todo los sabemos, algo parece no oler bien en Dinamarca, y fue llamativo como el Partido Nacional -el resto de la oposición hizo silencio- salió a defender al astillero que contrataron por 80 millones de euros.
Es que la gestión de Javier García al frente del Ministerio de Defensa no fue buena, e incluso captaba muchas resistencias dentro de la propia jerarquía militar. Una búsqueda por las redes y los medios digitales nos permite reconocer una serie de temas en los que Javier García no tuvo un buen andar como ministro.
Mala asesoría en compras y gestión general
Los asesores de Javier García fallaron en la gestión de adquisiciones, lo que generó múltiples problemas y costos innecesarios. Esta crítica se enmarca en una serie de contratos fallidos durante su administración (2019-2023) y la de su sucesor Armando Castaingdebat, que incluyeron pérdidas millonarias, retrasos en entregas y sanciones internas por irregularidades, como se detalla en informes periodísticos que cuestionan la transparencia y eficiencia en la modernización de las Fuerzas Armadas.
Sanciones ilegítimas en compra de carne
Se pagaron casi un millón de pesos a trabajadores por una sanción injusta en una compra de carne equivalente a 8,4 millones de pesos, asumida por el Ministerio de Defensa Nacional. Este episodio forma parte de una investigación interna que reveló irregularidades en el manejo de fondos, incluyendo la desaparición de 35.000 kilos de carne pagados pero no ingresados a la Armada en 2022, lo que derivó en una denuncia judicial y cuestionamientos a la supervisión de compras bajo García.
Compra de aviones Tucano
Inversión de 100 millones de dólares para aviones que deberían haber entregado al menos dos unidades, pero no llegaron. Las negociaciones iniciadas por García en 2021-2022 buscaban 12 Super Tucano usados de Brasil por 40 millones de dólares, pero se concretó en julio de 2024 la compra de 6 unidades nuevas por 100 millones, con entregas desde 2025; el retraso inicial se debió a discrepancias en precios y capacidades, dejando a la Fuerza Aérea sin reemplazo inmediato para sus A-37 Dragonfly envejecidos.
Pagos irregulares en compensaciones salariales (2022)
Investigación interna de la Armada reveló pagos indebidos de compensaciones a funcionarios del área de material naval del Ministerio de Defensa. García ordenó la indagatoria tras denuncias del contralmirante Otto Gossweiler sobre "hechos con apariencia delictiva", que incluyeron compensaciones por tareas no realizadas (como hidrografía) a personal no calificado, afectando a decenas de millones de pesos anuales; esto derivó en sanciones a ocho oficiales, incluyendo al excomandante Carlos Abilleira (15 días de arresto a rigor).
Compra de medicamentos a precios inflados (2021)
Se adquirieron medicamentos a un costo superior al de mercado para su venta en cantinas militares al personal. Una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó compras por encima de referencias de mercado, ventas sin autorización del MSP (habilitación provisoria obtenida en agosto de 2021) y falta de controles de stock, exponiendo riesgos de desvíos de fondos y pagos duplicados; con ventas exclusivas a militares y familias sin transparencia.
Deficiencias en reparaciones (Comisión Cotec)
La comisión técnica de la Armada (Cotec) presentó enormes fallas en las reparaciones realizadas. Al inicio del gobierno de Lacalle Pou (2020), se alertó sobre irregularidades "graves" en Cotec, como inspecciones ficticias de buques, pagos "en negro" sin cobertura social y viáticos no justificados, involucrando a ocho oficiales (incluyendo al excomandante Abilleira); García impuso sanciones, pero el caso expuso un sistema obsoleto que subsidió empresas privadas en lugar de priorizar eficiencia.
Compras a la empresa Vertical Sky
La empresa ingresó como lobista a través de un custodio similar a Alejandro Astesiano, ganó varias licitaciones, vendió paquetes armamentísticos y estaba bajo investigación por dos senadores (Charles Carrera y Mario Bergara). Vertical Skies, liderada por militares retirados uruguayos, ganó licitaciones en Defensa (mochilas tácticas por 130.000 dólares) y UTE (dron por 749.000 dólares) en 2022, pero García tuvo que suspender los procesos tras chats revelando espionaje a Carrera y Bergara para presionar por la concesión portuaria a Katoen Natie; Astesiano recibió 1.500 dólares como "préstamo" y la firma cerró en 2022 amid investigaciones.
Compra de seis gomones defectuosos
Adquisición de seis gomones por 15 mil dólares cada uno, todos con fallas graves (hacían agua y no funcionan); se menciona como una "compra revolucionaria" con enormes defectos. La información disponible es limitada, pero se enmarca en críticas generales a compras navales defectuosas bajo García, que generaron investigaciones internas por irregularidades en validaciones técnicas.
Aviones Hércules no operativos
Compra de dos aviones por 22 millones de dólares, presentada por Javier García como un "ofertón", pero ambos quedaron inoperativos y abandonados. Adquiridos en 2020 por 21 millones de euros sin garantías ni revisiones previas, uno permanece en Portugal hace 15 meses en reparación (costo anual ~2 millones de dólares) y el otro en Chile por fallos; no se usaron en crisis como la del agua (2023) o incendios (2025), pese a promesas de multifuncionalidad, generando críticas por alto costo operativo (11.600 dólares/hora) y obsolescencia.
Compra de patrullas oceánicas a Cardama
Adquisición de dos patrullas por 90 millones de dólares; en 2024 la primera debería haber estado lista y la segunda por llegar, pero solo está completo el 30% de la construcción de la parte de acero y la garantía resultó falsa. El contrato, firmado en diciembre de 2023 por García, fue rescindido por el gobierno de Yamandú Orsi tras descubrirse que la garante (Eurocommerce) era una "empresa de papel" con dirección falsa y en liquidación, lo que generó una denuncia penal por estafa; Uruguay ya había pagado 30 millones de dólares, y el caso expuso fallos en la validación de garantías pese a advertencias del Banco Central.
Imagen: El Eco Digital Javier García (Foto archivo EL ECO)
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UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias