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11.06.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- La comisión investigadora de Diputados sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) concluyó sin consensos: el oficialismo reivindicó la compra realizada, la coalición pidió intervención de Fiscalía y Cabildo Abierto tomó distancia de ambas posturas.

Según reseña La Diaria, se votaron tres resoluciones, todas en minoría. La del Frente Amplio (FA) fue aprobada solo por sus diputados que integran la comisión (cinco votos en 11), la de la coalición fue apoyada también por el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle y obtuvo el mismo resultado (cinco de 11), mientras que el representante de Cabildo Abierto Álvaro Perrone quedó en solitario: presentó una moción que solo fue votada por él. Ahora resta que el plenario de Diputados trate los informes; la idea que manejan los parlamentarios es que sea a fines de junio, antes de que entre la Rendición de Cuentas, o luego de que se trate ese proyecto.

La moción del FA dice que "de la tarea realizada en la comisión en los tres meses de plazo asignado por el plenario de la Cámara de Representantes no surge elemento objetivo que permita sostener la existencia de irregularidad, ilicitud, desviación de poder, falta de competencia, ausencia de motivación, perjuicio patrimonial o apartamiento del interés público en la adquisición de los padrones que integran la estancia María Dolores por parte del INC".

El oficialismo agrega que la compra "aparece jurídicamente ajustada, técnicamente fundada, financieramente respaldada y estratégicamente alineada con los cometidos del INC". A su vez, señalan que "las observaciones y cuestionamientos formulados no logran desvirtuar la regularidad del procedimiento ni acreditar la existencia de una irregularidad administrativa jurídicamente relevante". "El trabajo realizado por la comisión demuestra que la decisión de la compra de María Dolores constituye un ejemplo de utilización de las herramientas legales del Estado para atender necesidades productivas concretas, responder a reclamos históricos del sector y contribuir al desarrollo económico y social del Uruguay profundo", finaliza el FA.

En cambio, la moción de resolución de la coalición y de Salle señala que durante el desarrollo de la investigación "surgieron elementos de convicción suficientes que permiten presumir la existencia de actuaciones contrarias a disposiciones de la Constitución de la República, de la legislación vigente y de la normativa reglamentaria aplicable, particularmente en materia de integración y funcionamiento de órganos públicos, adopción de decisiones administrativas, conflictos de interés, deberes funcionales y administración del patrimonio estatal, extremos que ameritan la intervención de los órganos competentes, de los que podrían derivar responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales, cuya determinación corresponde a los órganos competentes".

Se agrega que de la investigación también "surge la violación al artículo 190 de la Constitución, en virtud de que la motivación del acto administrativo por el cual se decidió comprar la Estancia María Dolores fue la realización de un homenaje político al entonces recién fallecido expresidente José Mujica". Además, en la moción sostienen que también surge la violación del artículo 200 de la carta magna, por parte del expresidente del INC Eduardo Viera y de la actual directora Karina Henderson, "en virtud de que poseían la calidad de colono al momento de su nombramiento, y que a pesar de que Henderson renunció a su calidad de cotitular, mantiene un conflicto de interés, en virtud de que su accionar puede repercutir en un beneficio económico directo para su familia".

Por lo tanto, la moción de la coalición y de Salle resuelve remitir a la Fiscalía General de la Nación y demás órganos competentes "todas las actuaciones correspondientes" de la comisión, y le solicita al Poder Ejecutivo "que cese a los miembros del referido directorio que votaron afirmativamente dicha compra considerada irregular".

Perrone: "No se detectaron elementos de corrupción o faltas administrativas"

En tanto, la moción presentada por Perrone dice que rechazan la compra "por la oportunidad de la inversión" y hacen un "llamado al gobierno a priorizar el presupuesto nacional en temas sensibles". Agrega que "no se detectaron elementos de corrupción o faltas administrativas" y que la investigadora "se transformó, en cuanto a su proceder, y se enfocó en los procesos de la unidad productiva, dejando de lado la búsqueda de irregularidades".

"Hacemos un llamado al buen uso de la herramienta comisión investigadora y que la misma no sea utilizada como estrado político. Quedaron actuaciones sin esclarecer por falta de respuesta en tiempo por parte de la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública], no significando que las mismas no sean tratadas en el futuro", se agrega en la moción de Perrone.

Por último, el diputado cabildante señaló que consultó "en varias oportunidades del proceso de trabajo de la comisión si se entendía que había nuevos elementos para enviar a la Justicia, y no habiendo recibido respuesta positiva", da por "concluida" su participación en el tema.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS