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19.10.2026

ROMA (Uypress) – Dará comienzo esta semana en la Corte de Apelación de Roma el juicio contra el represor, exoficial de la Armada Nacional uruguaya, Jorge Néstor Tróccoli, condenado a prisión perpetua en octubre de 2025 por los secuestros, las torturas y los homicidios de Elena Quinteros, ciudadana uruguaya, y la pareja ítalo-argentina Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza.

En el recurso de más de 80 páginas presentado por la defensa de Tróccoli ante la Corte de Apelación de Roma, los abogados Marco Bastoni y Francesco Guzzo sostienen -según informa Nadia Angelucci para la diaria- que el tribunal de primera instancia atribuyó al exmarino un papel nunca demostrado de manera documental, convirtió el Plan Cóndor en una forma de responsabilidad colectiva, privilegió los testimonios de antiguos opositores políticos por encima de la documentación oficial, confundió el trabajo de un oficial de inteligencia con el de un responsable político-militar y reconstruyó el funcionamiento del Fusna (Fusileros Navales) de manera histórica y jurídicamente errónea.

El recurso fue presentado en marzo de 2026 contra la sentencia dictada en octubre de 2025 por la Corte de Asís de Roma, que condenó nuevamente a Tróccoli a prisión perpetua por los secuestros, las torturas y los homicidios de Quinteros, Filipazzi y Potenza.

Tróccoli se encuentra preso en Italia cumpliendo la cadena perpetua impuesta por la Corte de Casación de Roma en julio de 2021, cuando quedó firme la condena pronunciada en el histórico proceso Plan Cóndor (2015-2021), que reconoció su responsabilidad por crímenes cometidos en el marco de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.

Desde el punto de vista jurídico, la apelación de la defensa de Tróccoli gira en torno a una idea central: que la sentencia de octubre de 2025 confundió la pertenencia de Tróccoli al aparato represivo con su responsabilidad penal individual.

La defensa reconoce que Tróccoli integró el servicio de inteligencia de la Armada, participó en interrogatorios y mantuvo contactos con otras agencias represivas de la región, pero sostiene que no existe prueba suficiente para afirmar que conocía el destino de cada detenido o que intervino en las decisiones sobre asesinatos y desapariciones.

"¿Quién decidía la suerte de esos detenidos?", pregunta reiteradamente el recurso. Esa es, en definitiva, la cuestión que atraviesa toda la apelación. Los abogados afirman que Tróccoli interrogó a centenares de personas y que solo una parte de ellas terminó desaparecida. De ahí concluyen que no puede presumirse que quien interrogaba a los detenidos conociera necesariamente el destino final de cada uno.

La sentencia de primera instancia llegó, sin embargo, a la conclusión opuesta. Para los jueces, Tróccoli no era un simple oficial de inteligencia, sino una pieza esencial de una estructura represiva organizada, en la que la obtención de información, la identificación de opositores, los interrogatorios bajo tortura y la coordinación con otros organismos de seguridad constituían fases de un mismo mecanismo criminal. Sobre esa base, la Corte consideró acreditada su responsabilidad en los secuestros, las torturas y los homicidios de Quinteros, Filipazzi y Potenza.

La apelación vuelve a poner sobre la mesa la teoría de los dos demonios, con una reconstrucción del contexto político de los años 70. Tupamaros, Montoneros, ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), atentados, secuestros y asesinatos de militares ocupan decenas de páginas. De acuerdo a la defensa, la represión debe entenderse como parte de una guerra interna entre las Fuerzas Armadas y las organizaciones armadas revolucionarias, tratando de esa manera poner el acento en la lógica del enfrentamiento bélico y en la obediencia debida dentro de la cadena de mando, como forma de relativizar la especificidad del terrorismo de Estado: diluir la asimetría entre el aparato estatal y los grupos armados y las organizaciones de la sociedad civil, y limitar la responsabilidad penal de quienes integraron los organismos represivos. Desde esa perspectiva, la defensa busca reinterpretar el papel desempeñado por el Fusna y, en consecuencia, el de Tróccoli dentro del sistema represivo uruguayo.

Más allá del caso individual de Tróccoli, según resume la diaria, el recurso vuelve a poner en discusión uno de los principios sobre los que la Justicia italiana ha construido su jurisprudencia sobre el Plan Cóndor. Las sentencias dictadas durante la última década han considerado que la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur funcionó como una estructura criminal organizada, en la que las distintas funciones, desde la inteligencia hasta los secuestros, las torturas y las desapariciones, formaban parte de un mismo engranaje.

Imagen: Medios Públicos