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06.04.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El proyecto del Ministerio de Trabajo para obligar a las empresas a informar con antelación cierres o despidos masivos volvió a exponer diferencias dentro del propio gobierno. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que esa iniciativa es “inconveniente” porque, a su juicio, “cuando vos ponés un mecanismo de restricción a la salida, ponés un mecanismo de restricción a la entrada”, mientras Juan Castillo respondió que no comparte esa mirada

La discusión no es nueva, pero ganó volumen por una seguidilla de reestructuras y despidos en grandes firmas. Castillo viene defendiendo desde febrero una ley de preaviso, con el argumento de que el Estado y la sociedad deben ser informados antes de decisiones empresariales que afecten a decenas de trabajadores. En ese sentido, sostuvo que Uruguay “merece estar informado de antemano” cuando una empresa evalúa medidas de fuerte impacto laboral.

La propuesta forma parte de una agenda más amplia del MTSS. En marzo, el ministerio informó oficialmente que Castillo presentó ante el Consejo de Ministros una nueva Ley de Empleo, que incluye entre sus ejes la ratificación del Convenio 158 de la OIT, el fortalecimiento de la negociación colectiva y nuevos instrumentos de protección frente a despidos y cierres.

Del otro lado, Oddone viene enviando una señal distinta al sector privado. Además de rechazar nuevos impuestos y advertir por el enfriamiento de la economía, el titular del MEF sostuvo que medidas de este tipo pueden afectar decisiones de inversión y contratación. Su postura fue leída en el mundo empresarial como una defensa de un clima de negocios más previsible y menos regulado.

Así, el debate excede un proyecto puntual. Lo que quedó planteado es una diferencia de enfoque dentro del oficialismo: Trabajo insiste en que el país necesita herramientas para anticipar y amortiguar los golpes sobre el empleo; Economía teme que esa misma señal termine desalentando nuevas inversiones. La definición final, de todos modos, no será administrativa sino política: el tema deberá pasar por Presidencia y luego por el Parlamento.