UY Press - Agencia uruguaya de noticias

24.10.2025

MONTEVIDEO (Uypress)- El presidente Yamandú Orsi anunció que el gobierno iniciará acciones para rescindir el contrato firmado en 2023 con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas, al detectarse “fuertes indicios de estafa o fraude al Estado uruguayo”, además de indagar si hubo complicidad de funcionarios públicos en las irregularidades, según afirmó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, entrevistado por En Perspectiva.

El mandatario detalló que el lunes firmó la resolución para rescindir el contrato y ejecutar la garantía, equivalente al 5% del monto total del acuerdo sellado durante la administración de Luis Lacalle Pou.

"Es por eso que instruimos al embajador uruguayo en Reino Unido para que se presentara ante las oficinas de la empresa que oficiaba como garantía. Y de lo surgido de esa instrucción, hemos decidido hacer denuncia ante la Justicia, en su fase civil y también penal, porque hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo".

El convenio con el Ministerio de Defensa establece la construcción de dos buques de patrulla oceánica por unos 82 millones de euros -cerca de 90 millones de dólares-, a pagarse por etapas según los avances de obra. Cardama debía presentar una garantía 45 días de la suscripción del acuerdo pero pidió prórrogas durante casi un año durante el cual fue presentando varias posibilidades de garantía que fueron rechazadas por el Banco Central porque no cumplían con los requisitos.

Finalmente, la empresa presentó como aval a Eurocommerce, con sede en el Reino Unido, que entregó un documento fuera de plazo, en inglés, sin apostilla ni acreditación de representación, según fue advertido en su momento por el Estudio Delpiazzo, contratado por las autoridades para controlar la documentación, se recordó anoche. La garantía debía cubrir 42 meses, pero el gobierno anterior aceptó que fuera solo por uno año, aunque debía renovarse un mes antes del vencimiento. Al cumplirse ese plazo, el 22 de setiembre, el Ministerio de Defensa no recibió información de que la garantía hubiese sido renovada. 

Al comienzo de esta semana, al acercarse el vencimiento del aval, el presidente resolvió que se ejecutara la garantía e instruyó al embajador uruguayo en Londres que se notificara a la firma responsable del aval.

El embajador de Uruguay en Londres, Luis Bermúdez, se constituyó en el domicilio declarado por Eurocommerce donde constató que no funcionaba esa firma sino una inmobiliaria. 

Un informe elaborado luego por un estudio jurídico británico, a pedido del gobierno, confirmó luego que la empresa está en proceso de liquidación por inactividad, que tuvo un solo empleado, en 2022, y que cuenta con un único director, de nacionalidad rusa. Según el prosecretario Jorge Díaz, "todo indica que se trata de una empresa de papel". Además, sostuvo que el mecanismo de pagos utilizado -a través de una cuenta en euros del Banco República y un banco en Madrid- "no es el habitual en la administración pública".

"Ante esta situación, el presidente de la República resolvió iniciar el proceso de rescisión de contrato por incumplimiento de las obligaciones de constitución de garantía de fiel cumplimiento a Cardama. Ese proceso se inicia en los tribunales nacionales, porque no es una diferencia de tipo técnico sino jurídico. Además, se pasarán los antecedentes a la investigación administrativa en curso en el Ministerio de Defensa Nacional; se dispondrá que el Ministerio de Economía y Finanzas y el BROU inicien sendas investigaciones administrativas respecto de los procedimientos de pago realizados hasta la fecha; se formulará la denuncia penal correspondiente y se instruirá a nuestro embajador plenipotenciario en el Reino Unido a examinar las acciones legales sugeridas por el estudio inglés".

Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, calificó los hechos como "muy graves" y dijo que se investigará si hubo responsabilidades de funcionarios públicos. Recordó que el Estado ya transfirió cerca de 30 millones de dólares y que equipos de la Armada trabajan en España para verificar los avances de los trabajos.

Los buques, de 86 metros de eslora y 1.700 toneladas de desplazamiento, estaban destinados a tareas de patrullaje, control y rescate en aguas oceánicas. Cardama preveía entregar el primero en 2026.

Por su parte, la empresa Cardama, en respuesta a la controversia generada tras el anuncio del gobierno sobre la situación de su garantía, aseguró que el aval requerido fue efectivamente renovado dentro de los plazos estipulados en el contrato. La firma enfatizó que ese trámite se cumplió el 26 de setiembre pero reconoció que la documentación no llegó al Ministerio de Defensa (MDN) debido a un error administrativo interno.

En su descargo, Mario Cardama, dueño del astillero, explicó en diálogo con El Observador que la razón por la cual el MDN no contaba con el aval actualizado fue simplemente un "despiste" por parte de la empresa, un olvido involuntario en el envío de la documentación. 

Además, manifestó su sorpresa, alegando que no habían sido notificados formalmente por las autoridades sobre la situación, y que se enteraron de la controversia y la postura del gobierno a través de la prensa. "No entiendo por qué nadie me avisó nada, podrían habérmelo dicho", planteó. 

Ante la solicitud de El Observador de acceder al aval, Cardama se excusó y declinó entregar una copia.

Cardama afirmó que la construcción está "siguiendo el curso normal", ejemplificó que en enero recibirá los motores por parte de Caterpillar, que a diario envía correos electrónicos a la ministra Sandra Lazo y recordó que también cuenta con una segunda garantía de 8 millones de euros del Deutsche Bank.,

Foto: Presidencia