TCA: Fracasa acuerdo en el Senado y asumirá por antigüedad una jueza cuestionada
25.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress) - Oficialismo y oposición no lograron acordar una designación antes del plazo constitucional. María del Carmen Díaz accederá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo por antigüedad, pese a los reparos que habían impedido su llegada en dos oportunidades.
La negociación entre el Frente Amplio y los partidos de la oposición para cubrir una vacante en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) terminó sin acuerdo. Vencido el plazo constitucional de 90 días, el cargo será ocupado automáticamente por la ministra de Apelaciones María del Carmen Díaz, cuya eventual designación había generado resistencias en el Parlamento.
La situación expone las dificultades del sistema político para alcanzar acuerdos sobre la integración de los principales organismos judiciales y de contralor del Estado.
La vacante se produjo el 25 de julio, cuando el ministro Ángel Cal cesó en sus funciones al cumplir 70 años, la edad máxima establecida constitucionalmente para permanecer en el cargo. Desde entonces, oficialismo y oposición disponían de 90 días para acordar una designación mediante la Asamblea General. El plazo venció sin que se alcanzaran las mayorías necesarias.
Una designación que se produce por antigüedad
El artículo 250 de la Constitución establece que, cuando la Asamblea General no consigue designar a un integrante del TCA dentro del plazo previsto, la vacante se cubre mediante el ingreso del magistrado con mayor antigüedad en los tribunales de apelaciones.
En esta oportunidad, corresponde asumir a María del Carmen Díaz, integrante del Tribunal de Apelaciones de Familia de primer turno. La particularidad es que su nombre había sido motivo de preocupación en anteriores negociaciones parlamentarias.
Según informó la diaria, los acuerdos que permitieron designar este año a Álvaro França en la Suprema Corte de Justicia y a Edgardo Ettlin en el TCA tuvieron entre sus objetivos evitar que Díaz accediera automáticamente a alguna de esas vacantes.
La magistrada ha sido cuestionada por determinadas posiciones jurídicas, entre ellas la validación del denominado síndrome de alienación parental, un concepto controvertido en el ámbito de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Esos antecedentes habían generado reparos sobre su eventual incorporación a los máximos organismos judiciales.
El enfrentamiento entre García y Caggiani
Las negociaciones para cubrir la nueva vacante se desarrollaban en paralelo a las conversaciones sobre la renovación de la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y la designación de un fiscal de Corte. Sin embargo, las diferencias entre el senador nacionalista Javier García y el frenteamplista Daniel Caggiani terminaron agravando las dificultades para alcanzar un acuerdo.
La controversia se profundizó cuando trascendieron versiones sobre una eventual decisión del Frente Amplio de retirar de la negociación la sustitución de la actual fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. Caggiani negó categóricamente esa información y sostuvo que el oficialismo mantiene su intención de discutir una designación definitiva para la Fiscalía General.
También acusó a García de obstaculizar las conversaciones mediante la difusión pública de aspectos de las negociaciones. Por su parte, el legislador nacionalista cuestionó las posiciones del Frente Amplio y las dificultades para establecer un entendimiento sobre el conjunto de los cargos pendientes.
Una negociación que terminó perjudicando a todos
El fracaso adquiere especial significado porque oficialismo y oposición habían coincidido anteriormente en la conveniencia de evitar que las vacantes judiciales se cubrieran automáticamente.
El mecanismo constitucional de antigüedad garantiza que los tribunales puedan integrarse aun cuando el sistema político no alcance acuerdos, pero no necesariamente conduce a la designación de los candidatos que reúnen mayores consensos parlamentarios.
En este caso, la falta de entendimiento produjo precisamente el resultado que distintos sectores habían intentado evitar. La discusión también deja abiertas las negociaciones sobre la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Corte, organismos cuya integración requiere acuerdos políticos amplios.
Las consecuencias del desacuerdo
El episodio pone de manifiesto las dificultades de coordinación entre el gobierno y la oposición en un Parlamento donde el Frente Amplio no dispone por sí solo de las mayorías especiales necesarias para realizar determinadas designaciones.
También plantea interrogantes sobre la conveniencia de vincular múltiples nombramientos institucionales en una única negociación política. Cuando uno de esos acuerdos se bloquea, las consecuencias pueden extenderse a organismos que cumplen funciones diferentes.
El resultado es una paradoja institucional: los partidos que habían coincidido en impedir una determinada designación terminaron facilitándola por su incapacidad para alcanzar un nuevo acuerdo.
La Constitución resolvió la vacante que el sistema político no consiguió cubrir. Pero la crisis de negociación permanece abierta.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
