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31.03.2014

BRASILIA (Uypress) – Se cumplen 50 años del golpe que en 1964 derrocó a João Goulart de la presidencia de Brasil. Con un amplio debate en ese país sobre la construcción de la memoria reciente, sigue siendo un debe el juzgamiento a los responsables de secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos cometidos hasta 1985.

Al menos 400 personas fueron asesinadas o desaparecidas, según datos oficiales del gobierno brasileño, y miles permanecieron como prisioneros políticos durante más de 20 años, en un régimen dictatorial donde las torturas fueron protagonistas.

La Comisión Nacional de la Verdad (CNV), creada en 2012 por la presidenta del país, Dilma Rousseff, tiene el objetivo investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en ese periodo (1964-1985).

Estaba previsto que el trabajo de la Comisión finalizara en 2013, pero debido a la necesidad de contar con más tiempo para la recopilación de evidencias, las labores se extendieron hasta finales de este año.

La CNV podrá sacar a la luz pública los crímenes y atrocidades cometidas por las fuerzas castrenses, pero no tiene facultad para enjuiciar a algún represor, pues la Ley de Amnistía de 1979 prohíbe abrir procesos contra los autores de crímenes contra la humanidad.

Ninguno de los represores ha sido juzgado legalmente hasta el momento.

Por otra parte, el Estado ha garantizado el apoyo psicológico gratuito para más de 400 víctimas de la dictadura.

Rousseff, quien fue presa y torturada en su juventud, recordó en las últimas horas la necesidad de que se esclarezcan los abusos registrados con los gobiernos de facto de entonces.

La asonada golpista comenzó el 31 de marzo de 1964, terminó un día después con la salida de la nación de Goulart y perseguía acabar con toda una corriente de cambios políticos y económicos.

Con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, de sectores conservadores y empresarios, los militares se atrincheraron en el poder e instauraron una dictadura que se extendió 21 años y dejó unos 400 muertos y desaparecidos políticos.

El teólogo y escritor Frei Betto destacó la necesidad de que las generaciones más jóvenes conozcan lo ocurrido en esos 21 años de dictadura, las torturas y violaciones registradas y las tragedias de miles de familias.

En diálogo con la agencia Prensa latina, Betto puntualizó que Brasil avanzó en los sectores económicos y sociales, con el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), pero subrayó que los archivos de la dictadura continúan en posesión de las Fuerzas Armadas y permanecen cerrados para la Comisión de la Verdad.

Por su parte, el hijo de Jango, Joao Vicente Goulart, declaró en la víspera que Brasil "perdió los últimos 50 años" al no seguir las reformas políticas y económicas promovidas durante el gobierno de su padre.

"Estaríamos en una situación muy diferente. Perdimos 50 años. Es lógico que el país evolucionó, pero, si las reformas hubiesen sido adoptadas entonces, nuestro nivel de desarrollo sería muy superior hoy", afirmó el presidente del Instituto Joao Goulart, que tenía 7 años cuando tuvo que acompañar a su padre al exilio.

Joao Vicente explicó que la mayor parte de las "reformas de base" propuestas por Jango, como el jefe de Estado era conocido popularmente, aún no han sido puestas en marcha pese a su necesidad.

Tales reformas estructurales, catalogadas como "comunistas" para algunos, rechazadas por terratenientes, militares y banqueros, fueron implantadas por muchos de los grandes países capitalistas, afirmó Goulart.

Además, recordó que la reforma agraria de su padre distribuiría títulos de propiedad a un millón de campesinos ("nada más irónico que un comunista distribuyendo títulos de propiedad"), la bancaria permitiría que el crédito llegase a toda la sociedad, la tributaria crearía impuestos sobre las grandes fortunas y la educativa universalizaría la educación.

"Estoy citándola cada una porque ninguna fue hecha hasta hoy. Fueron propuestas 50 años atrás y aún son necesarias", aseguró.

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