Caso Soledad Barrera: Familia redobla la ofensiva y vuelve a denunciar a Lustemberg y Miralles
02.09.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- Los padres de la pediatra fallecida por mala praxis reformularon sus denuncias ante el Colegio Médico luego de que los primeros escritos fueran rechazados por razones formales. Cuestionan a Inés Miralles por su actuación durante la cirugía y a Cristina Lustemberg por reducir de cinco a tres años su inhabilitación profesional.
Según informa diario El Observador, el caso por la muerte de la pediatra Soledad Barrera abrió un nuevo capítulo. Sus padres volvieron a presentar ante el Colegio Médico del Uruguay denuncias contra la anestesista Inés Miralles y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, con el objetivo de que sus actuaciones sean analizadas por el Tribunal de Ética Médica.
La familia ya había recurrido al organismo meses atrás, pero las primeras presentaciones no prosperaron porque, según entendió el tribunal, los escritos no describían con suficiente precisión los hechos que podían configurar eventuales faltas éticas.
Ahora, con el patrocinio del abogado Pablo Schiavi, los padres de Barrera reformularon las denuncias y volvieron a presentarlas.
El primer objetivo será superar la instancia de admisibilidad para que el Tribunal de Ética pueda ingresar al análisis de fondo y determinar si existieron apartamientos de las normas que regulan la conducta profesional de los médicos.
Una operación de vesícula que terminó en tragedia
Soledad Barrera tenía 41 años y era pediatra. A fines de octubre de 2023 ingresó al Seguro Médico Integral (SMI) para someterse a una operación de vesícula. Durante el procedimiento sufrió un paro cardíaco.
La paciente no presentaba complicaciones previas, pero como consecuencia del paro sufrió un grave daño encefálico que la dejó durante unos diez meses en un estado de extrema dependencia hasta su fallecimiento.
La anestesista que participó de la intervención era Inés Miralles. El caso terminó posteriormente en la Justicia Penal. En diciembre de 2025, Miralles fue condenada por homicidio culposo a 24 meses de libertad a prueba y quedó inhabilitada judicialmente para ejercer cargos médicos durante ese mismo período.
Pero la actuación de la profesional también había sido investigada por otras vías. En diciembre de 2024, la Comisión Honoraria de Salud Pública resolvió inhabilitarla durante cinco años para el ejercicio de la medicina.
El SMI también la desvinculó y posteriormente el Ministerio de Defensa dispuso su baja del cargo que ocupaba en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.
La nueva denuncia contra Miralles
La familia de Barrera pretende ahora que el Tribunal de Ética analice la conducta profesional de la anestesista.
En la nueva presentación se enumeran tanto su actuación durante la operación como las consecuencias administrativas y judiciales posteriores. Los denunciantes entienden que Miralles podría haber incurrido en violaciones a más de diez disposiciones del Código de Ética Médica.
Entre los principios invocados aparecen el deber de cuidar la salud, procurar el máximo nivel de excelencia profesional, respetar la vida y la dignidad humana y ejercer la medicina en condiciones físicas y psíquicas adecuadas.
También se incluyen las normas que regulan el relacionamiento de los médicos con sus colegas, otros profesionales sanitarios y las instituciones en las que desarrollan su actividad.
El Tribunal de Ética deberá determinar ahora si la nueva presentación cumple los requisitos necesarios para ingresar al análisis de fondo.
Por qué también denuncian a Lustemberg
La segunda denuncia tiene una naturaleza diferente. En este caso, el cuestionamiento está dirigido contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por su decisión de reducir de cinco a tres años la inhabilitación administrativa que había sido aplicada a Miralles.
La Comisión Honoraria de Salud Pública había dispuesto inicialmente una suspensión de cinco años. Sin embargo, en octubre de 2025 Lustemberg resolvió disminuirla a tres.
La decisión provocó una fuerte controversia dentro del propio sistema sanitario y derivó en la renuncia de la mayoría de los integrantes de la Comisión Honoraria que había recomendado la sanción original.
La familia sostiene que la ministra puede ser sometida al Tribunal de Ética por su condición de médica pediatra, aunque la decisión cuestionada haya sido adoptada en el ejercicio de su cargo político al frente del Ministerio de Salud Pública.
En el escrito se cuestiona que la reducción de la sanción se haya adoptado sin la "motivación mínima necesaria" y sin consultar a los integrantes de la Comisión Honoraria que habían establecido la inhabilitación de cinco años.
Los denunciantes también incorporan como elemento la crisis institucional provocada por aquella resolución y las posteriores renuncias en la comisión.
A juicio de la familia, la conducta de Lustemberg podría haber vulnerado dos disposiciones del Código de Ética Médica vinculadas al deber de cuidar la salud de las personas y de la comunidad, mantener el máximo nivel de conducta profesional y garantizar la calidad de la asistencia tanto individual como institucionalmente.
Lustemberg niega cualquier favoritismo
La ministra ya defendió públicamente su actuación. En junio compareció ante la Comisión de Salud del Senado para explicar las razones por las que había reducido la inhabilitación de Miralles.
Lustemberg sostuvo que la resolución respondió a criterios jurídicos y a antecedentes administrativos de situaciones similares. También rechazó que hubiera existido cualquier intención de beneficiar a la anestesista y afirmó que no conocía personalmente a Miralles ni mantenía vínculo alguno con ella.
El Ministerio de Salud Pública defendió que la modificación de la sanción se realizó dentro de las potestades legales de la cartera.
La controversia, sin embargo, continuó.
El primer intento no prosperó
Las nuevas denuncias se presentan después de que la familia intentara anteriormente llevar las actuaciones de Lustemberg y Miralles ante el Tribunal de Ética Médica.
En el caso de la ministra, el tribunal entendió que la presentación inicial no cumplía los requisitos formales necesarios. En particular, reclamó que se identificaran con mayor precisión los supuestos apartamientos deontológicos que se atribuían a Lustemberg y que se realizara una narración clara de los hechos que se pretendía someter a consideración.
El tribunal no se pronunció entonces sobre el fondo del asunto. Ese punto es relevante: el rechazo de la primera presentación no significó que el Colegio Médico concluyera que Lustemberg no había cometido una falta ética, sino que entendió que la denuncia no estaba formulada de manera adecuada para poder analizarla.
La familia decidió entonces reformularla.
Con las nuevas presentaciones, el caso vuelve ahora al Colegio Médico. El primer paso será determinar si las denuncias cumplen esta vez con las exigencias reglamentarias.
Si son admitidas, comenzará una instancia diferente: el Tribunal de Ética deberá analizar las conductas denunciadas y determinar si existieron violaciones al Código de Ética Médica.
En el caso de Miralles, el análisis se concentrará fundamentalmente en su actuación profesional y en los antecedentes derivados de la operación que terminó con la muerte de Soledad Barrera.
En el caso de Lustemberg, la discusión será más compleja: deberá determinarse si una decisión adoptada como ministra de Salud Pública puede configurar además una eventual responsabilidad desde el punto de vista de la ética médica.
La controversia que comenzó con una operación de vesícula en octubre de 2023 y continuó por las vías penal, administrativa y política suma así un nuevo capítulo.
Esta vez, la familia de Soledad Barrera busca que el Colegio Médico no solamente examine la actuación de la anestesista que fue condenada por la Justicia, sino también la decisión de la ministra que posteriormente redujo la sanción profesional que le había impuesto la Comisión Honoraria de Salud Pública.
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
