UY Press - Agencia uruguaya de noticias

02.06.2016

BERLÍN (Uypress) – A 101 años del inicio de la masacre cometida por el Imperio Otomano contra el pueblo armenio. Alemania utilizó oficialmente el término “genocidio” y tensionó las relaciones con Turquía.

(Miembros de la colectividad armenia agradecen en el Parlamento/Captura de video, euronews)

Alemania dio este jueves un paso importante, al reconocer  por amplia mayoría parlamentaria la masacre cometida en 1915 por el Imperio Otomano contra el pueblo armenio y calificarla de "genocidio". El paso fue dado aún a riesgo de enturbiar las relaciones con Turquía -que no reconoce el genocidio-, país definido como clave por la canciller Angela Merkel para resolver la crisis de los refugiados.

Pese a las amenazas del presidente Recep Tayyip Erdogan, una abrumadora mayoría de diputados respaldó la resolución. La duda ahora es cómo va a reaccionar Erdogan; y si su enfado afectará al acuerdo con la UE para contener los flujos migratorios. Tras la votación, Ankara ha llamado a consultas a su embajador en Alemania.

Los hechos sucedidos hace un siglo ejemplifican "las matanzas masivas, la limpieza étnica, las expulsiones y los genocidios que marcaron el siglo XX de una manera tan terrible", asegura el texto, que incluye una autocrítica por el papel del Imperio alemán, aliado entonces de los otomanos, en la masacre. La resolución, pactada previamente por democristianos, socialdemócratas y verdes, contó solo con un no y una abstención.

Los líderes de la gran coalición de gobierno no veían con buenos ojos la resolución, presionados por las amenazas de Erdogan. En la sesión parlamentaria no participaron ni la canciller Merkel ni el ministro de Exteriores, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier. Tras la votación, un grupo de armenios invitados al Bundestag mostraron carteles con un mensaje muy simple: "Gracias".

El presidente alemán, Joachim Gauck, ya se refirió el año pasado a lo ocurrido un siglo antes como "genocidio". Los líderes turcos por su parte no se han preocupado de ocultar las presiones esta semana. El presidente Erdogan y el primer ministro, Binali Yildirim, llamaron a Merkel para instar a que prevaleciera el "sentido común". Erdogan dejó claro que la aprobación de la resolución "dañará naturalmente los lazos diplomáticos, económicos, políticos y militares" entre ambos países. El presidente del Bundestag, el democristiano Norbert Lammert, logró un sonoro aplauso cuando dijo que la Cámara que él preside ni se deja intimidar por las amenazas ni se pone de lado ante las cuestiones incómodas.

La respuesta de Ankara a los Estados que han calificado de "genocidio" lo que en Turquía es habitualmente señalado como "los hechos de 1915" ha sido la llamada a consultas de sus embajadores y un enfriamiento de las relaciones, como ya ocurrió con Francia en 2011 y Austria el pasado año. Sin embargo, han sido medidas temporales y al cabo de unos meses, la situación ha regresado a la normalidad.

De acuerdo a una crónica de El País de Madrid, en esta ocasión, el primer ministro Yildirim ha pedido que se "deje a los historiadores" investigar sobre el pasado, en lugar de utilizarlo "con fines políticos". Turquía reconoce la muerte de cientos de miles de armenios durante las deportaciones ordenadas por el entonces Imperio Otomano en 1915 pero arguye que se produjeron dentro de un contexto de violencia generalizada -decenas de miles de turcos, kurdos y circasianos también fallecieron a manos de los armenios en Anatolia Oriental-. Los historiadores oficialistas turcos mantienen que la deportación de diversas minorías -armenios, griegos, siríacos y, en menor medida, kurdos- durante la Primera Guerra Mundial fue necesaria ya que parte de ellos había tomado las armas y se había aliado con el invasor ruso. En los últimos años, Erdogan ha enviado mensajes de condolencias a los familiares de las víctimas de esa época subrayando "el dolor común" de turcos y armenios. Inluso en 2014 llegó a calificar de "inhumanas" las deportaciones llevadas a cabo por el Gobierno otomano.

Turquía rechaza la acusación de genocidio que se le achaca al Estado del que es sucesor legal.