UY Press - Agencia uruguaya de noticias

19.04.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- El Tribunal de Cuentas de la República volvió a poner la lupa sobre un procedimiento del Estado y el foco recayó en el Ministerio de Ambiente del período anterior, en el marco de un ambicioso proyecto de adaptación al cambio climático en la costa uruguaya, según informa el portal Crónicas del Este.

La resolución, adoptada el 25 de setiembre de 2024, no deja lugar a interpretaciones suaves: el organismo observó el procedimiento y la contratación proyectada, ordenando además la devolución de los antecedentes.
El proyecto en cuestión no es menor. Se trata de una iniciativa financiada a través del programa EUROCLIMA+, con fondos provenientes de la cooperación internacional, que busca preparar al país frente a los efectos del cambio climático en zonas especialmente vulnerables como la costa del Río de la Plata y el océano Atlántico. La subvención, que asciende a casi 500 mil euros, fue otorgada a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, con la participación de distintos organismos estatales y el respaldo de la cooperación española y la Unión Europea.

En ese marco, el Ministerio de Ambiente impulsó la firma de un convenio con la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, una institución con antecedentes de trabajo en Uruguay, particularmente en el desarrollo de estudios y transferencia de conocimiento vinculados a la adaptación costera. El acuerdo preveía el pago de 180 mil euros por servicios de asistencia técnica, incluyendo la elaboración de metodologías, evaluación de proyectos y asesoramiento en zonas críticas del litoral uruguayo.

Sin embargo, el punto crítico no está en los objetivos del proyecto ni en la trayectoria de la institución contratada, sino en el procedimiento elegido. El Ministerio de Ambiente optó por una contratación directa, amparándose en causales de excepción previstas en la normativa vigente, argumentando la experiencia específica del instituto y la supuesta escasez de oferentes con capacidades similares.

Y es ahí donde el Tribunal de Cuentas traza una línea roja. En su análisis, concluye que no se fundamentó adecuadamente ninguna de las causales de excepción invocadas para evitar un procedimiento competitivo. Es decir, no se justificó por qué no se realizó un llamado abierto que permitiera la concurrencia de otras instituciones o consultoras que eventualmente pudieran prestar el mismo servicio.

La observación no es un detalle técnico menor: implica que el procedimiento administrativo no cumplió con los estándares de transparencia y competencia que exige la normativa. En términos prácticos, el Tribunal no cuestiona necesariamente el fondo del proyecto, pero sí la forma en que se pretendió llevar adelante la contratación.

El caso vuelve a instalar una discusión recurrente en la administración pública uruguaya: el uso -y abuso- de las excepciones al régimen de compras estatales. Bajo el argumento de la urgencia, la especialización o la falta de oferentes, no son pocos los organismos que eligen caminos más rápidos, pero también más opacos, para concretar contrataciones millonarias.

Aquí, además, hay un componente adicional: se trata de fondos internacionales destinados a políticas ambientales estratégicas. Es decir, recursos que no solo deben ser ejecutados con eficiencia, sino también con el máximo rigor en términos de control y transparencia.

Mientras tanto, el proyecto -que abarca departamentos clave como Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Colonia y San José- queda envuelto en una observación que obliga a revisar los pasos dados. La advertencia del Tribunal es clara: sin fundamentos sólidos, no hay excepción válida.  Y en un país donde la institucionalidad suele ser exhibida como un activo, cada observación de este tipo no solo señala un error administrativo, sino que también deja al descubierto una práctica que, lejos de ser excepcional, parece cada vez más habitual.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS