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12.08.2025

OTHER NEWS (Por Cecília Rikap* – Open Democracy) – La estrategia de las gigantes digitales para la región consiste en extraer datos, conocimiento y recursos naturales

Hace apenas un año, en agosto de 2024, Brasil lanzó el Plan de Inteligencia Artificial (PBIA). Pionero en la región, buscaba avanzar en soluciones locales y públicas con cierta independencia de las gigantes estadounidenses, como el desarrollo de centros de datos propios.

Los centros de datos cumplen dos funciones: almacenar datos y procesar servicios de computación, desde cualquier solución de software hasta modelos de IA. A partir de la adopción masiva y exponencial de la IA asistimos a un aumento igualmente impresionante de la instalación de esta infraestructura en todo el mundo, aunque la gran mayoría sigue concentrada en Estados Unidos.

En América Latina, encabeza Brasil con 187 centros de datos (públicos y privados), en el undécimo lugar a nivel global.

Subordinación tecnológica

Tan pronto como se lanzó el PBIA, las gigantes digitales que lideran la expansión de centros de datos redoblaron su apuesta para dominar el mercado brasileño.

Menos de un mes después de que se anunciara el PBIA,  Microsoft comunicó una inversión de 2.700 millones de dólares en nube e infraestructura de IA en Brasil, y usó ese anuncio en conversaciones reservadas con el gobierno para promover una agenda política más favorable.

Entre tanto, Amazon aceleró su búsqueda de acuerdos de nube con empresas públicas brasileñas -entre ellas, el Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO), la mayor empresa estatal de servicios informáticos de Brasil- y dependencias del sector público.

Un año después de la firma del PBIA, poco queda en pie de los objetivos iniciales de avanzar en soberanía digital, y sus directrices comienzan a ser revisadas.

El gobierno aceptó una propuesta de SEPRO -en evidente alianza con Amazon, Google y otras gigantes- de migrar los datos a nubes de empresas extranjeras, pero construyendo una capa intermedia para encriptarlos.

Aun asumiendo que esa capa asegure la protección de los datos de la población que posee el sector público, el gobierno dependerá estructuralmente de servicios digitales provistos por empresas como Amazon y Microsoft. Es decir, de servicios que usará a caja cerrada y de los cuales es prácticamente imposible escapar.

Mientras el gobierno brasileño se resignaba a intensificar el uso de tecnología monopolizada por un puñado de multinacionales, el Ministerio de Hacienda, en conversación con el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, desarrolló -pero sin informar a la ciudadanía ni celebrar consultas públicas- una política de atracción de centros de datos que cuenta con el beneplácito de las empresas del Silicon Valley.

De aprobarse esta política (se trata de un decreto del Poder Ejecutivo, todavía no publicado ni enviado al Congreso para su aprobación), creará un régimen especial que incluye exenciones fiscales y de tasas por la importación de equipos que constituyen el 85% del total del costo del equipamiento necesario para la instalación de centros de datos.

Con este alto contenido importado, los centros de datos no generan encadenamientos productivos significativos en Brasil. Lo mismo sucede con la creación de empleo.

Una vez instalado -lo reconoce la propia Microsoft- un centro de datos no contrata a más de  50 personas por edificio. Quienes desarrollan modelos de IA o cualquier solución informática acceden a ellos vía Internet. En criollo, nadie desarrolla un modelo de IA, una plataforma o aplicación, sentándose dentro de un centro de datos.

Es probablemente peor, y paradójico, que las condiciones que el gobierno de Brasil impondría para acceder a esa desgravación impositiva no le pesan a estas empresas, sino que las benefician.

Por un lado, se les exigiría invertir entre el 2% y el 8% de sus ingresos brutos en el Fondo Nacional de Desarrollo Industrial y Tecnológico, destinado a promover la innovación local. Pero, sin la creación de una nube pública alternativa a las de las gigantes digitales, así estas inversiones se concreten, toda solución digital se verá tarde o temprano presionada a ser desarrollada y/o ofrecida en las nubes de Amazon, Microsoft o Google.

El gobierno además propone requerir que un 10% de la capacidad de los centros de datos instalados en Brasil sea ofrecida a empresas locales, con lo cual se promueve la migración de estas empresas a las nubes de gigantes extranjeras. Es decir que la propia política refuerza la subordinación tecnológica en la medida en que alienta a seguir ensanchando el ecosistema digital actual, estructuralmente dependiente de esas gigantes tecnológicas.

Menos agua y energía

Por otra parte, la instalación de centros de datos tiene un gran impacto socioambiental causado, entre otros factores, por el consumo descomunal de energía y agua.

Basta mirar el empeoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones aledañas a los centros de datos y la destrucción ambiental en Irlanda, un país que se consolidó muy temprano como polo de atracción de estas inversiones, y cuya población sufre hoy los efectos de una matriz energética colapsada.

Algo similar pasará, por ejemplo, en Caucaia, un municipio de la región de Fortaleza, ciudad del noreste de Brasil, donde la empresa que opera la plataforma TikTok planea construir un centro de datos. Se estima que su consumo diario de energía equivaldría al de 2,2 millones de brasileños.

Se trata de un problema global. Según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, entre 2018 y 2022 el consumo de energía eléctrica de las 13 mayores operadoras de centros de datos aumentó casi 1,5 veces, pasando de 50 a 125 teravatios-hora. Dentro de esas 13, casi dos tercios del consumo se lo llevan Amazon, Google y Microsoft, en ese orden.

Incluso alimentando sus centros de datos con fuentes renovables -parcialmente, porque incluso cuando usan energía renovable mantienen reservas fósiles como resguardo ante interrupciones del suministro-, el negocio de estas empresas se basa en el estímulo a consumir cada vez más servicios en su nube. Esa energía renovable podría, en cambio, encontrar usos más importantes, como los sistemas de transporte público.

En cuanto al consumo de agua, en 2022, el de Microsoft creció un 34% y el de Google un 22%. Google afirma en sus reportes ambientales que está aumentando su reposición de agua (de 6% en 2022 a 18% en 2023). Pero, incluso descontando esa reposición, su consumo neto de agua creció un 205% entre 2016 y 2023.

En respuesta a estas preocupaciones, el gobierno brasileño prometió que su política de promoción incluiría regulaciones medioambientales. Sin embargo, la promesa está en cuestión, porque esta política se está discutiendo  sin participación del Ministerio de Medio Ambiente.

El ejemplo de Chile

Chile es un ejemplo para observar la efectividad de la regulación ambiental.

En diciembre de 2024, el Ministerio de Ciencia de Chile lanzó el Plan Nacional de Data Centers, con dos objetivos algo contradictorios: promover el crecimiento económico y regular a la industria que se viene instalando de manera desordenada en la región metropolitana del país.

El principal instrumento de este plan fue un visor territorial, una herramienta digital diseñada para mapear casi 80 indicadores y regulaciones socioambientales por cada kilómetro cuadrado del territorio de Antofagasta, región del extremo norte donde se estima que hay suficiente energía disponible, con planes de expandir el mapeo a escala nacional.

Esta herramienta, ya lista para ser aplicada, permite identificar las zonas en las que el impacto socioambiental de los centros de datos sería menor. La construcción de este visor, íntegramente realizada por la administración pública de Chile, es un ejemplo de creación de capacidades de gobierno y planificación que permitiría una regulación más eficaz.

Pero, como en Brasil, las presiones corporativas prevalecieron y están poniendo en duda que esta herramienta se emplee de forma efectiva.

Mientras en Brasil los requisitos de sustentabilidad para instalar centros de datos están aún en discusión, Chile ya contaba con ellos. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) exigía a los centros de datos que almacenaran más de 80.000 litros de sustancias inflamables -diésel, en este caso- presentar una declaración de impacto ambiental que demostrara el cumplimiento de toda la normativa ambiental vigente.

Pero, a principios de junio, el  Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático decidió flexibilizar el umbral mínimo hasta un millón de litros de sustancias inflamables. Esta modificación exime de presentar declaración de impacto ambiental a prácticamente todos los centros de datos actuales y proyectados para Chile.

Presiones y oportunidades

Las experiencias de Chile y Brasil, países con gobiernos progresistas, reflejan al menos dos rasgos comunes. Primero, las gigantes digitales tienen la misma estrategia para la región: extraer no solo datos sino también conocimiento y recursos naturales. Segundo, falta coraje político de los gobiernos progresistas que se subordinan ante las inversiones millonarias de mega-corporaciones extractivas.

La instalación de centros de datos privados que funcionan cual bases militares extranjeras en territorio local no indican progreso, ni cambio tecnológico. En la era digital, el subdesarrollo se mide en el número de gigas que se almacenan y procesan en las nubes de un puñado de empresas. Invitarlas a instalarse en la región no es soberanía sino dependencia digital.

En última instancia, estos gobiernos deberían preguntarse cuántos centros de datos son realmente necesarios y dónde deberían instalarse para asegurar el mínimo impacto social y ambiental.

Para responder estas preguntas, deberían dar participación a la ciudadanía, comunicando los riesgos y las presiones de las grandes empresas extranjeras y nacionales, y coordinar acciones con otros países de la región.

Cada vez más voces responden a estas preguntas insistiendo en la necesidad de centros de datos públicos regionales, manejados de forma autónoma por instituciones públicas con representación amplia de las comunidades, pero independientes de intereses empresariales, en particular de los del capital concentrado de EEUU y China.

Esta propuesta, que hoy parece irrealizable a juzgar por la experiencia de Brasil y Chile, podría hacerse realidad en Uruguay de la mano de su empresa pública ANTEL.

Se trata de la principal empresa de telecomunicaciones de Uruguay, responsable de desarrollar la infraestructura digital que hoy garantiza que el 94% de los hogares uruguayos tengan acceso a Internet, y provee conectividad por fibra óptica al 99% de esos hogares.

El programa del nuevo gobierno de Uruguay prevé invertir para convertir ANTEL en la proveedora de tecnología digital para el sector público del país. El proyecto incluye migrar todos los datos y sistemas descentralizados de la  administración pública a una nube de ANTEL.

Se trata de un desafío para la propia ANTEL, que ya tiene vínculos comerciales con Google. A juzgar por la experiencia de Brasil, ANTEL necesitará apoyo pleno del gobierno para desarrollar tecnología que no termine dependiendo de servicios de esta gigante estadounidense.

De concretarse este proyecto, y en la medida en que ANTEL desarrolle los servicios sobre la base de software libre y en colaboración con la Universidad de la República, podría servir de faro para la región.

Brasil tiene empresas públicas que podrían, en colaboración con ANTEL, instalar tecnología semejante. Adaptado al territorio brasileño, el visor desarrollado por el Ministerio de Ciencia de Chile podría usarse para definir dónde instalar estos centros de datos. Estos podrían incluso conectarse con otros centros públicos, como los de ANTEL en Uruguay, para hacer un uso más eficiente de la capacidad instalada en la región.

Pero ello requeriría que empresas como la brasileña SERPRO corten sus lazos con las gigantes estadounidenses y chinas.

La decisión no depende de la factibilidad técnica. La región cuenta con capacidades para instalar centros de datos y proveer servicios digitales a la administración pública, movilizando el conocimiento y talento de sus universidades.

Lo que hace falta es decisión política. También financiamiento para poner límites y regular los abusos de poder de las gigantes de tecnología extranjeras -y de sus socias latinoamericanas como  Mercado Libre -, y para desarrollar tecnología abierta destinada al sector público y la ciudadanía.

*La autora es profesora de economía y jefa de investigación del Institute for Innovation and Public Purpose de la University College London y ha asesorado a formuladores de políticas, legisladores y autoridades regulatorias de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, la Comisión Europea, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Uruguay.

Imagen: futureoflife.org