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30.09.2014

MONTEVIDEO (Uypress) – La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo “no despenaliza el aborto en los hechos” y es, en todo caso, una “prestación de servicios” antes que un “derecho”, afirma la organización Mujeres en el Horno. El 50% de las mujeres que piden asesoramiento para abortar ya tiene hijos/as.

Mujeres en el Horno trabaja desde hace más de un año para fortalecer el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir y la autonomía sobre el cuerpo femenino.

En marzo de este año lanzaron una línea telefónica gratuita para atender a aquellas mujeres que necesiten asesoramiento y/o contención al momento de interrumpir un embarazo no deseado ("Línea Aborto Información Segura" 0800 8843). También realizan talleres de sensibilización con distintos sectores de la población, tanto en Montevideo como en el interior del país, "para contribuir a la despenalización social y cultural del aborto".

A efectos de contribuir a la acumulación de conocimiento sobre la realidad de la práctica abortiva en Uruguay, Mujeres en el Horno (MEH) publicó este martes datos sistematizados sobre las características de las mujeres que han recurrido a la línea telefónica Aborto Información Segura, como edad, lugar de residencia, situación laboral y número de hijos/as.

En cada llamada, MEH difunde los derechos que poseen las mujeres al ampararse en la Ley 18.426 de "Derechos Sexuales y Reproductivos" aprobada en el año 2008 y la Ley 18.987 "Interrupción Voluntaria del Embarazo", aprobada en el año 2012, a través de la cual todas las usuarias del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) en Uruguay tienen derecho a interrumpir un embarazo no deseado, siempre que cumplan con los requisitos del procedimiento. "Esto significa que el aborto en Uruguay no está despenalizado completamente, ya que de realizarlo fuera del procedimiento que establece la ley es considerado todavía un delito", señalaron las militantes de la organización feminista.

Al sistematizar la información relevada en la atención MEH estableció que el 60% del total de las mujeres que llaman son menores de 30 años y de éstas un 12% son menores de 20 años. En cuanto al lugar de residencia, el mayor número de llamadas se registran de Montevideo (58%), luego Canelones (16%) y Salto (7%), el resto de los departamentos completan el 19%.

El 30% de las mujeres que solicitan asesoramiento a la línea 0800-8843 tienen entre 30 y 45 años. El 50% de las mujeres que llaman ya tienen hijos/as. Del total de mujeres que llamaron, el 58% trabaja fuera del hogar en forma remunerada.

Varias de las mujeres han expresado que existen dificultades para conciliar el trabajo con el procedimiento IVE. "No está previsto en la ley [que se pueda solicitar] 'licencia médica' durante el proceso. Las demoras y la cantidad de veces que deben acudir a los servicios genera inconvenientes para las mujeres en este sentido", puntualizaron desde Mujeres en el Horno. Además, "persiste la preocupación de la mayoría de las trabajadoras por no dar a conocer su situación en su lugar de trabajo por miedo a ser juzgadas".

Un dato relevante a partir de la primera sistematización de la información recabada desde la Línea es que el 86% de las mujeres que llamaron lo hicieron pre-consulta IVE, es decir, se trata de mujeres que desean abortar pero desconocen los procedimientos establecidos por ley, y tampoco conocen a dónde dirigirse (en su servicio de salud). "Esto refleja la escasa difusión que se ha hecho de esta ley desde su implementación, y la importancia que tiene la difusión de la información para un efectivo acceso al aborto seguro dentro del marco legal", analizaron desde la organización.

"La gran mayoría de las mujeres que llaman tienen nociones a veces equivocadas sobre la ley de IVE -añadieron-. Muchas de estas llamadas muestran que el Estado tiene una gran deuda en cuanto a garantizar el acceso a dicha información. Los prestadores de salud no siempre cumplen con informar y difundir las formas en que la institución brinda esta prestación".

Rezongadas

Otro dato que la organización feminista destaca es que el 14% de las llamadas han sido consultas por "dudas sobre el proceso" (es decir, en el durante y el post procedimiento IVE) y varias mujeres consultaron sobre los plazos, tiempos y demoras para completar el procedimiento IVE, para tener la certeza de estar incluidas dentro del procedimiento legal.

"Nos parece importante resaltar que la mayor dificultad enfrentada por las mujeres (basándonos en algunos casos particulares como referencia) tiene que ver justamente con los plazos. Nos referimos a aquellas situaciones en las que las mujeres inician el procedimiento antes de las 12 semanas de embarazo, pero no logran culminarlo en el tiempo establecido, (aún persiste el embarazo) por diversos motivos: la medicación no surtió ningún efecto, o por las demoras del servicio de salud, o porque no acudieron a la consulta de control final ya que muchas mujeres no llegan a esta última etapa del procedimiento: IVE4. Según la Ley estas mujeres no pueden seguir siendo asistidas por el sistema de salud para completar el procedimiento debido a que ya se cumplieron los plazos legales. La ley establece que en estos casos se pueden hacer las denuncias correspondientes, pero el aborto ya no puede completarse dentro del marco legal. Esta es una complicación originada en la ley que debemos continuar denunciando y demandando una resolución que atienda estas realidades. En todos estos casos, las mujeres quedan en una situación de desamparo total y empujadas por el propio sistema a recurrir a la medicación en el mercado clandestino de misoprostol", enfatizaron.

Un segundo tipo de barrera al acceso a un aborto legal estaría relacionada con las dificultades para obtener información de los servicios de IVE de varias mutualistas o servicios privados de salud: algunos servicios no brindan información sobre horarios, costos, médicos, etc. a personas no socias. "Si bien hemos logrado conseguirlos datos de la mayoría de los servicios privados, varios, especialmente en el interior del país, son reticentes a brindarlos", indicaron.

A la vez, MEH señalaron que persiste una "penalización cultural del aborto" en el sistema nacional de salud: "miedos, tabúes, preconceptos y estereotipos que durante décadas han rodeado la práctica del aborto en un contexto de criminalización y que no se modifican con la despenalización desde el Poder Legislativo". "Maltrato, 'rezongos', infantilización, insensibilidad en general frente a los miedos que persisten en muchas mujeres, provienen del personal de la administración de los servicios, enfermería, y algunos médicos/as. Demoras y escasos recursos humanos para atender el proceso de IVE demuestran la dificultad en la despenalización del aborto en unnivel ideológico", afirmaron.

Otro obstáculo para llevar adelante una IVE con todas las de la ley es la objeción de conciencia, especialmente en algunos departamentos del interior del país. El caso más conocido del departamento de Salto, donde la totalidad de los ginecólogos/as (12) hicieron objeción de conciencia fue un caso paradigmático para el Ministerio de Salud Pública, que pudo proponer como alternativa en primer término el traslado de las mujeres a otros departamentos para realizar el procedimiento y a partir de setiembre de 2013 ha conseguido que una ginecóloga asista a las mujeres de Salto yendo a ese departamento a atender una vez por semana.

En declaraciones efectuadas en el marco del Día de lucha por la legalización y despenalización del aborto en América Latina, celebrado cada 28 de setiembre, las Mujeres en el Horno agregaron que, " si bien el marco normativo respecto al aborto en Uruguay puede parecer más permisivo que en el resto de América Latina, en realidad implica un procedimiento complejo que en muchos casos lleva al desamparo legal a quienes no cumplen con el mismo".

"Desde Mujeres en el Horno entendemos que en la vida concreta de las mujeres esta Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley IVE 18.987) significa un pequeño avance en tanto y en cuanto existe la posibilidad del acceso al aborto en un marco sanitario controlado, a través del método medicamentoso, sin tener que enfrentarse a la clandestinidad para conseguir el misoprostol. Pero mantenemos que no puede tomarse como una conquista en los derechos de las mujeres ya que no sólo no se plantea como un derecho, sino como una prestación de servicios y una práctica social que el Estado pasa a controlar por sus canales institucionales, sin despenalizarla en los hechos y sin brindar las mejores condiciones de uso y acceso", concluyeron.

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