Uruguay condena a Ortega, pero frena la línea dura de EEUU en la OEA
04.10.2026
WASHINGTON (Uypress)- Uruguay respaldó en la OEA elecciones libres y la liberación de presos políticos, pero rechazó considerar a Nicaragua una amenaza para la seguridad regional.
Uruguay condenó con dureza la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, pero marcó distancia de Estados Unidos y otros países que pretendían caracterizar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una amenaza potencial para la paz y la seguridad regional.
La posición quedó planteada durante la reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que aprobó por consenso una resolución reclamando elecciones libres, liberación de presos políticos y restitución de derechos fundamentales en Nicaragua.
El punto más conflictivo fue un párrafo que sostiene que los acontecimientos nicaragüenses ya provocaron impactos negativos en otros países y tienen el "potencial de poner en peligro la paz y la seguridad" regional. Estados Unidos defendió esa formulación, mientras Uruguay y Brasil dejaron expresamente asentadas sus reservas. México directamente se desmarcó de la resolución.
Uruguay marca un límite
El canciller Mario Lubetkin delegó la representación uruguaya en el embajador Edison Lanza, quien sostuvo que la represión nicaragüense afecta principios democráticos fundamentales, pero rechazó que pueda ser caracterizada como una amenaza a la paz hemisférica.
Según Lanza, esa definición "no encuentra respaldo fáctico" y podría habilitar medidas contrarias al principio de no intervención, incluida "la amenaza o el uso de la fuerza" incompatible con el derecho internacional.
La posición uruguaya no significó, sin embargo, un respaldo al gobierno de Ortega y Murillo. Lanza enumeró denuncias internacionales sobre detenciones arbitrarias, restricciones a las libertades de expresión, asociación, reunión y religión, persecución política, desapariciones forzadas, torturas y privaciones arbitrarias de nacionalidad. También cuestionó las reformas que restringen la participación de la oposición y afectan la alternancia política.
Uruguay reclamó la liberación de presos políticos, restitución de nacionalidades, devolución de bienes confiscados y recuperación de las libertades públicas.
Washington quería ir más lejos
Estados Unidos sostuvo que la crisis dejó de ser exclusivamente un problema interno. El subsecretario de Estado Christopher Landau afirmó que Nicaragua permite la actuación de servicios de seguridad extrarregionales y acusó al régimen de utilizar sus vínculos con actores externos para sostener la represión.
Tras la reunión, otro funcionario del Departamento de Estado aseguró que Washington mantiene "todas las opciones sobre la mesa" para exigir responsabilidades al gobierno nicaragüense.
Brasil adoptó una posición cercana a la uruguaya y sostuvo que determinar si una situación constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacional corresponde al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Un grupo tendrá 60 días
La resolución creó un Grupo de Seguimiento Ministerial sobre Nicaragua, encargado de buscar contacto con el gobierno, la oposición y los exiliados y elaborar recomendaciones en un plazo de 60 días.
El texto definitivo introdujo una precisión relevante: las futuras medidas deberán consistir en "acciones diplomáticas y jurídicas concretas" que excluyan el uso de la fuerza y sean compatibles con el derecho internacional.
La posición uruguaya quedó así definida en dos planos: condena al régimen de Ortega y Murillo y respaldo a una acción internacional para recuperar las garantías democráticas, pero rechazo a cualquier interpretación que pueda convertir la crisis nicaragüense en fundamento para una intervención armada en la región.
Foto: Presidencia de Nicaragua / X
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
