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29.10.2026

La formación ciudadana también se mide por la capacidad de defender una causa sin destruir la vida y el sustento de los demás.

Una persona sale a protestar porque su salario no alcanza. Otra cierra su pequeño negocio porque teme que lo destruyan. Ambas pueden sufrir las mismas decisiones políticas y compartir muchas de las mismas preocupaciones. Sin embargo, cuando una manifestación desemboca en saqueos, incendios o agresiones, una termina pagando por la indignación de otros.

Entonces aparece una pregunta incómoda: ¿En qué momento reclamar nuestros derechos se convirtió en permiso para vulnerar los ajenos?

Las recientes movilizaciones europeas ofrecen un punto de partida, pero también exigen distinguir realidades. En Francia, Italia y otros países se han producido protestas relacionadas con el costo de vida, los servicios públicos, la educación, el empleo y la vivienda. Muchas movilizaciones han sido pacíficas. Otras han terminado en enfrentamientos, saqueos, incendios y detenciones [1].

Esa distinción es indispensable. No existe fundamento para convertir la conducta de quienes destruyen en una acusación contra todos los que protestan. Una persona que marcha pacíficamente no es responsable de una vitrina que otro rompe.

Pero la distinción funciona también en sentido contrario.

Incendiar un vehículo, destruir un comercio o agredir a una persona no se convierte en un acto democrático porque alguien invoque una causa justa. El propietario del negocio puede ser un trabajador endeudado. El establecimiento puede sostener a varias familias. La persona que intenta regresar a su casa no deja de tener derechos porque una multitud esté indignada.

La violencia no adquiere legitimidad por proximidad a una protesta. Y sus costos son reales.

Después de los disturbios ocurridos el 17 de octubre en Milán, Bolonia, Turín y Bérgamo, el centro de estudios de la asociación empresarial italiana Unimpresa estimó preliminarmente daños económicos de entre €1.1 y €1.6 millones. Aproximadamente tres cuartas partes corresponderían al comercio y la restauración, incluyendo daños materiales y facturación no realizada [2].

La estimación debe interpretarse con cautela. Proviene de una organización empresarial, incluye ventas que no se realizaron y excluye otros costos. Una venta perdida tampoco equivale íntegramente a un beneficio perdido. Además, parte de las pérdidas pudo deberse a cierres preventivos y no directamente al vandalismo.

Pero permite observar algo que las imágenes de los disturbios suelen esconder: una parte de la factura termina en manos de personas que no provocaron la violencia.

En Barcelona, la primera valoración municipal de los disturbios del 24 de octubre situó en aproximadamente €36,000 los daños al mobiliario urbano [3]. Esa cantidad no incluía las posibles pérdidas de los comercios.

Cuando se destruye propiedad pública, además, el daño no desaparece en una abstracción llamada Estado. Lo pagan los contribuyentes.

Aquí surge una cuestión educativa que va mucho más allá de cuántos años pasó alguien en la escuela.

Sería incorrecto afirmar que quien participa en actos violentos necesariamente posee menos educación. Un título universitario tampoco garantiza responsabilidad democrática.

El problema es otro: qué hemos aprendido sobre convivencia, cómo evaluamos las consecuencias de nuestras acciones y cuánto valor concedemos a los derechos de una persona que no pertenece a nuestro grupo.

El pensamiento crítico no consiste solamente en cuestionar al gobierno, a una empresa o a quienes piensan diferente. También exige cuestionar las propias convicciones.

Implica preguntarse si una acción contribuye realmente al objetivo que declaramos defender, qué evidencia existe de su utilidad y quién terminará soportando sus consecuencias.

Quien denuncia una injusticia, pero se niega a cuestionar la violencia cometida por quienes comparten su causa, suspende precisamente el juicio crítico que exige a los demás.

La adhesión a una causa no debería sustituir la capacidad de razonar.

Gandhi ofrece una referencia histórica útil para pensar esa coherencia. Su concepto de satyagraha, literalmente aferrarse a la verdad, no proponía pasividad frente a la injusticia. La desobediencia civil y la no cooperación podían confrontar directamente leyes y autoridades, pero debían hacerlo sin violencia y con disposición a asumir personalmente las consecuencias de la resistencia [4].

Era una concepción exigente de la protesta. No pedía obediencia al poder injusto. Pedía disciplina a quien lo enfrentaba.

En sus reflexiones sobre satyagraha, Gandhi sostenía que la búsqueda de la verdad no justificaba infligir violencia al oponente y vinculaba la resistencia con paciencia, simpatía y sufrimiento asumido por quien desobedecía [5].

La enseñanza sigue siendo incómoda porque obliga a examinar no solamente la justicia de una causa, sino también los medios utilizados para defenderla.

Reconocer la dignidad del adversario no significa aceptar sus decisiones. Significa combatirlas sin negar su humanidad.

Aplicado a la formación ciudadana, este principio obliga a aprender a organizar también la indignación: verificar los hechos, discutir los objetivos, anticipar consecuencias, preparar a quienes participan y rechazar las agresiones incluso cuando provengan del propio grupo.

Eso no significa que una protesta deba ser cómoda para quienes ejercen el poder.

Una huelga interrumpe. Una marcha ocupa espacio. Una concentración modifica la circulación. La desobediencia civil puede desafiar deliberadamente una norma.

La democracia no garantiza un derecho a protestar solamente cuando nadie resulta incomodado.

Pero incomodar no es destruir y desobedecer no es agredir.

La psicología ofrece un marco útil para entender por qué esa frontera puede desdibujarse. Albert Bandura explicó que la desconexión moral permite justificar comportamientos perjudiciales mediante mecanismos como presentar el daño como necesario para alcanzar un fin superior, minimizar sus consecuencias o diluir la responsabilidad entre muchas personas [6].

El concepto no permite diagnosticar a quienes participan en una manifestación concreta. Sí permite plantear preguntas.

"Era necesario", "Todos lo hicieron", "Solo se dañaron cosas".

Esas expresiones pueden convertir la responsabilidad individual en algo aparentemente inexistente. Pero detrás de esas "cosas" puede encontrarse el trabajo de toda una vida.

La evidencia latinoamericana ofrece otra perspectiva. El informe regional del estudio ICCS 2016 analizó las actitudes de estudiantes de Chile, Colombia, República Dominicana, México y Perú. Encontró que los estudiantes con mayores niveles de conocimiento cívico tendían a expresar menor aceptación del uso de la violencia [7]. Es una asociación.

No demuestra que una clase de educación cívica elimine el vandalismo. Tampoco permite trasladar automáticamente los resultados de adolescentes a todos los adultos latinoamericanos. Pero respalda algo importante: tiene sentido estudiar conjuntamente conocimiento ciudadano, convivencia y actitudes frente a la violencia.

Por eso la educación democrática necesita ir más allá de memorizar derechos, instituciones y deberes. Hay que aprender a verificar información, argumentar, escuchar, reconocer una injusticia, disentir sin deshumanizar y construir respuestas colectivas que no conviertan a terceros en víctimas.

La Recomendación de la UNESCO sobre educación para la paz, adoptada en 2023, relaciona precisamente la formación con los derechos humanos, el pensamiento crítico, la participación democrática, la ciudadanía mundial y el desarrollo de conocimientos, habilidades, valores, actitudes y comportamientos [8]. Pero ninguna recomendación internacional sustituye la práctica.

Se aprende democracia practicándola.

También existe una razón estratégica para que quienes protestan examinen sus propios métodos.

Feinberg, Willer y Kovacheff encontraron, mediante una serie de estudios, que determinadas tácticas consideradas extremas, por ser percibidas como altamente disruptivas, perjudiciales para otros o ambas cosas, pueden reducir el apoyo público a los movimientos que las utilizan [9].

Eso no significa que toda acción disruptiva sea contraproducente. Tampoco significa que la popularidad determine si una demanda es justa. Significa algo más sencillo: captar la atención y persuadir no son necesariamente lo mismo.

Una movilización puede lograr que todos miren y, al mismo tiempo, conseguir que dejen de escuchar. Ahí aparece otra forma de pérdida.

Quienes organizaron pacíficamente una marcha pueden ver cómo otros se apropian de su mensaje mediante la destrucción. Una demanda sobre salarios termina representada por un automóvil incendiado. Un reclamo de vivienda se convierte en la imagen de una vitrina rota.

La responsabilidad continúa siendo de quien cometió el daño. Pero el descrédito puede extenderse injustamente a quienes nunca participaron en él.

En ese sentido, la violencia puede robarles también a los manifestantes su propia voz.

Existe, sin embargo, otra manera de perder el derecho a protestar: permitir que el poder utilice los actos de unos pocos para justificar restricciones contra todos. 

El derecho internacional establece una distinción fundamental.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que una manifestación no deja de ser pacífica simplemente porque interrumpa el tránsito o las actividades cotidianas. También establece que los actos violentos aislados de algunos participantes no deben atribuirse a otros manifestantes, a los organizadores ni a la reunión en su conjunto [10].

Esa distinción debe protegerse con el mismo rigor con el que condenamos el vandalismo. De lo contrario, cualquier persona que desee desacreditar una protesta tendría demasiado poder: bastaría la violencia de unos pocos para despojar de derechos a todos los demás.

La responsabilidad democrática alcanza también a las autoridades.

Su obligación no consiste únicamente en mantener el orden. Deben facilitar las reuniones pacíficas, proteger a participantes y terceros y, cuando resulte necesario utilizar la fuerza, hacerlo conforme a principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación [10].

Un Estado democrático debe ser capaz de detener a quien destruye sin tratar como delincuente a quien protesta. Debe proteger una tienda sin silenciar una demanda. Debe impedir una agresión sin convertir el control del orden público en castigo colectivo.

La exigencia de respetar la dignidad ajena alcanza tanto a quien marcha como a quien porta autoridad.

Para América Latina, esta discusión tiene además una dimensión de desarrollo.

Una sociedad pierde cuando un comerciante teme abrir su negocio. Pero también pierde cuando un ciudadano teme expresar públicamente su desacuerdo.

Pierde cuando normaliza la destrucción como lenguaje político. Y pierde cuando normaliza la represión como respuesta al desacuerdo.

Proteger el derecho a reclamar y proteger la vida y el sustento de terceros no son objetivos opuestos. Son responsabilidades complementarias de una democracia funcional.

La escuela y la universidad deben crear espacios donde sea posible discutir problemas reales, disentir y organizar respuestas colectivas. Las organizaciones sociales necesitan mecanismos para identificar y rechazar agresiones sin abandonar sus demandas. Los gobiernos deben responder a los conflictos antes de que la frustración se acumule y proteger el derecho a manifestarse incluso cuando lo que se reclama les incomode.

Los medios también tienen una responsabilidad: documentar el daño sin permitir que las imágenes del daño borren las razones de la movilización. Ningún actor debería beneficiarse de confundir la protesta con el delito.

No necesitamos ciudadanos resignados. Necesitamos ciudadanos capaces de reclamar con firmeza, pensar con independencia y comprender que quien está al otro lado de una barricada también posee derechos.

La indignación no concede autoridad sobre la existencia ajena.

Nos están robando el derecho a protestar cuando la destrucción desplaza la palabra y cuando el poder aprovecha esa destrucción para silenciar a todos.

Defender ese derecho exige rechazar ambas prácticas. Porque una causa que reclama dignidad debe comenzar por respetar la dignidad de quienes encuentra en su camino.

Luis J. Camacho es académico, investigador y editor en las áreas de negocios internacionales, comportamiento del consumidor y sostenibilidad. Preside ALBUS y dirige LABSREVIEW.

Referencias

[1] Medrano, T., & Naishadham, S. (2026, 19 de octubre). From France to Albania, social unrest is setting Europe's streets ablaze. Associated Press. https://apnews.com/article/europe-riots-protest-france-italy-spain-albania-portugal-housing-costs-210ff22c6746b9ec66438ac80740bc0e

[2] Unimpresa. (2026, 18 de octubre). Scontri a Milano, danni fino a 1,6 milioni: l'allarme Unimpresa. Centro Studi Unimpresa. https://www.unimpresa.it/scontri-milano-17-ottobre-2026-danni-unimpresa/75122 

[3] EFE. (2026, 25 de octubre). Los disturbios de Barcelona provocan 36.000 euros en daños en el mobiliario urbano. Infobae. https://www.infobae.com/espana/agencias/2026/10/25/los-disturbios-de-barcelona-provocan-36000-euros-en-danos-en-el-mobiliario-urbano 

[4] Gandhi, M. K. (1968). Civil disobedience. En S. Narayan (Ed.), The selected works of Mahatma Gandhi (Vol. 6, The voice of truth). Navajivan Publishing House. https://www.mkgandhi.org/voiceoftruth/civildisobedience.php 

[5] Gandhi, M. K. (1968). What is Satyagraha? En S. Narayan (Ed.), The selected works of Mahatma Gandhi (Vol. 6, The voice of truth). Navajivan Publishing House. https://www.mkgandhi.org/voiceoftruth/satyagraha.php 

[6] Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3(3), 193-209. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0303_3

[7] Schulz, W., Ainley, J., Cox, C., & Friedman, T. (2018). Students' views on peaceful coexistence. En Young People's Views of Government, Peaceful Coexistence, and Diversity in Five Latin American Countries: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 Latin American Report (pp. 39-52). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95393-9_4

[8] UNESCO. (2023). Recommendation on Education for Peace and Human Rights, International Understanding, Cooperation, Fundamental Freedoms, Global Citizenship and Sustainable Development. Adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el 20 de noviembre de 2023. https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-education-peace-and-human-rights-international-understanding-cooperation-fundamental 

[9] Feinberg, M., Willer, R., & Kovacheff, C. (2020). The activist's dilemma: Extreme protest actions reduce popular support for social movements. Journal of Personality and Social Psychology, 119(5), 1086-1111. https://doi.org/10.1037/pspi0000230

[10] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2020). Observación general núm. 37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21). CCPR/C/GC/37. Naciones Unidas. https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=PNFPVxdv%2F3EjPScfpr2WfG1Z8OB%2BiHf%2F2Jl6tIgMPX6hu1Lt%2Bp%2Fh7om3%2BM%2BmHESQYBak%2Fe0LmgMN4clXz0NBrw%3D%3D&utm