UY Press - Agencia uruguaya de noticias

06.02.2026

MONTEVIDEO (Uypress) - El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) tras conocerse el fallo del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo (TCA) sobre el decreto del gobierno Lacalle, entregándole el movimiento de contenedores a la empresa belga Katoen Natie, con un titular de "¡Teníamos razón!" aprobó una resolución que reivindica su postura histórica contra el monopolio.

Aunque el gobierno y Katoen Natie celebraron que el TCA validó la legalidad general del contrato, el SUPRA se aferró a la anulación de la cláusula 3.5.4 del decreto 114/2021, que impedía que el Estado autorizara una segunda terminal especializada de contenedores a menos que Katoen Natie (TCP) superara el 85% de ocupación durante dos años consecutivos.

El sindicato resolvió declarar que la anulación de esta cláusula confirma lo que ellos denunciaron desde 2021: que el acuerdo original instauraba un monopolio privado ilegal y contrario a la libre competencia que marca la Ley de Puertos.

En su comunicado, el sindicato reafirmó que el acuerdo (ahora parcialmente corregido por la justicia) ya ha generado daños irreversibles que ellos venían advirtiendo:

Retiro de líneas navieras.

Debilitamiento de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Pérdida de puestos de trabajo (especialmente vinculados a la empresa Montecon, que perdió la prioridad).

Más allá del fallo jurídico, el SUPRA resolvió mantener el estado de alerta y conflicto.

Denuncian una situación de "precariedad laboral" que afecta a unos 500 trabajadores (tercerizados o eventuales), agravada por los cambios operativos que trajo el acuerdo.

Están exigiendo un piso mínimo de 13 jornales asegurados mensuales para estos trabajadores, argumentando que las empresas están "repartiendo la miseria" al ampliar plantillas sin garantizar ingresos dignos.

Mientras el Gobierno anterior lo ve como una victoria legal, el sindicato portuario resolvió comunicarlo como una victoria moral y jurídica parcial, usándolo como prueba de que el "cerrojo" monopólico que combatieron era ilegítimo, y mantienen la lucha por la estabilidad laboral de los afectados.