AEBU: Transición justa, un desafío de todos
05.06.2025
MONTEVIDEO (Uypress) - En el Día Mundial del Medio Ambiente, AEBU reafirma el compromiso del sindicato de alcanzar una transición justa en el mundo del trabajo, que cuide la ecología y el desarrollo sostenible.
El concepto de transición justa, según reseña el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, existe desde la década de 1980, cuando fue utilizado por los sindicatos estadounidenses en un movimiento para proteger a los trabajadores afectados por las nuevas reglamentaciones sobre contaminación del agua y el aire.
Con el paso del tiempo, la idea fue mutando y adaptándose a las nuevas realidades de las diferentes organizaciones, pero siempre se mantuvo en la órbita de los sindicatos y con una fuerte impronta ambiental. La OIT, por su parte, define a la transición justa como el proceso de "ecologizar la economía de la manera más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás".
El Acuerdo de Escazú -adoptado en 2018 y ratificado por Uruguay en 2019- es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Este acuerdo no solo promueve la transparencia y la democracia ambiental, sino que también exige que los Estados protejan a quienes defienden los derechos humanos en temas ambientales.
Aportes desde el sistema financiero
Como trabajadoras y trabajadores del sistema financiero uruguayo, tenemos un rol clave que asumir. Así lo entendió la última Asamblea Nacional de Delegados, el segundo de mayor jerarquía dentro de AEBU, que aprobó una moción que incluye dentro de sus puntos estratégicos el avance en clave de cuidado ambiental y desarrollo sostenible.
En el documento, el gremio resolvió que "el movimiento sindical debe incluir en sus propuestas la preservación ambiental como eje fundamental de la calidad de vida de la población". En ese sentido, se habla de transición justa como "aquella capaz de generar y garantizar trabajo decente, protección social universal, libertad sindical, negociación colectiva, justicia social, igualdad y equidad entre géneros, soberanía alimentaria y energética, con preservación de los bienes comunes, autodeterminación de los pueblos y naciones, en el marco de procesos democráticos y participativos que incluyan al conjunto de las partes interesadas".
Si bien nuestras tareas no están directamente vinculadas a la generación de residuos o contaminación, formamos parte de un sector que financia proyectos productivos que sí pueden tener impactos ambientales significativos. Esto nos interpela profundamente: ¿Qué tipo de desarrollo estamos financiando? ¿Qué responsabilidad tenemos frente a las comunidades que integran nuestro país?
Por eso, es fundamental que nos involucremos en la construcción colectiva de herramientas que permitan evaluar y monitorear el impacto ambiental de los proyectos que se apoyan desde el sistema financiero. Podemos, desde nuestros lugares, aportar a que los mecanismos de financiamiento integren criterios de sostenibilidad, respeto ambiental y justicia social.
Una de las propuestas incluidas en el documento que aprobó la AND es que el sistema financiero incorpore criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, y que priorice las finanzas verdes, la generación de fondos de inversión específicos y productos de seguros que mitiguen los riesgos climáticos.
Para el sindicato deberán ser parte de la agenda de trabajo las instituciones financieras -tanto públicas como privadas- que promuevan la captación y direccionamiento de los flujos monetarios y establezcan políticas de responsabilidad ambiental y de transición justa para los actores del sistema.
Tomar acciones para una transición justa y más humana, en lugar de la que imponen el mercado y la búsqueda de rentabilidad económica, es una tarea a la que todos los actores, no solo los trabajadores, deben comprometerse. El diálogo social es una herramienta esencial para alcanzar los consensos que la sociedad necesita, y que se limiten los efectos negativos de la modernización tecnológica. Para lograr esto, el movimiento sindical debe darle contenido a la negociación colectiva en todos sus niveles, e incorporar al debate las consecuencias de la transformación ambiental.
Por último, cabe mencionar un fenómeno que es el del cambio climático, que atraviesa al mundo y a su población a todo nivel, y cuyo combate se ha transformado en uno de los objetivos últimos de la transición justa.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo enumera cinco beneficios directos de este proceso para enfrentar el cambio climático: aumento el apoyo público, revolución de empleos verdes, bases sociales para una economía resiliente, adopción de soluciones locales y reforzamiento de la urgencia de aunar esfuerzos.
Fortalecer el acceso a la información y la participación real de las personas trabajadoras en las decisiones que afectan al ambiente es también construir democracia. Impulsar espacios de diálogo y acción desde nuestros sindicatos y lugares de trabajo puede ser un paso concreto hacia una transición justa, donde nadie quede atrás y el desarrollo no se construya a costa de la salud de nuestras comunidades.
Este 5 de junio, conmemorando un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente, AEBU reafirma su compromiso con este tema, que afecta y mucho a los trabajadores, pero que hace además a la sociedad en la que estamos insertos y al mundo en el que vivimos.
Imagen: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias