Maldonado: Fiscalía pide cárcel para tres expresidentes blancos de la Junta
12.11.2026
MALDONADO (Uypress) - Los exjerarcas del Partido Nacional están acusados de fraude y falsificación de documentos por una maniobra que habría desviado casi 1,5 millones de pesos de fondos públicos.
La Fiscalía de Maldonado solicitó penas de entre cuatro años y seis años y medio de prisión para tres expresidentes de la Junta Departamental, todos pertenecientes al Partido Nacional, acusados de participar en maniobras fraudulentas con fondos públicos mediante contrataciones por servicios que presuntamente nunca fueron realizados.
El fiscal Jorge Vaz, junto con su equipo, presentó la acusación contra José Luis Sánchez Olivera, Darwin Correa Costa y Alexandro Infante Caballero, quienes ocuparon sucesivamente la presidencia del legislativo departamental. La investigación apunta a un presunto desvío de 1.474.313 pesos mediante la presentación y autorización de facturas correspondientes a supuestos trabajos de mantenimiento en dependencias de la Junta Departamental.
Las penas solicitadas
La Fiscalía reclamó para José Luis Sánchez una condena de seis años y seis meses de penitenciaría, seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 unidades reajustables. Lo acusa como coautor de un delito continuado de fraude especialmente agravado, en concurso con falsificación ideológica por funcionario público.
Para Darwin Correa solicitó seis años de prisión, seis años de inhabilitación y una multa de 750 unidades reajustables. Le atribuye los mismos delitos, pero en calidad de autor.
En el caso de Alexandro Infante, el Ministerio Público pidió cuatro años de penitenciaría, cinco años de inhabilitación y una multa de 170 unidades reajustables. A Infante también se le atribuye un delito de abuso de funciones especialmente agravado.
Facturas por trabajos que no se realizaron
Según la investigación fiscal, la maniobra consistía en autorizar pagos por supuestos servicios de mantenimiento que no habrían sido ejecutados. Las facturas, cuyos montos oscilaban entre 115.000 y 175.000 pesos, eran emitidas a través de una empresa existente, aunque los servicios facturados no se habrían prestado.
El dinero terminaba depositado en una cuenta bancaria perteneciente a un hijo de Sánchez, quien posteriormente transfería los fondos a su padre. La investigación incluyó el análisis de movimientos bancarios, documentación administrativa y testimonios relacionados con las contrataciones.
La causa se inició a partir de denuncias sobre presuntas irregularidades en la administración de los recursos del organismo departamental. Ediles del Frente Amplio promovieron actuaciones que posteriormente llegaron a la Justicia.
Suspensión de los derechos partidarios
Los tres dirigentes fueron formalizados en setiembre de 2025. Tras conocerse aquella decisión judicial, el Directorio del Partido Nacional resolvió suspender inmediatamente sus derechos partidarios e impedirles ejercer representación política en nombre de la colectividad mientras se desarrollara el proceso penal.
La decisión fue anunciada mediante un comunicado en el que el partido manifestó su compromiso con la legalidad y el respeto a las instituciones.
El proceso judicial continúa
La presentación de la acusación constituye una nueva etapa del procedimiento penal, pero no implica que los tres exjerarcas hayan sido condenados. La Justicia deberá examinar las pruebas y los argumentos de las partes antes de determinar las eventuales responsabilidades penales.
El caso vuelve a colocar bajo examen los mecanismos de contratación, autorización de gastos y control administrativo de la Junta Departamental de Maldonado.
De prosperar la acusación, los tres exjerarcas podrían enfrentar penas de penitenciaría, multas económicas e inhabilitaciones para ocupar cargos públicos. Hasta que exista una sentencia firme, mantienen la presunción de inocencia.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
