Patentes: intendentes admiten el enojo ciudadano, pero defienden la recaudación

21.11.2026

MONTEVIDEO (Uypress)-Los gobiernos departamentales mantendrán los valores de 2026 pese a la caída del precio de los vehículos. La decisión desató críticas y enfrentamientos políticos.

 

La decisión del Congreso de Intendentes de mantener en 2027 los importes de las patentes de rodados correspondientes a 2026 continúa generando controversias políticas y malestar entre los contribuyentes. Varios jefes departamentales salieron a defender la resolución, aunque reconocieron que existen razones para el descontento ciudadano.

El conflicto se originó cuando las intendencias resolvieron congelar los importes para los vehículos a combustión, pese a que el valor de mercado de los automóviles disminuyó y el dólar registró una caída, dos factores que deberían incidir en el cálculo del tributo. Paralelamente, se decidió aumentar la alícuota aplicable a los vehículos eléctricos cero kilómetro de mayor valor.

«Queremos recaudar», reconoció un intendente

El intendente de Flores, Diego Irazábal, admitió que la resolución no representa la solución ideal y reconoció que los ciudadanos tienen motivos para sentirse perjudicados. En declaraciones al programa En Clave País, sostuvo que el problema trasciende la discusión sobre las patentes y está relacionado con el financiamiento de los gobiernos departamentales.

Irazábal defendió la necesidad de recaudar para sostener los servicios públicos, pero también consideró imprescindible revisar la estructura tributaria y los costos del Estado. El jerarca sostuvo que el sistema político mantiene una deuda con la población por haber construido, durante décadas, una estructura estatal cuyo sostenimiento representa una carga importante para los contribuyentes.

También cuestionó a legisladores que critican las decisiones tributarias sin explicar cómo financiarían los servicios departamentales ante una eventual reducción de ingresos.

Una batalla que los intendentes consideran perdida

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, también defendió la resolución y cuestionó a dirigentes de su propio partido que criticaron públicamente la medida. Olivera afirmó que existe un distanciamiento entre algunos legisladores y las responsabilidades concretas de quienes administran los gobiernos departamentales.

Según explicó, las intendencias deben responder diariamente a demandas relacionadas con vivienda, empleo, infraestructura y servicios, para lo cual necesitan recursos permanentes. El jefe comunal reconoció que la discusión sobre las patentes constituye una batalla políticamente difícil, porque los contribuyentes siempre aspiran a pagar menos.

Sin embargo, argumentó que mantener los importes sin aplicar el ajuste inflacionario previsto, cercano al 4,5%, representa una reducción del impuesto en términos reales. Esa interpretación no elimina el cuestionamiento central: si el valor de los vehículos disminuyó, los propietarios esperaban que la patente también bajara en términos nominales.

La controversia divide al Partido Nacional

Las diferencias adquirieron especial intensidad dentro del Partido Nacional, que gobierna 14 intendencias, incluida una bajo el lema Coalición Republicana. El senador Sebastián Da Silva y el diputado Sebastián Andújar cuestionaron la decisión y reclamaron mayor diálogo entre los gobiernos departamentales y los representantes parlamentarios.

Andújar sostuvo que los importes actuales representan una carga excesiva para numerosas familias y consideró necesario revisar el sistema de cálculo. Por su parte, el presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, defendió la resolución al señalar que la patente constituye uno de los principales ingresos propios de las intendencias, especialmente en el interior.

El vicepresidente del organismo e intendente de Canelones, Francisco Legniani, aseguró que mantener los valores implicará resignar recursos. En su departamento, estimó una reducción de ingresos de aproximadamente 4,5 millones de dólares respecto de lo que se habría recaudado con otros ajustes.

El problema de fondo sigue pendiente

La controversia vuelve a colocar en discusión el funcionamiento del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), vigente desde 2012, y la dependencia financiera de las intendencias respecto de este tributo.

Mientras los gobiernos departamentales argumentan que necesitan recursos para financiar obras y servicios, los contribuyentes cuestionan que la disminución del valor de sus vehículos no se refleje en una reducción equivalente del impuesto.

La discusión plantea un problema que excede la patente: cómo financiar los gobiernos departamentales sin trasladar permanentemente sus necesidades presupuestales a los propietarios de vehículos.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

Política
2026-11-21T10:17:00

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias