UY Press - Agencia uruguaya de noticias

31.01.2026

MONTEVIDEO (Uypress/Esteban Valenti)- Alguien me preguntó si no me cansaba de investigar y de escribir sobre CardamaGate. Es imposible, la catarata interminable de porquerías, de participantes en el fraude más grande de la historia del Estado y de las Fuerzas Armadas de Uruguay, te impulsa, te asquea, te obliga a escribir. Es lo mínimo que puedo hacer.

No es solo una estafa, es una agresión a todo el pueblo uruguayo, a sus instituciones y a la imagen de Uruguay en el mundo. Y además el cobro de las "comisiones" correspondientes.

Espero que el gobierno, la fiscalía, la justicia uruguaya esté a la altura de esta estafa planificada con alevosía, nocturnidad  y descampado, esta afrenta, por autoridades nacionales del anterior gobierno al más alto nivel, por mandos militares traidores a las FF.AA. y a su país, por empresarios cómplices en Uruguay y por un varadero en seria crisis en España utilizados para este negociado por cómplices uruguayos. Estos le pusieron mucho entusiasmo desde el principio a la estafa, por la construcción de las dos patrulleras oceánicas, que tanto necesita el Uruguay.

El caso de la garantía de EuroCommerce, una empresa inexistente, que debía conseguir un aval por el 5% del total del contrato (86.400.000 euros) equivalente a 4.100.000 euros y que necesitó once meses, que junto con sus socios políticos militares uruguayos, violó todas las normas del contrato original y que finalmente nos trató de estafar dos veces, con el primer aval, y con el segundo copia trucha del primero, hasta la firma. Trucha era hasta la firma del notario español que certificó el documento. Le falsificaron la firma. Todo eso es muy conocido, pero hay una nueva pata de la estafa que ha pasado bastante bajo palio.

El seguro de la empresa Redbridge con el papel protagónico de su gerenta general en Uruguay, Alejandra de Freitas que tuvo un rol comercial central en el affaire Cardamagate.

Alejandra de Freitas es, efectivamente, la Gerente / Representante en Uruguay de Redbridge Insurance Company, la firma que proporcionó la garantía "alternativa" para que el negocio de las OPV siguiera adelante cuando la banca estatal se retiró.

El Banco de Seguros del Estado (BSE), presidido por el Dr. Amorín Batlle (Partido Colorado) se negó a conceder el aval a Cardama porque consideraba que el astillero no tenía solvencia suficiente.

Ante el rechazo de la banca oficial, el varadero español recurrió a Redbridge para conseguir las pólizas de caución y reaseguro necesarias para firmar el contrato de los dos buques OPV.

Lo "anormal" o atípico no es que Redbridge emita garantías, sino la escala y el tipo de riesgo asumido en comparación con su perfil habitual.  Redbridge es conocida por asegurar salud o riesgos comerciales estándar. Pasar a garantizar una operación de defensa militar e industria naval por casi 100 millones de dólares (cuando el propio Banco de Seguros del Estado se retiró por considerarlo "de alto riesgo") fue visto por expertos como una jugada muy audaz para el tamaño de respaldo patrimonial que la empresa mostraba.

Normalmente, una garantía de este nivel la da un banco "Grado de Inversión" (como el BBVA, Santander, etc.) o una aseguradora estatal. Que la diera una firma con sede en Barbados (offshore), especializada en salud y reaseguros de nicho, fue lo que encendió las alarmas y tendría que haber  que alertado al gobierno anterior, porque tenían acceso a toda la información sobre Redbridget.

Normalmente, Redbridge se dedica a administrar seguros de salud internacional, vida y reaseguros para empresas medianas. Su intervención en una megacompra de buques de guerra como garante principal ante un Estado fue una operación excepcional y fuera de su estándar habitual de negocios en el país.

Es un punto crucial. La gran debilidad financiera de la operación no era solo que el varadero (Cardama) no tuviera plata, sino que su garante (Redbridge) era una estructura demasiado chica y especializada en "salud" como para soportar un riesgo militar de esta escala.

Redbridge Insurance Company era insuficiente para lo que Uruguay necesitaba.  Su Calificación de Riesgo: "B++" (No es Grado de Inversión), la agencia calificadora internacional AM Best (especializada en seguros) le otorga a Redbridge una calificación de fortaleza financiera de B++ (Good).  Es una nota "buena", pero está dos escalones por debajo de la categoría "A" (Excelente) que suelen exigir los Estados para garantías soberanas.

Para que tengas una referencia, el Banco de Seguros del Estado (BSE) o bancos internacionales de primera línea (que rechazaron el negocio) operan con estándares mucho más altos. Aceptar una "B++" para una compra militar es bajar la vara de seguridad financiera muy abajo.

Aunque Redbridge no publica sus balances abiertos al detalle en Uruguay, los informes de AM Best la describen sistemáticamente como una compañía de "perfil de negocio limitado" y tamaño pequeño.  En sus reportes de mejora de capital, AM Best destaca aportes de capital de 1 o 2 millones de dólares como hitos importantes para fortalecer su balance.

¿Si inyecciones de 1 millón de dólares son significativas para su patrimonio, ¿cómo podría esa misma empresa pagarle 30 millones de dólares de golpe a Uruguay si el negocio fallaba?

La garantía comprometida (aprox. USD 30M) representaba un porcentaje demasiado alto de su propia capacidad patrimonial. Si Uruguay ejecutaba la garantía, probablemente quebraba la solvencia de la aseguradora o la dejaba en una situación crítica.

Esos datos elementales que las autoridades civiles y militares de la época (Gobierno de Luis Lacalle Pou) conocían perfectamente o debían conocer antes de firmar un seguro con Redbridget.

Uruguay aceptó un garante que:

1. Tenía una nota (B++) inferior a la deseable.
2. Tenía un patrimonio chico para el tamaño del cheque que debía cubrir. El actual es de 30 millones de dólares, que son los pagos realizados por Uruguay.
3. Y, para colmo, entregó un documento ("Términos y Condiciones") que legalmente no obligaba al pago automático.

El aval de EuroCommerce resultó ser "de papel" (una empresa fantasma ya disuelta en Reino Unido), pero la razón por la que se recurrió a Redbridge no fue para reforzar esa misma garantía, sino para cubrir un riesgo distinto y más crítico: el dinero en efectivo.

El contrato estatal (y el TOCAF) exige dos tipos de seguros diferentes. No se puede usar uno para cubrir al otro. EuroCommerce (La "Multa"), cubría la Garantía de Fiel Cumplimiento.

 Si Cardama no entregaba los barcos, debía pagar una "multa" al Estado (el 5% del contrato, unos 4 millones de euros).

Redbridge (El "Efectivo"), cubría la Garantía de Reembolso de Anticipo. Esta es la más delicada. El Estado tenía que transferirle millones de euros a Cardama antes de empezar, para comprar materiales. Si Cardama se iba con la plata, Uruguay perdía dinero real.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) nunca hubiera debido liberar el pago inicial sin un seguro específico que prometiera devolver ese dinero ("Reembolso",) si no se recibía la patrullera oceánica.  Como el BSE se negó, Redbridge apareció para cubrir ese hueco específico: asegurar que si todo fallaba, devolverían los 28 millones de euros del adelanto. Esto implica en este affaire, también al Ministerio de Economía y Finanzas y su titular Azucena Arbeleche.

En resumen: Se usó a Redbridge porque sin ese documento específico de "Reembolso", no había forma legal de transferirle el primer pago al astillero.

El documento clave (la Póliza/Nota de Cobertura) tuvo que ser emitido "a contrarreloj" para permitir la firma del contrato. Específicamente, los documentos se validaron para la firma del contrato principal que ocurrió el 15 de diciembre de 2024. La garantía de Redbridge entró en vigencia simultáneamente para habilitar el primer desembolso.

Uruguay le transfirió a Cardama 28.770.000 Euros , al cambio de la fecha, esto representaba aproximadamente 31 o 32 millones de dólares. El primer pago se realizó el 21 de diciembre del 2024. Es un dato fundamental porque cambia la gravedad del asunto, el Estado uruguayo desembolsó el dinero un año después de firmar, y a sabiendas de las dificultades que ya tenía el astillero para conseguir avales.

El contrato se firmó en diciembre de 2023, pero el dinero no salió ahí (porque Cardama no conseguía quien lo asegurara). El primer desembolso se liberó recién a mediados de diciembre de 2024 y esto ocurrió después de que el gobierno (Ministerio de Defensa y Economía) aceptara finalmente las garantías de Redbridge y EuroCommerce en octubre/noviembre de 2024, destrabando el pago.

El primer pago concreto (el que se transfirió en dic-2024) fue de € 8.225.000 (aprox. 8,5 millones de dólares), este monto correspondía al 10% del contrato (pago inicial a la firma).

De dónde salen los 28 millones de euros que es la cifra que el Estado reclama hoy o que se maneja como "monto en riesgo". Puede referirse a la suma de ese primer pago más otros hitos que se intentaron pagar o, lo más probable, al monto total de la Garantía de Reembolso que emitió Redbridge. La garantía de Redbridge se emitió por un valor cercano a los 28 millones de euros porque su función era cubrir no solo el primer cheque, sino los adelantos acumulados previstos para la primera etapa de la obra (motores, acero, etc.).

Esta demora de un año (de dic-23 a dic-24) es justamente la prueba de que el sistema financiero no confiaba en Cardama y fue el gobierno de Lacalle quien empujó para que el pago saliera igual.

El pago fue una operación "relámpago",: el contrato se firmó el 15 de diciembre, se avalaron las garantías y, apenas una semana después (justo antes del cierre del año fiscal y las fiestas), el Ministerio de Defensa y Economía liberaron el dinero. A pocas semanas de que cambiará el gobierno nacional, el 1 de marzo del 2025. No hay un solo detalle que no indique actitudes totalmente fraudulentas.

Según la información más reciente de enero de 2026, la negativa de Redbridge a pagar ya es un hecho confirmado por sus propios abogados ante las autoridades uruguayas.

No es solo que se nieguen a pagar, además cambiaron la naturaleza del documento.  Los representantes legales de Redbridge Insurance Company le confirmaron al Ministerio de Defensa (ahora bajo la nueva administración) que el documento que entregaron en su momento "no constituye una póliza de seguro" ni una garantía de ejecución automática. Sostienen que lo que firmaron y entregaron es solamente un documento de "Términos y Condiciones" (Terms and Conditions).

Esto significa que, legalmente, ellos dicen que solo dieron un "aviso de que estaban dispuestos a asegurar" bajo ciertas condiciones que (según ellos) no se cumplieron, y por tanto la póliza nunca nació formalmente.

Basado en esa respuesta de la empresa, el Ministerio de Defensa ha concluido oficialmente que Cardama nunca constituyó la garantía.  Ya no esperan que Redbridge pague voluntariamente. El gobierno considera que el Estado quedó en una situación de "indefensión absoluta" porque el documento aceptado por la administración anterior (Javier García/Fabián Martínez) era papel mojado.

El reclamo ahora no es solo contra Cardama, sino que el Estado analiza demandar para recuperar los 28 millones de euros adelantados, aunque asumen que Redbridge peleará en tribunales alegando que ese papel no los obliga a pagar.

La estafa tiene todas sus componentes injustificables ante la justicia civil y penal, el varadero Cardama, EuroCommerce y Redbridge. Es imposible que las autoridades del gobierno anterior no conocieran esta situación. No solo tiene apariencia estridente de estafa, sino que es una burla a todas las instituciones nacionales. Todo realizado bajo el gobierno del Presidente Luis Lacalle Pou y del Ministro de Defensa Javier García. 

Nota: En próxima nota le pondremos nombres propios a todas las responsabilidades.