UY Press - Agencia uruguaya de noticias

10.12.2025

MONTEVIDEO (Uypress/Esteban Valenti) - No me gusta abusar del término “histórico”. Hay que demostrarlo, efectivamente debe corresponder a hechos que quedaran en los anales, en este caso parlamentarios y de la moral de la república.

Me estoy refiriendo a la interpelación en el senado de la república, de la actual ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo por parte del ex ministro y actual senador blanco Javier García sobre la compra por parte del Estado uruguayo de dos patrullas oceánicas de 86 metros cada una y un desplazamiento de 1700 toneladas, destinadas al patrullaje del mar territorial del Uruguay.

La zona Económica Exclusiva (ZEE), hasta el límite del Mar Territorial de 200 millas marinas y representa 142.166 kilómetros cuadrados, con derechos soberanos para exploración, explotación y conservación de los recursos naturales (vivos o no vivos).

La plataforma continental, se extiende hasta el límite exterior de la ZEE (200 millas) o, en el caso de extensión (aprobada por la ONU), hasta un máximo de 350 millas marinas. El área extendida es de aprox. 83.000 km² adicionales, con derechos soberanos sobre el lecho y el subsuelo para la explotación de recursos minerales.

Además de combatir en toda esa superficie el tráfico ilegal, de drogas, armas y cualquier elemento de contrabando.

No hay ninguna fuerza política nacional que se haya opuesto a la compra de estas unidades nuevas, la mayor adquisición de material militar en la historia del país y en el almuerzo de ADM el Presidente de la República Yamandú Orsi declaró clara y reiteradamente que habrá patrullas oceánicas.

Hasta ahora esta compra es  el mayor fraude contra el país, contra el Estado y contra la Armada nacional. Demostrado plenamente con las denuncias presentadas ante la fiscalía por la Presidencia de la República y contra la Policía Nacional de España.

Nunca, absolutamente nunca y por ello es histórica, se pretendió un fraude de estas características:

Primero. seleccionado, sin licitación alguna a un varadero, sin ninguna experiencia en construcciones militares o policiales en su más de un siglo de existencia.

Segundo. Incorporando al contrato, redactado totalmente para permitir el fraude,  por parte del gobierno del doctor Luis Lacalle Pou, un aval (garantía de fiel cumplimiento) falsa, emitida por una empresa, EuroCommerce Bank, que no es un banco, ni tenía capacidad de emitir esa garantía y que ya no existe porque fue borrada del Registro de Comercio del Reino Unido.

El intento de fraude se reiteró con el ofrecimiento de Mario Cardama de entregar otra garantía de EuroCommerce al caducar la primera en octubre del 2025.

La denuncia penal y civil se amplió con la presentación por parte de la Presidencia de la República, ante la comprobación de que la firma certificadora del notario Luis Calabuig de Leyva era falsa. El escribano presentó denuncia ante la Policía Nacional de España.

Un elemento muy importante y también sin antecedentes, es la postergación, sin siquiera la existencia de un expediente, del plazo de presentación del aval, de 60 días a once meses...

Tercero. Se facilitaron gestiones ante, ABITAB y el Banco de Seguros del Estado, para que Cardama (una empresa española) obtuviera el aval por 4.100.000 euros (5% del contrato de 82.400.000 euros). Ambas empresas uruguayas se lo negaron.

Cuarto. Hubo la mayor y más grosera manipulación para la entrada en vigencia del contrato (que incluye un aval falso) con la aprobación del Plano de la Cuaderna Maestra, por parte del Comandante en jefe de la Armada Almirante Jorge Wilson, un día antes de haber recibido el plano... Cuando lo recibió al día siguiente, en dos horas lo aprobó nuevamente sin realizar las mínima comprobaciones de los más de 20 planos que debería aportar Cardama. Y que nunca fueron aportados.

Una aprobación que jamás debería haberse realizado sin la consulta con el equipo técnico de la Armada.

Quinto. El Presidente del Banco República, Salvador Ferrer Carámbula presionó para que para que se abriera la carta de crédito promoviendo la visión de que "no había riesgos", cuando la correspondencia interna entre departamentos del BROU mostraba que se habían identificado muchos riesgos. Y su responsabilidad por no haber informado al Directorio adecuadamente, mucho menos haber solicitado que en vista de la materialidad de los riesgos esto fuera aprobado por Directorio. Ese pago era parte del mecanismo de la Carta de Crédito rodando y que era parte fundamental de la estafa. A cada pago, correspondían los pagos de las comisiones y al Lloyd,s.

Sexto. Cardama está construyendo el casco, a un ritmo que claramente permite calcular que no tiene la menor posibilidad de cumplir con el cronograma, que establece que el primer buque debe ser entregado a la Armada en setiembre del 2026. Pero su plan es atarnos a la Carta de Crédito y seguir cobrando todo lo posible y estafando y pagando comisiones y al Lloyd,s.

Séptimo. La prueba obligatoria que se realizó en un canal en los Países Bajos y tal como lo certifica el agregado naval en Alemania, del modelo del casco de la OPV uruguaya (un modelo de madera 9 a 1) se construyó en base a barcos fabricados por otros astilleros, nada que ver con Cardama, y para unidades totalmente diferentes a las de Uruguay y destinadas a otras dos naciones.

Octava: Todos los informes enviados desde Vigo por los dos oficiales (capitanes de navío) uruguayos destacados para seguir la construcción, tienen observaciones y críticas en diversos aspectos cruciales de la construcción.

No hay certificación de soldaduras y remaches como corresponde en este tipo de construcciones. Algunos de los siervos que Cardama tiene en Uruguay se han permitido tratar de desacreditar a estos dos oficiales de la Armada Nacional.

Patrullas oceánicas: inspectores de la Armada reportaron que Cardama lleva unidos 16 de los 27 bloques previstos para esta fecha 5-12-25. (diario El Observador)

En sus periódicos informes al Ministerio de Defensa, los dos capitanes de navío uruguayos en Vigo, dieron cuenta de atrasos en la obra de las patrullas oceánicas y posibles demoras en la colocación de los motores a raíz del escándalo desatado en torno a la garantía

Novena. Resulta extremadamente sugestivo, que Lloyd's Register hubiera certificado algo, cuando recién firmó contrato con Cardama el 25/03/25, casi un mes después de que la AN recibiera el primer Plano de Cuaderna Maestra (27/02/25).

Hay mucho más material, que oportunamente iremos documentando y publicando, lo que detallamos anteriormente permite afirmar que se trata de la MAYOR Y MAS IMPUDICA ESTAFA CONTRA EL URUGUAY DE TODA NUESTRA HISTORIA.

La conclusión más básica y elemental es que Cardama no tiene la mínimas condiciones en el espacio de su varadero, ni las capacidades técnicas, ni las condiciones económicas y financieras (el propietario del 39% de las acciones de Francisco Cardama S.A.) no firmó el balance de la empresa. Y ni que hablar la falta absoluta de experiencia. Además actuó con clara mala fe a requerimiento de sus socios uruguayos, en el intento de fraude con el aval.

Construyó en nueve años el remolcador  Tekrour para Haute Autorité chargée de la Coordination de la Sécurité Maritime, de la Sûreté Maritime et de la Protection du Milieu Marin, de Senegal. (tratan de presentarlo y pintarlo como militar pero es solo un buque multipropósito).

Lo que se ve en las numerosas imágenes del varadero de Vigo, visto y fotografiado por diversos expertos, es que el avance - a la fecha - de la construcción del casco, con serias observaciones, no llega al 30% del casco, faltando secciones fundamentales. Y los motores Caterpillar, que se construyen en Estados Unidos, y deben realizar diversas pruebas ante de ser certificadas por Lloyd,s en la sede de la fábrica. El 15 de enero es el plazo establecido por el contrato para la entrega de los motores. Por ello la desesperación de Cardama, por ello viajó a Montevideo el 10 de octubre y se reunió con el Ministerio de Defensa Nacional, para obtener fondos incluso sin certificaciones. Tuvo que intervenir directamente la Presidencia de la República para frenar el nuevo pago y para requerir la garantía y comprobar su total falsedad y realizar dos denuncias penales.

¿A quién afecta el fraude? A todos los uruguayos que hemos pagado cada uno de nosotros casi 10 dólares a Cardama y que quieren que sigamos pagando. Es un fraude al país.

Es un fraude a la Armada Nacional, por lo tanto a las fuerzas armadas en su conjunto, comprometiendo su prestigio y su capacidad operativa, además de poner en peligro a miles de jóvenes marinos que tendrían que navegar en buques sin ninguna garantía de calidad y durante muchos años. Pone en peligro y posterga el control de la ZEE de las aguas territoriales uruguayas.

Es el mayor fraude de la historia nacional, sobre todo en la compra de equipo militar nuevo, que durante décadas no se realizó, al Estado, al gobierno, al Banco de la República.

¿A quien beneficia este fraude? Los fraudes y las estafas tienen obligatoriamente beneficiarios, no se trata solo de Cárdama, que en realidad es un instrumento que encontraron en serias dificultades económicas. Los principales beneficiarios son los gobernantes uruguayos (Lacalle-García - Castaingdebat) y los mandos de la Armada que fueron funcionales a esta estafa.

En este país la política es una cosa sería, con partidos fuertes y no confundimos algunos dirigentes con los partidos políticos, nadie quiere destruir al Partido Nacional, es parte de nuestra construcción democrática, por eso mismo, porque no todos son iguales, es que los responsables de un fraude de este tipo deben pagar. Por el respeto hacia la política y sus partidos.

Por todo esto es una interpelación histórica, por razones políticas e institucionales, lo judicial y administrativo corre por cuenta de la fiscalía y el poder judicial y por el Ministerio de Defensa Nacional. ¡La corrupción, el fraude no pueden pasar!