Soriano: Intendencia bajo sospecha, taller que cobró US$ 1millón funciona en campo del edil Bruno, suplente de Besozzi
13.09.2026
SORIANO (Uypress)- Frente Amplio y colorados cuestionan que el PN frenara una auditoría: El taller que le cobró U$S 1 millón a la Intendencia funciona en un predio de Raúl Bruno, suplente de Besozzi, quien niega vínculos.
Una contratación millonaria de talleres privados abrió un nuevo frente político en la Intendencia de Soriano. Según informa diario El Observador, el Frente Amplio pretende que el Tribunal de Cuentas investigue los gastos realizados para reparar la flota municipal, mientras el Partido Colorado también reclama explicaciones y cuestiona que la mayoría nacionalista haya impedido hasta ahora que la solicitud de auditoría avanzara.
El dato que aumentó las sospechas de la oposición es que uno de los talleres que habría facturado cerca de US$ 1 millón a la comuna funciona en un predio propiedad de Raúl Bruno, edil del Partido Nacional, coordinador de la bancada blanca en la Junta Departamental y suplente del intendente Guillermo Besozzi.
Bruno llegó además a ejercer interinamente como intendente de Soriano durante una licencia de Besozzi. El dirigente nacionalista reconoce que el campo es suyo, pero rechaza cualquier relación comercial con el taller. Asegura que el inmueble está arrendado a un productor rural y que no conoce al responsable del establecimiento mecánico.
US$ 5 millones en reparaciones
La investigación política comenzó por el volumen de recursos destinados por la Intendencia a reparaciones realizadas fuera de sus propios talleres.
Según la información presentada por el Frente Amplio, entre enero de 2021 y febrero de 2026 la comuna habría destinado alrededor de US$ 5 millones a 38 talleres privados para reparar vehículos municipales. Dentro de ese conjunto sobresale un taller que habría recibido aproximadamente US$ 1 millón.
Los ediles opositores también detectaron situaciones que consideran llamativas en la frecuencia de las reparaciones. De acuerdo con el coordinador de la bancada frenteamplista, Damián Alonso, un mismo vehículo municipal habría ingresado 22 veces a un taller durante 2025.
El FA pretende que el Tribunal de Cuentas revise las contrataciones, los procedimientos administrativos, las facturas y la relación entre las reparaciones realizadas y los pagos efectuados.
El taller y el campo de Bruno
El caso adquirió otra dimensión cuando se estableció que el taller que habría recibido cerca de US$ 1 millón desarrolla su actividad en un establecimiento rural perteneciente a Bruno, quién explicó que el predio está arrendado y sostuvo que no mantiene vínculo alguno con el mecánico que desarrolla allí su actividad. Según su versión, el contrato de arrendamiento es con un productor y desconoce la relación entre este y el responsable del taller.
El Frente Amplio considera, sin embargo, que la situación merece ser investigada. Alonso afirmó que existen "demasiadas coincidencias" y señaló que su bancada está buscando asesoramiento jurídico para determinar si corresponde realizar otras actuaciones además de solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas.
Hasta el momento, la información conocida no prueba que Bruno haya participado de las contrataciones ni que haya obtenido un beneficio económico de ellas. La controversia se centra en la coincidencia entre la propiedad del inmueble, su condición de dirigente del oficialismo departamental y el volumen de contratación del taller que allí funciona.
El Partido Nacional frenó la auditoría
La polémica creció por lo ocurrido en la Junta Departamental. El Frente Amplio presentó una iniciativa para solicitar al Tribunal de Cuentas que examinara aspectos de la gestión administrativa y financiera de la Intendencia. Sin embargo, los 16 votos del Partido Nacional impidieron que el planteo fuera tratado.
Bruno presentó una moción de orden argumentando que la solicitud tenía un problema formal porque había sido firmada por diez ediles titulares y un suplente que, según su interpretación, no estaba habilitado para hacerlo.
El FA rechaza ese argumento y sostiene que la petición podía ser presentada incluso por un solo edil. La bancada frenteamplista anunció que insistirá con la propuesta.
Los colorados se suman a los cuestionamientos
La novedad política es que el reclamo ya no queda limitado al Frente Amplio. El edil colorado Santiago Fiorelli reconoció que la situación "nos hace ruido a todos" y adelantó que los cuatro representantes colorados probablemente acompañarán el pedido para que intervenga el Tribunal de Cuentas.
Eso modifica el escenario dentro de la Junta y aumenta la presión sobre el oficialismo departamental. El debate ya no gira únicamente alrededor de si existieron irregularidades -algo que todavía deberá demostrarse-, sino sobre una pregunta más inmediata: por qué impedir que el organismo constitucional encargado de controlar el uso de los recursos públicos examine las contrataciones.
El episodio suma así un nuevo foco de controversia sobre la administración de Guillermo Besozzi. Por ahora existen indicios y coincidencias que la oposición considera suficientes para reclamar una investigación, pero no una constatación de irregularidades.
Precisamente por eso, FA y colorados concentran ahora su presión en un objetivo concreto: abrir las cuentas de los talleres al Tribunal de Cuentas y determinar cómo se gastaron unos US$ 5 millones de dinero departamental.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
