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18.08.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto, Diputados se encamina a aprobar el proyecto en general. El oficialismo defendió el aumento de recursos para infancia, seguridad y educación como expresión de "justicia social", mientras la Coalición Republicana advirtió sobre proyecciones económicas "excesivamente optimistas" y fragilidad fiscal.

Este lunes empezó a votarse el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el primero de la actual administración, en el plenario de la Cámara de Diputados. Como se sabe, la iniciativa será aprobada en general con los votos del Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA), mientras que Identidad Soberana (IS) y la Coalición Republicana (CR) -Partido Nacional (PN), Partido Colorado (PC) y Partido Independiente (PI)- votarán en contra. Según informó La Diaria a partir del martes, la cámara baja tratará los 351 artículos del proyecto, en el marco de la discusión en particular.

La diputada frenteamplista Sylvia Ibarguren leyó el informe en mayoría a favor de la iniciativa. Señaló que, a 17 meses de haber asumido el gobierno, el país enfrenta "un escenario internacional y regional signado por una profunda inestabilidad", caracterizado por conflictos bélicos y sanciones unilaterales que generan "tensiones macroeconómicas" de las que Uruguay no es ajeno.

Sin embargo, indicó que el Poder Ejecutivo optó por "una política de estricta responsabilidad fiscal sin relegar por eso el compromiso asumido ante la ciudadanía de impulsar el crecimiento económico, disminuyendo las desigualdades y fortaleciendo la matriz de protección social". Subrayó que la norma "complementa y potencia" el presupuesto al canalizar recursos en cuatro pilares que conforman un "consenso ético y político".

"Entendemos que los consensos discursivos demandan ser ratificados con acciones, y esta Rendición de Cuentas constituye una oportunidad para hacerlo, además de un instrumento jurídico e institucional indispensable para materializarlo. Por eso, es necesario convocar a todas las bancadas a ponderar con sentido de Estado la urgencia de estas medidas", dijo.

Ibarguren dijo que la aprobación del proyecto implica, a su vez, ratificar "la eficiencia del gasto público que tanto se reclama", ya que propone reasignar partidas de "erogaciones prescindibles hacia áreas donde la necesidad es apremiante". Además, afirmó que el proyecto "trasciende el balance del primer año de gestión" y contiene más de 350 artículos que atienden "urgencias heterogéneas pero interconectadas".

"El proyecto mantiene la misma concepción que orientó al presupuesto nacional que fue refrendado por casi todo el sistema político y se asienta sobre tres pilares: la negociación mediante el diálogo institucional con todos los actores que manifestaron voluntad de alcanzar acuerdos con la bancada de gobierno, una trayectoria fiscal orientada a la sostenibilidad y al mantenimiento del equilibrio en las cuentas públicas y, fundamentalmente, la profundización de la vocación redistributiva de esta administración con énfasis en la justicia social y la reducción de las desigualdades estructurales persistentes", resumió Ibarguren.

La diputada afirmó que el gobierno decidió "intervenir decididamente en las demandas sociales" y llamó a no interpretar las reasignaciones como "medidas coyunturales", sino como "parte de una perspectiva de política de Estado". La legisladora dijo que, de aprobarse, el proyecto consolida medidas para el "bienestar general" de la población y llamó al cuerpo a acompañarla "ratificando el principio supremo de que el interés nacional trasciende cualquier división partidaria".

Los pilares del proyecto de ley

Ibarguren sostuvo que el financiamiento de los cambios previstos en materia de protección social, seguridad y educación "se sustenta principalmente en las reasignaciones".

Por un lado, el rediseño de las políticas de transferencia se financia "mediante la revisión del gasto tributario y de una reestimación de los ingresos fiscales". Una parte relevante surge "de la racionalización del gasto", lo que incluye la "reducción de vacantes", la "optimización de los gastos de funcionamiento" y la "disminución de las partidas destinadas a misiones oficiales y de protocolo".

La Rendición de Cuentas crea la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que "representa el cambio más significativo del sistema de transferencia de Uruguay en las últimas dos décadas" y que busca "integrar y fortalecer las prestaciones, simplificar el acceso, ampliar la cobertura y aumentar los montos", destacó la legisladora. Sostuvo que la reforma tiene un alcance que "trasciende la pobreza extrema", ya que las prestaciones que serán integradas "alcanzarán aproximadamente al 55% de los niños del país".

Por otro lado, se prevén 193 millones anuales para el Ministerio de Desarrollo Social para fortalecer la atención de las personas en situación de calle y 50 millones para el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), con el objetivo de reforzar "la respuesta ante situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, el acogimiento familiar y la mejora en la infraestructura en los centros de atención directa".

En lo que respecta a la seguridad, el proyecto establece una redistribución de los recursos para impulsar el despliegue del Plan Nacional de Seguridad Pública, con 1.180 millones adicionales enfocados en sus ejes estratégicos.

"Uno de los principales hitos de este proyecto es la creación de 300 cargos de policía ejecutivo, junto con las partidas necesarias para la adquisición de uniformes y equipamiento de protección", indicó la diputada del FA. Asimismo, se prevé la "renovación y ampliación" de la flota automotriz, la adquisición de 12 comisarías móviles, la compra de servicios informáticos y la renovación del arrendamiento del sistema ShotSpotter, entre otros. También destacó la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), lo que permitirá, por ejemplo, "fortalecer su rol técnico y programático frente a la histórica concentración de recursos en el componente custodial" o darle mayor ejecutividad a la toma de decisiones.

En el plano de la educación, señaló el incremento de recursos por unos 407 millones de pesos para 2027. Del total, 300 millones corresponden a la Administración Nacional de Educación Pública, 100 millones corresponden a la Universidad de la República y el resto estará destinado a la Universidad del Trabajo, para "financiar el preacuerdo salarial con sus funcionarios". La iniciativa incorpora la propuesta para la exoneración del IVA para los costos directos de la construcción de las cooperativas de vivienda, que comprende los materiales y servicios derivados. "Constituye uno de los 63 compromisos del gobierno y se enmarca en una agenda más amplia de fortalecer el sistema cooperativo de vivienda", precisó la legisladora.

Auersperg: "Cuando miramos el conjunto de la rendición, discrepamos profundamente"

La encargada de exponer el informe en minoría por la CR fue la diputada del PN Fernanda Auersperg. Comenzó señalando que, en esta instancia, el gobierno "ya no puede hablarnos de lo que piensa hacer", sino que "toca rendir cuentas de lo que hizo". "Cuando miramos el conjunto de la rendición, discrepamos profundamente", subrayó.

Recordó que, durante la discusión del presupuesto, la CR advirtió sobre "problemas que hoy la propia realidad confirma: advertimos sobre proyecciones excesivamente optimistas, advertimos sobre el aumento del gasto, advertimos sobre la fragilidad fiscal" y "sobre decisiones que podían afectar derechos y garantías de los ciudadanos", enumeró Auersperg.

Señaló que esta rendición confirma "el excesivo optimismo" de las proyecciones macroeconómicas realizadas por el gobierno en la elaboración del presupuesto, y agregó que lo mismo sucede con las proyecciones contenidas en la actual rendición. Afirmó que "matemáticamente no tenemos chance" de que el crecimiento de la economía uruguaya sea el que proyecta el gobierno, de 1,6%, cuando la media de expectativas de los analistas se sitúa en 1,2%. Al mismo tiempo, las proyecciones contenidas en la rendición "obligan a mirar con preocupación el escenario económico: para 2026 se proyecta menor crecimiento, menor creación de empleo, mayor inflación y un crecimiento más reducido del salario real", remarcó Auersperg.

Más allá de estos cuestionamientos, Auersperg mencionó que de los 365 artículos que se incluyeron en el proyecto original, 194 fueron aprobados con votos de la coalición, y destacó que la oposición "analizó cada artículo con foco en los derechos de la gente". Recordó que votaron en comisión -y lo harán en el plenario- los recursos para infancia, seguridad, educación y situación de calle, porque comparten las prioridades establecidas en la rendición.

Si bien afirmó que la CR acompaña el nuevo régimen de transferencias monetarias para la infancia, dijo que no se puede "generar la expectativa de que esta medida por sí sola logrará reducir en un 25% la pobreza infantil", y que no se debería "presentar una contribución parcial como si fuera una solución estructural". "Sin crecimiento, sin inversión, sin empleo formal y sin mejores ingresos laborales no hay transferencia capaz de suplir indefinidamente la falta de oportunidades", señaló, y reclamó un "enfoque multidimensional para combatir la pobreza en la infancia".

Además, Auersperg recordó que la coalición se opone a que solo el 20% de las transferencias queden sujetas a condicionalidad, y acotó que la justificación que apunta a la "reducción del estigma no es de recibo para nosotros". Mencionó que estudios realizados durante el Diálogo Social "identificaron una valoración positiva de los propios beneficiarios sobre las condicionalidades". También indicó que, si toda la prestación puede pagarse con efectivo, no se puede hacer "el seguimiento" de que el gasto se realice siguiendo los objetivos de la política.

Conrado Rodríguez: "La mayoría de las políticas ha sido totalmente deficitaria"

El encargado de abrir el debate en el plenario fue el diputado del PC Conrado Rodríguez, que cuestionó los sustentos económicos del proyecto. En primer lugar, Rodríguez abordó la dimensión económica del proyecto, sobre la cual "entendemos que no podemos acompañar este proyecto de ley de Rendición de Cuentas", afirmó.

El diputado consideró que los ingresos proyectados para sostener los incrementos para la asistencia a la infancia reflejan "inconsistencias". Por ejemplo, cuestionó la previsión de recaudación -del orden de los 16 millones de dólares- en recursos provenientes de la modificación a la exoneración tributaria de los vehículos eléctricos. "¿Cómo se sabe de antemano que se va a recaudar eso si no se sabe cuál va a ser el comportamiento de los consumidores a la hora de la compra de los vehículos?", planteó.

Rodríguez sostuvo que el acompañamiento de la CR a más de la mitad de los artículos no quita que "hay artículos que son muy graves", que solicitarán que sean desglosados. Entre ellos, se refirió a las modificaciones introducidas a la ley de medios, en particular a las condiciones para la revocación de licencias de radio y televisión. Por otro lado, en cuanto a la descentralización del INR, señaló que hay "cuestiones que no se pueden llevar", como que se adjudiquen "superpoderes para el presidente y el directorio".

El diputado del PI, Gerardo Sotelo, sucedió a Rodríguez en el uso de la palabra y cuestionó la reducción de vacantes en el Estado. "Este mecanismo puede hacer que los números de la rendición cierren, pero no sirven para ordenar el Estado", consideró Sotelo, y apuntó que, "mientras que por un lado se reducen capacidades, por otro se crean personas jurídicas y agencias nuevas". El diputado sostuvo que algunas de las nuevas agencias "son necesarias" y serán acompañadas. Sin embargo, "del proyecto en general no surge que el problema que se quiere resolver requiere inevitablemente que el Estado aumente sus instituciones".

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS