UY Press - Agencia uruguaya de noticias

03.05.2026

BOGOTÁ (Uypress) – Gustavo Petro propuso avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente que agregue capítulos a la Constitución de 1991 sobre derechos sociales y lucha contra la corrupción. La iniciativa busca proyectarse al próximo gobierno y reabre una fuerte disputa política e institucional en Colombia.

La propuesta fue retomada por Petro durante su discurso del Primero de Mayo en Medellín. Según Xinhua, el mandatario planteó una Asamblea Nacional Constituyente orientada a introducir cambios constitucionales vinculados a salud, trabajo, sistema de pensiones y combate a la corrupción, con la idea de que sea presentada durante el mandato de su sucesor.

Petro sostuvo que no busca sustituir la Constitución de 1991, sino agregarle dos capítulos. Uno estaría destinado a garantizar reformas sociales como derechos fundamentales, y otro a modificar el sistema político para enfrentar la corrupción. En su formulación, la Constituyente aparece como respuesta al bloqueo que, según el presidente, enfrentaron sus reformas en el Congreso y en instancias judiciales.

El mandatario pidió a sus seguidores activar una recolección de firmas para llevar la propuesta al Congreso. DW informó que Petro habló de dos millones de firmas, mientras que EFE, recogida por Infobae, registró una referencia a 2,5 millones de apoyos válidos. Más allá de esa diferencia, el objetivo político es el mismo: convertir la discusión constitucional en una bandera de movilización popular durante el cierre de su gobierno.

La iniciativa no parte de cero. Petro promueve la idea de una Constituyente desde marzo de 2024, cuando la presentó como una salida ante el estancamiento de su agenda de transformación. En febrero de 2026 comenzó una nueva etapa de recolección de firmas, respaldada por sectores del oficialismo, con el propósito de llevar el tema al nuevo Congreso.

El camino jurídico, sin embargo, es exigente. El artículo 376 de la Constitución colombiana establece que una Asamblea Constituyente debe ser habilitada por una ley aprobada por mayoría de los miembros de ambas cámaras. Esa ley debe definir competencia, período y composición de la Asamblea, y luego el pueblo debe decidir en votación si la convoca. Para que se entienda aprobada, debe contar con el respaldo de al menos una tercera parte del censo electoral.

Ese punto limita el alcance inmediato del llamado presidencial. La recolección de firmas puede funcionar como presión política y como mecanismo para presentar una iniciativa, pero no reemplaza el procedimiento constitucional. La convocatoria efectiva requiere pasar por el Congreso y luego por las urnas, en un país que entró de lleno en campaña presidencial y elegirá nuevo mandatario el 31 de mayo.

El contenido de fondo refleja las principales frustraciones del gobierno Petro. La reforma a la salud no logró consolidarse en el Congreso, la reforma pensional enfrenta frenos judiciales y administrativos, y otras iniciativas —como la laboral, la agraria y la minera— quedaron incompletas o bajo fuerte resistencia política. Para el presidente, la Constituyente permitiría llevar esas transformaciones al plano constitucional; para sus críticos, supone abrir una caja de Pandora institucional.

La reforma pensional muestra la tensión concreta entre Ejecutivo, cortes y sistema económico. El País informó que el Consejo de Estado suspendió parcialmente un decreto de Petro que ordenaba trasladar 25 billones de pesos desde fondos privados a Colpensiones, congelando 20 billones correspondientes a afiliados que aún no cumplían requisitos para pensionarse. La decisión fue presentada como una medida para evitar daños irreparables y cuestionó la legalidad del decreto presidencial.

La oposición sostiene que una Constituyente sería innecesaria y riesgosa, porque la Constitución de 1991 ya cuenta con mecanismos de reforma y es considerada una de las cartas más garantistas de América Latina. También acusa a Petro de utilizar la bandera constituyente como plataforma política para mantener influencia después de dejar el poder, aunque el presidente niega que busque habilitar la reelección.

El debate queda así atravesado por la campaña electoral. El oficialismo busca convertir las reformas sociales en legado y mandato para el próximo gobierno; la oposición intenta presentar la Constituyente como una amenaza a la estabilidad institucional; y el Congreso que se instalará el 20 de julio quedará en el centro de la definición.

La propuesta de Petro no garantiza una Asamblea Constituyente, pero sí instala un nuevo eje político para Colombia. En el tramo final de su mandato, el presidente intenta trasladar al terreno constitucional una agenda que no logró aprobar plenamente por las vías ordinarias. La pregunta que queda abierta es si ese impulso será leído como profundización democrática o como una estrategia de confrontación con las instituciones que han contenido su proyecto de reformas.