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07.08.2026

CIUDAD DE MÉXICO (Infobae/por Ale Huitron) – Las autoridades acreditaron su posible participación en el ocultamiento de evidencias en el caso

Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue detenido por su probable participación en ocultar evidencias en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que su arresto se llevó a cabo como parte del nuevo modelo de investigación, en el que desarrollaron un reanálisis de las actuaciones llevadas a cabo en aquel entonces por la desaparición de los normalistas.

Estos análisis permitieron acreditar la posible implicación del exgobernador en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión en su contra.

Aguirre Rivero era gobernador cuando desaparecieron los 43 estudiantes

Ángel Aguirre en un evento público. Foto: Archivo

Ángel Aguirre Rivero comenzó su vida política en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1980, pero años más tarde se sumó al Partido de la Revolución Democrática (PRD). En 2011 asumió la gubernatura de Guerrero, pero tras la desaparición de los 43 normalistas renunció a su cargo meses antes de finalizar su gestión.

Cabe recordar que en distintos momentos, Aguirre se deslindó públicamente de la destrucción de evidencias del caso, como fue la presunta desaparición de grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

En mayo de 2025, tras la captura de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, el exgobernador difundió un comunicado en el negó tener alguna responsabilidad en los hechos y declaró que "jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio".

Manifestantes, entre ellos estudiantes y familiares de los alumnos desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, participan en una protesta para conmemorar el 11.º aniversario de la desaparición de 43 estudiantes, en Iguala, México, el 27 de septiembre de 2025. REUTERS/Oscar Guerrero

Su gestión estuvo marcada por denuncias de violaciones a los derechos humanos, como lo fue la detención y posterior desaparición en diciembre de 2011 de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista en la Costa Grande. Según testigos, personas que vestían como militares participaron en el secuestro junto a hombres vestidos de negro.

Además, ese mismo mes fueron asesinados dos normalistas de Ayotzinapa que se manifestaban en la Autopista del Sol para solicitar una audiencia con el gobernador, luego de que policías estatales les dispararan. Alberto López Rosas, exprocurador, habría acusado a los estudiantes de iniciar el ataque y matar a sus compañeros.

Aunque su gobierno también estuvo marcado por la represión, violencia y el desplazamiento forzado, el hecho que marcó su administración fue el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que llevó a Aguirre Rivero a presentar su renuncia el 23 de octubre de 2014.

Debido a la presión pública que provocó el caso, Aguirre Rivero se mantuvo lejos de puestos políticos, aunque en 2018 intentó postularse como diputado federal, pero finalmente abandonó la precampaña.

El año pasado, el exgobernador aseguró que "ha cargado con una loza muy pesada" por el caso, además de destacar que las autoridades no habían encontrado pruebas que lo involucraran a 11 años del caso.

"Si en 11 años las investigaciones no han apuntado hacia Ángel Aguirre, creo que es evidente que no han encontrado elementos que me involucren. Esto me ha pesado mucho; he cargado con una loza muy pesada", dijo a medios de comunicación.

Desaparición de los 43 normalistas cumplirá 12 años

A poco más de un mes de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso sigue sin esclarecerse a pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió darles respuesta a los padres y madres, quienes han denunciado en diversas ocasiones que fueron abandonados.

El mes pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 208VG/2026, que generó el rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales debido a que exoneró de responsabilidad al Ejército Mexicano de la desaparición de los estudiantes, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

En respuesta, la CNDH publicó el 26 de julio un posicionamiento -identificado como (DGDDH)/011/2026- en el que acusó ser víctima de ataques de desacreditación. A lo largo de 11 páginas, el organismo respondió una por una a 13 críticas recibidas, entre ellas la acusación de haber "blindado" a las Fuerzas Armadas.

La Comisión también rechazó que el documento "oculte" la infiltración de un elemento militar en la Normal Rural de Ayotzinapa, y sostuvo que ese hecho está documentado con pruebas oficiales remitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en varios tramos del expediente. Negó además que se haya "reabierto" un caso cerrado, al argumentar que la nueva recomendación deriva de una queja distinta a la que originó el informe de 2018.

Familias denunciaron falta de consulta previa

La CNDH precisó que la Recomendación 208VG/2026 fue elaborada a partir de una queja presentada directamente por las familias de los 43 normalistas el 24 de junio de 2021, no por organizaciones civiles, y que el instrumento no sustituye a las investigaciones periciales.

No obstante, de acuerdo con testimonios recabados por La Jornada, Isidoro Vicario, abogado de las madres y padres de los normalistas, reprochó a la CNDH no haberse acercado a las familias antes de publicar la recomendación. Padres de algunos de los estudiantes desaparecidos han señalado que no participaron en la elaboración del informe y que no solicitaron la intervención del organismo en esos términos.

Este jueves, el exgobernador fue detenido por presuntamente estar relacionado con la pérdida de pruebas del caso.

Imagen de portada: FGR