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11.05.2022

MONTEVIDEO (Uypress) – Dudas sobre “corrección de su proceder” manifestaban ya en 1974, hace 48 años, los integrantes de un Tribunal de Honor del Ejército que analizaron la conducta de Roque Moreira, suegro del senador Manini Ríos y padre de la ministra Irene Moreira, al analizar la compra de un campo de Colonización, tema que está en el tapete por supuestas irregularidades.

En un fallo de 1974 de un Tribunal de Honor del Ejército, señalaron que Roque Moreira, entonces teniente coronel, actuó con "imprudencia" en la compra del campo de Colonización, según se desprende de un extenso informe de Fabián Cambiaso publicado en El Observador, que accedió a las actas del tribunal al amparo de la ley de Información Pública.

De acuerdo al tribunal de pares de Moreira, la actuación del militar dejó dudas sobre la "corrección de su proceder" en el proceso de adquisición del polémico predio; también cuestionaron la ambigüedad y falta de información por parte del Instituto de Colonización 

Falta de discreción. Poca ponderación y autocontrol sobre sus actos. Imprudencia. Falta de conciencia, eran parte de las valoraciones que realizaba el Ejército hace ya 48 años sobre el proceder de Moreira.

El predio en cuestión es el mismo en el que una inspección técnica del instituto, efectuada el año pasado, determinó la existencia de varias irregularidades que involucran a sus actuales propietarios: el ahora coronel retirado Roque Moreira; su hija Irene Moreira, ministra de Vivienda y su yerno, el excomandante del Ejército, senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Esas conclusiones, divulgadas en su momento por Búsqueda, advertían que todos están presuntamente incumpliendo la ley de Colonización, al no residir ni trabajar en forma directa el campo. Los involucrados niegan esas observaciones, afirmando que esas fracciones jamás estuvieron comprendidas bajo las obligaciones requeridas por la normativa. 

En su momento, Moreira fue sancionado por el Ejército por haber incurrido en una "falta grave con agravantes" en relación a este negocio. A juicio de la fuerza, en ese proceso incurrió en varias violaciones del reglamento de conducta.

El juicio del Ejército está referido tanto a la compra como a las condiciones que el involucrado se obligó a asumir por ella. Esa circunstancia generó sospechas en su momento en la interna de la fuerza de tierra, y fueron parte de lo que llevó a la acción de un tribunal de honor. 

El tribunal sesionó en 1974 y según informa El Observador fue ordenado bajo la dirección del entonces jefe de la Región Militar 1, Esteban Cristi, luego de que después de una reunión de altos jefes castrenses con el INC quedaran reflejadas algunas "irregularidades" que comprometían a varios integrantes de las Fuerzas Armadas.

Moreira se hizo acreedor al campo a través de una licitación, que ganó al haber ofrecido el mayor precio por hectárea y, además, el mayor porcentaje de entrega inicial. El compromiso de compraventa, suscrito el 5 de julio de 1971, especifica las obligaciones que asumía, al amparo del artículo 61 de la ley. Entre otras condiciones, "trabajar en el predio, supervisar el trabajo y habitarlo", salvo que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados.

A requerimiento del tribunal el entonces presidente de Colonización, Nicolás Llaneza, elevó la información del predio en cuestión. También la ficha de Moreira, al que se identifica allí como "colono". El INC anexó el texto del compromiso, que en su sexto punto indica que el promitente comprador "se compromete a ocupar el predio a nombre del instituto, obligándose a trabajarlo directamente y habitarlo con su familia", algo que el involucrado jamás podría haber cumplido, dado que en ese momento cumplía funciones como jefe del Batallón de Ingenieros 1, radicado en Montevideo. 

Siempre según El Observador, las actas dan cuenta de que Moreira abrió posteriormente una acción jurisdiccional y otra civil destinadas a demostrar, en cambio, que él nunca debió haber sido considerado como colono y adecuar "conforme a derecho"  las condiciones que debía cumplir. Ninguno de esos procesos había tenido resolución a la fecha de cierre de las actuaciones del tribunal.

A la sesión del tribunal en 1974 el teniente coronel Moreira había llegado ya sancionado: el 29 de diciembre de 1973 había recibido una pena de 20 días de arresto a rigor por "haber contravenido el reglamento general de servicio" al "contraer la obligación de ocupar un predio rural de Colonización" a lo que "sus obligaciones de servicio lo inhiben, comprometiendo con ello el prestigio del Ejército". La pena había sido impuesta por el entonces comandante en Jefe del Ejército, Hugo Chiappe Posse. Moreira recibió poco después otros 15 días de arresto en las mismas condiciones, por haber efectuado un reclamo "infundado" contra la sanción original. 

En su testimonio, Moreira señaló que, al momento de firmar la compra, reconoció que el documento no se ajustaba a su situación. Pese a eso siguió adelante, ya que Colonización ya le había entregado previamente el campo. "Sus camaradas fueron especialmente duros con él por esta causa. No es admisible que un jefe del Ejército acceda a firmar con un instituto del Estado un documento que considera no ajustado a Derecho, aún a riesgo de perder el negocio en trámite", objetó el tribunal.

El 28 de enero de 1974, más de tres años después de comenzado el proceso de compra del campo, el INC informó a los militares que había iniciado el trámite correspondiente por "falta de cumplimiento" del adjudicatario sobre lo previsto en el artículo 61 de la ley de Colonización. Sin embargo, el propio tribunal marcó que ni en el acto de adjudicación del predio ni ante la información requerida aparece con claridad bajo qué régimen le fue otorgado el campo a Moreira. 

Los coroneles consideraron que su objetivo no era analizar la legalidad del proceso, sino la conducta del involucrado y sus deberes como militar. "Un oficial de su jerarquía, con capacidad intelectual y con experiencia de mando no podía haber firmado, ni aun inadvertidamente, un compromiso que le imponía obligaciones que no podía cumplir", dice el dictamen.

Según informa el matutino, el hoy coronel retirado Roque Moreira estaba al tanto que desde El Observador se habían solicitado las actas del tribunal de honor. "Me lo dijo un buen amigo, que ocupa un puesto importante en el gobierno", explicó.

Consultado sobre el fallo, dijo que se dio por temas vinculados a la interna de la fuerza. Sobre todo, a sus "fuertes diferencias personales" con el entonces comandante Chiappe Posse, con el que asegura haber sostenido varios enfrentamientos. "No me mandó a la guillotina porque no existía", afirmó. Lo del campo, sostuvo, fue una excusa. "Me comí un garrón". 

El militar insistió en que la investigación que ahora abrió Colonización, a instancias del director frenteamplista Andrés Berterreche, responden a una intencionalidad política a la que comparó con el "terrorismo de Estado". Para Moreira, el principal objetivo es perjudicar las chances de su yerno, Manini Ríos.

Imagen: adhocFOTOS/Santiago Mazzarovich