UY Press - Agencia uruguaya de noticias

16.09.2026

MONTEVIDEO (Uypress) - Pequeñas localidades siguen sin acceso cercano a combustibles y super gas. El mercado no encuentra rentabilidad, pero el sobrecosto termina pagándolo la gente.

Hay un Uruguay en el que comprar combustible no consiste simplemente en llegar hasta una estación de servicio. Hay que salir del pueblo, recorrer kilómetros, cargar nafta o gasoil y volver. Y cuando lo que falta es super gas, el problema puede ser todavía más cotidiano: conseguir una garrafa para cocinar, calentar agua o calefaccionarse obliga a depender de recorridos de distribución, trasladarse hasta otra localidad o pagar los costos adicionales que provoca la distancia.

Es una desigualdad silenciosa entre los uruguayos. El litro de combustible puede tener un precio regulado, pero abastecerse no cuesta lo mismo para quien tiene una estación a cinco cuadras que para quien debe recorrer decenas de kilómetros para llegar hasta ella.

El segundo consumidor paga el mismo combustible y, además, el combustible necesario para ir a buscarlo. Paga tiempo, desgaste del vehículo y distancia.

En el caso del supergás sucede algo semejante. Aunque el producto tenga un precio máximo determinado por el Poder Ejecutivo, la distribución hasta pequeñas poblaciones supone costos logísticos y una disponibilidad que no siempre es equivalente a la existente en los grandes centros urbanos.

La propia regulación reconoce que la cobertura territorial constituye un problema. URSEA determina localidades donde las distribuidoras de GLP tienen obligaciones de abastecimiento y en 2026 actualizó esa nómina utilizando los datos del Censo 2023. Algunas deben ser atendidas por todas las distribuidoras y otras son asignadas a determinadas empresas para asegurar su cobertura. 

La existencia misma de esas obligaciones demuestra algo elemental: si el abastecimiento dependiera exclusivamente de la rentabilidad comercial, determinados lugares podrían quedar insuficientemente atendidos.

Cuando el mercado no llega

ANCAP reconoció formalmente ese problema hace años. En 2019 presentó las llamadas Estaciones de Cercanía, un modelo modular concebido específicamente para pequeñas localidades del interior donde existía necesidad de combustible pero no suficiente rentabilidad para justificar una estación convencional.

La explicación oficial fue particularmente clara: el proyecto estaba pensado para consumidores de automóviles y motocicletas que debían "recorrer grandes distancias para abastecerse".

No era una hipótesis. Era el reconocimiento por parte del Estado de que el sistema tradicional de estaciones de servicio dejaba vacíos territoriales.

La primera experiencia se instaló en Termas del Arapey. En 2022 se inauguró otra en Isidoro Noblía, Cerro Largo. Allí ANCAP volvió a explicar que se trataba de atender pequeñas localidades que necesitaban combustible pero donde "no existen incentivos de rentabilidad para la instalación de una estación convencional".

DUCSA continuó posteriormente desarrollando estaciones modulares. En 2024 informó acuerdos para avanzar en nuevas instalaciones en Ecilda Paullier, Puntas de Valdez, Veinticinco de Mayo, Blanquillo y Playa Fomento. La empresa definió el modelo como una solución de menor costo destinada precisamente a zonas de baja demanda o infraestructura limitada.

El concepto es importante porque cambia la pregunta. No se trata de preguntarse únicamente dónde es rentable abrir una estación, sino dónde una comunidad necesita disponer de combustible aunque el volumen de ventas sea reducido.

ANCAP ya admite estaciones por razones sociales

Existe incluso una categoría que hace explícita esa lógica. En sus resultados de 2023, ANCAP identificó 19 estaciones de servicio "de fin social". Eran establecimientos únicos en su localidad o cuya permanencia se justificaba por la necesidad de abastecer una zona determinada. Para ingresar en esa categoría debían registrar ventas iguales o inferiores a 60.000 litros mensuales en promedio.

Figuraban localidades como San Javier, Villa Soriano, Baltasar Brum, Tupambaé, Blanquillo, Chamizo, Barker, Carmen, Piedra Sola y Diecinueve de Abril, entre otras.

El principio que sostiene esa política debería ser difícil de discutir: un servicio puede no resultar atractivo desde el punto de vista estrictamente comercial y seguir siendo necesario desde el punto de vista social. Porque vivir en una localidad pequeña no debería significar pagar una penalización por distancia.

El costo invisible de ir a comprar combustible

Supongamos un caso sencillo. Una familia que debe realizar un viaje de 40 kilómetros de ida y otros 40 de vuelta solamente para abastecerse recorre 80 kilómetros. Si su vehículo consume ocho litros cada 100 kilómetros, habrá utilizado 6,4 litros simplemente para comprar combustible.

Eso significa que el precio real de llenar el tanque ya no es solamente el que aparece en el surtidor. A ello hay que sumar tiempo, mantenimiento, neumáticos y depreciación del vehículo.

Para una persona que hace ese recorrido excepcionalmente puede parecer poco. Para quien vive permanentemente en una localidad aislada constituye un costo acumulativo. Y existe una paradoja todavía mayor: para comprar combustible hay que gastar combustible.

Con el supergás la situación tiene una dimensión social adicional. Una garrafa no es un consumo suntuario. En miles de hogares continúa siendo imprescindible para cocinar y, durante el invierno, para calefaccionarse.

La distancia respecto del punto de abastecimiento termina afectando proporcionalmente más a quienes tienen menos recursos.

El problema no puede resolverse solamente con rentabilidad

Uruguay tiene razones económicas para ordenar la instalación de estaciones de servicio. No tendría sentido multiplicar grandes establecimientos convencionales donde el volumen de ventas no permite sostenerlos.

Pero esa constatación no puede cerrar la discusión. La tecnología ya permite soluciones diferentes: estaciones modulares, surtidores automatizados, instalaciones de menor escala, modelos híbridos atendidos y desatendidos y puntos capaces de combinar el expendio de combustibles con la comercialización segura de supergás.

La propia experiencia de DUCSA demuestra que es posible instalar infraestructura de menor costo para atender poblaciones donde una estación convencional no sería económicamente viable.

Además, el marco regulatorio ha evolucionado. URSEA aclaró en 2024 distintos criterios para la apertura de nuevos puestos de venta, incluyendo las condiciones aplicables cuando existe o no otra estación dentro de la zona de influencia.

Por tanto, el debate ya no debería reducirse a elegir entre una estación tradicional o ninguna estación.

Una discusión que toca intereses

Resolver definitivamente estos vacíos territoriales probablemente obligue a revisar reglas de distribución, zonas de influencia, márgenes, obligaciones de cobertura y condiciones para habilitar nuevos puntos de venta.

Y allí aparecen inevitablemente intereses empresariales importantes. Las distribuidoras de combustibles, los propietarios de estaciones existentes, las empresas de supergás y ANCAP forman parte de mercados regulados en los que cualquier modificación puede alterar volúmenes de venta, áreas comerciales y rentabilidades.

Es legítimo que las empresas defiendan sus intereses. También es razonable evitar decisiones que destruyan establecimientos económicamente sostenibles. Pero ninguno de esos argumentos puede convertirse en un derecho adquirido a que determinadas poblaciones permanezcan sin una alternativa cercana.

El orden debería ser exactamente el contrario: primero hay que determinar qué necesita la población y después diseñar una regulación que permita prestarle el servicio de manera económicamente sustentable.

No decidir primero qué protege mejor cada negocio y preguntar después cómo se adapta la gente.

La gente primero

Uruguay ha hecho un enorme esfuerzo histórico para que vivir lejos de Montevideo no signifique quedar fuera de servicios esenciales. Extendió electricidad, telecomunicaciones, agua, carreteras, escuelas y atención sanitaria a lugares donde muchas veces la rentabilidad privada jamás habría justificado esas inversiones.

El acceso razonable a la energía debería analizarse con la misma lógica. No significa colocar una estación convencional en cada pueblo. Significa garantizar que ninguna comunidad quede condenada a recorrer distancias desproporcionadas para acceder regularmente a combustible y supergás.

ANCAP ya reconoció el problema. Creó estaciones de cercanía. Mantiene establecimientos por razones sociales. DUCSA desarrolló modelos modulares. URSEA impone obligaciones territoriales para la distribución de GLP.

Las herramientas, por tanto, existen. Lo que falta es convertir experiencias aisladas en una verdadera política nacional de cobertura territorial, identificar dónde están hoy los vacíos y establecer cuál es la solución más eficiente para cada localidad.

Habrá resistencias. Habrá empresas que consideren amenazadas sus zonas comerciales y operadores que adviertan sobre pérdida de rentabilidad.

Es una discusión legítima, pero tiene un límite. El lugar donde nace o decide vivir un uruguayo no debería determinar cuánto le cuesta acceder a un combustible básico. Y cuando el interés comercial entra en contradicción con una necesidad elemental de comunidades enteras, el Estado debe recordar para quién regula: las empresas importan, pero la gente está primero.