UY Press - Agencia uruguaya de noticias

07.04.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – La politóloga Tamara Samudio planteó en la diaria que el gobierno intenta “reorientar la discusión” hacia temas vinculados con las preocupaciones de la opinión pública. La secuencia de los últimos días parece darle sustento a esa lectura: en menos de dos semanas, el Poder Ejecutivo puso en primer plano el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 y la primera estrategia nacional integral para abordar la situación de calle, dos asuntos que hoy conectan con una parte central de la agenda ciudadana

La base de esa reorientación aparece con claridad en las encuestas. Cifra informó en marzo que 46% de los uruguayos considera que la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico son hoy el principal problema del país, mientras un tercio se declara más preocupado por la economía, especialmente por la falta de trabajo. La propia consultora agregó que desde 2024 la seguridad volvió a ocupar el primer plano y que su peso crece especialmente fuera del nivel socioeconómico más bajo, aunque la preocupación por empleo y dinero también se mantiene alta.

Sobre ese telón de fondo, el 26 de marzo el gobierno lanzó formalmente su plan de seguridad. El documento oficial habla de 79 acciones, más de 130 medidas concretas y 10 reformas normativas para responder al aumento de la violencia, nuevas modalidades delictivas, crimen organizado y reincidencia. Presidencia lo presentó como una estrategia de Estado basada en evidencia, con más presencia territorial, más prevención y más inteligencia para anticiparse al delito.

El segundo movimiento llegó este 7 de abril, cuando Yamandú Orsi encabezó la presentación de la 1.ª Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle. Presidencia informó que el plan contiene 42 medidas y que apunta a causas estructurales del problema. En esa presentación, Orsi afirmó que en una década la gente que vive en calle se triplicó, que 11.251 personas usaron dispositivos con alojamiento en 2024 y 13.597 en 2025, con 8.000 cupos hoy ocupados. También señaló que más del 60% de quienes están en situación de calle pasaron por instituciones de privación de libertad, y definió el fenómeno como un problema de seguridad, salud, vivienda y política social al mismo tiempo.

Más que dos anuncios aislados, ambos movimientos sugieren una misma lógica política: instalar al gobierno sobre los temas donde la ciudadanía percibe urgencia y espera respuesta. Seguridad y calle no son asuntos equivalentes, pero sí comparten algo decisivo en la narrativa oficial reciente: permiten mostrar gestión, iniciativa y presencia del Estado sobre problemas visibles, concretos y de alto impacto cotidiano. Esa combinación es la que vuelve verosímil la hipótesis planteada por Samudio: que el Ejecutivo está intentando correr la conversación hacia el terreno donde entiende que la opinión pública está mirando.