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11.09.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- El presidente Yamandú Orsi aceptó discutir la habilitación de los allanamientos nocturnos que le hiciera Álvaro Delgado. El oficialismo podría exigir garantías y limitar su aplicación a delitos graves para alcanzar un acuerdo.

El presidente Yamandú Orsi abrió la puerta a volver a discutir la habilitación de los allanamientos nocturnos, una propuesta que el Frente Amplio rechazó durante la campaña electoral de 2024 y que ahora el Partido Nacional pretende transformar en un acuerdo de todo el sistema político.

Según informó diario El País, el cambio comenzó a tomar forma después de la reunión que Orsi mantuvo el miércoles con el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, en Torre Ejecutiva, quien propuso que sea la propia Presidencia la que convoque una comisión multipartidaria para elaborar un texto común que permita realizar allanamientos nocturnos en hogares bajo determinadas circunstancias. La intención nacionalista es utilizar el mecanismo de una ley constitucional, obtener los dos tercios de votos de la Asamblea General y posteriormente someterla a plebiscito.

La respuesta de Orsi conocida este jueves supone una modificación relevante respecto de la posición que sostuvo el Frente Amplio hace dos años: "Yo no me niego a analizar nada que pueda contribuir, porque los tiempos cambian, el crimen, el delito ha cambiado", afirmó el mandatario, en declaraciones a Telemundo (canal 12).

Orsi agregó que nunca cierra "la puerta al diálogo" y señaló que el planteo de Delgado puede convertirse precisamente en uno de los asuntos a discutir colectivamente entre las fuerzas políticas.

Delgado quiere que Orsi lidere el acuerdo

La propuesta nacionalista tiene una particularidad política: Delgado no pretende que el Partido Nacional vuelva simplemente a impulsar su propia reforma constitucional. Le pidió a Orsi que Presidencia asuma el liderazgo de la negociación.

El dirigente blanco argumentó que los allanamientos nocturnos son necesarios para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado y sostuvo que tanto la Policía como la Fiscalía necesitan nuevas herramientas.

Delgado afirmó que desde el plebiscito de 2024 la situación de seguridad cambió "para peor", y utilizó ese deterioro como argumento para volver a someter el asunto a consideración, según consigna diario El Observador.

La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, también ha defendido públicamente la habilitación de los allanamientos nocturnos y en julio volvió a reclamar esa herramienta durante una comparecencia parlamentaria en la que alertó sobre el avance del narcotráfico y el crimen organizado.

El FA había rechazado la reforma

El eventual acuerdo obligaría al Frente Amplio a revisar una posición adoptada formalmente en 2024. Antes del plebiscito de aquel año, la fuerza política resolvió no acompañar la reforma constitucional. Consideró que se presentaba a los allanamientos nocturnos como una suerte de solución mágica contra el narcotráfico y advirtió sobre el riesgo de desproteger los hogares.

Pero aquella resolución contenía un matiz que ahora adquiere especial importancia. El FA reconocía que el instrumento podía discutirse para determinados delitos graves y mencionaba expresamente narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, trata de personas, explotación sexual de menores y secuestros. También planteaba que una eventual utilización debía estar rodeada de requisitos judiciales y policiales específicos.

Es justamente por esa rendija por donde podría construirse ahora un acuerdo.

¿Qué podría pedir el Frente Amplio a cambio?

La principal contrapartida probablemente no sería partidaria sino jurídica y política: que la habilitación no sea genérica, sino estrictamente reglamentada y reservada para investigaciones de delitos graves.

El propio documento del Frente Amplio de 2024 planteaba tres asuntos que debían resolverse antes de aceptar la herramienta: para qué delitos utilizarla, qué garantías judiciales y policiales establecer y bajo qué política criminal autorizarla.

Ese antecedente permite imaginar una negociación en la que el FA acepte modificar el artículo 11 de la Constitución, pero reclame posteriormente una ley reglamentaria particularmente restrictiva.

Juez, fiscal y garantías reforzadas

Durante la discusión de 2024, sectores vinculados al actual oficialismo plantearon que un eventual allanamiento nocturno debería estar precedido por tareas de inteligencia y contar con controles judiciales y fiscales especialmente rigurosos.

La preocupación frenteamplista nunca estuvo exclusivamente en la existencia del instrumento, sino en cómo, cuándo y contra quién podría utilizarse.

Incluso Jorge Díaz había reconocido, en En Perspectiva, originalmente que los allanamientos nocturnos podían constituir "un instrumento más", aunque finalmente rechazó la reforma sometida a plebiscito porque consideró equivocada la forma en que había sido planteada. 

Orsi también sostuvo durante la campaña que, en lugar de limitar la discusión a los allanamientos, había que avanzar simultáneamente contra el lavado de activos, es decir, atacar no solamente los puntos de venta de drogas sino también las estructuras financieras del narcotráfico. Ese elemento podría reaparecer ahora en una negociación más amplia sobre crimen organizado.

Un plebiscito que fracasó en 2024

El obstáculo político no es menor. La ciudadanía ya fue convocada a pronunciarse sobre el asunto en octubre de 2024 y la reforma no alcanzó la mayoría necesaria: obtuvo aproximadamente 39,9% de los votos.

Por eso sectores del Frente Amplio rechazaron todavía en julio de este año la intención nacionalista de reabrir la discusión. El diputado Sebastián Valdomir calificó entonces la propuesta de "oportunista" y señaló la contradicción que suponía volver a promover una reforma que había sido rechazada por la ciudadanía menos de dos años antes.

La declaración de Orsi de este jueves modifica el escenario. El presidente no dice que vaya a respaldar la reforma. Pero tampoco utiliza el rechazo popular de 2024 para clausurar la discusión. Su argumento es otro: el delito cambió y, por lo tanto, las herramientas también pueden volver a analizarse.

Una oportunidad de acuerdo entre gobierno y oposición

Hay además una dimensión política que trasciende los allanamientos. La reunión entre Orsi y Delgado ocurrió después de semanas de fuertes enfrentamientos entre el gobierno y el Partido Nacional, particularmente por el caso Cardama. El propio Delgado había postergado anteriormente el encuentro porque entendía que no existía clima político después de que dirigentes frenteamplistas involucraran al expresidente Luis Lacalle Pou en la controversia.

Ahora ambos parecen intentar reconstruir un espacio de diálogo. Orsi dijo que la reunión dejó abierta la posibilidad de mantener intercambios bilaterales o colectivos y mencionó expresamente la propuesta de Delgado sobre allanamientos como ejemplo de un asunto que podría discutirse entre todos los partidos.

La diferencia respecto de 2024 es sustancial. Entonces, la reforma fue impulsada por la coalición encabezada por el Partido Nacional y enfrentada políticamente por el Frente Amplio en plena campaña electoral. Ahora Delgado propone que la iniciativa deje de pertenecer a un bloque y pase a ser construida desde Presidencia como un acuerdo de Estado.

Para el Partido Nacional, eso permitiría alcanzar los dos tercios parlamentarios que necesita la reforma. Para Orsi, podría significar incorporar una nueva herramienta de seguridad sin asumir el proyecto que rechazó el FA en 2024 y condicionándolo a garantías más estrictas y a una estrategia más amplia contra el crimen organizado.

No hay todavía un pacto ni una moneda de cambio confirmada. Pero sí existe algo que hasta hace pocos meses parecía improbable: el presidente frenteamplista está dispuesto a sentarse a negociar una reforma sobre allanamientos nocturnos promovida por Álvaro Delgado. Y esa negociación recién empieza. 

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS