UY Press - Agencia uruguaya de noticias

11.11.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- La caída de la natalidad y las dificultades económicas comprometen la continuidad de centros educativos, especialmente en los barrios periféricos y el interior.

Siete de cada diez colegios católicos de educación inicial y primaria de Uruguay perdieron alumnos entre 2020 y 2026, mientras que un tercio registró una reducción superior al 50% de su matrícula. La situación preocupa a las autoridades de la enseñanza católica y fue uno de los asuntos abordados durante los contactos entre representantes del Vaticano y el gobierno uruguayo, en el marco de la visita del papa León XIV.

Según datos de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), de los 386 colegios privados de educación inicial y primaria existentes en el país, 135 pertenecen a esa asociación. De ellos, el 70% perdió estudiantes durante los últimos seis años, mientras que el 30% restante mantuvo o incrementó su matrícula.

La situación es particularmente delicada en 45 instituciones, que experimentaron una reducción superior a la mitad de su alumnado. El presidente de Audec, Ignacio Cassi, explicó que el panorama es heterogéneo y responde fundamentalmente a la sostenida disminución de los nacimientos, aunque también intervienen factores económicos, territoriales y educativos.

Diecisiete colegios cerraron desde 2020

Entre 2020 y 2026 cerraron 17 colegios privados en Uruguay, cinco de ellos pertenecientes a Audec. Estos últimos atendían, en conjunto, a unos 1.260 estudiantes. La situación presenta diferencias según el nivel educativo. Mientras que inicial y primaria registran una caída extendida, en secundaria la matrícula total de los liceos católicos aumentó un 4% entre 2020 y 2025.

Sin embargo, ese crecimiento general oculta dificultades particulares: el 42% de los liceos católicos perdió alumnos y el 19% sufrió reducciones de entre el 20% y el 49%. Para las autoridades de Audec, la crisis afecta especialmente a los establecimientos pequeños y a aquellos ubicados en zonas de menores ingresos.

En Montevideo, numerosos colegios católicos funcionan en barrios periféricos, donde las familias enfrentan mayores dificultades para afrontar las cuotas. A ello se suma que algunas congregaciones religiosas disponen de menos recursos para sostener económicamente sus instituciones.

La educación pública también influye

La ampliación de las escuelas públicas de tiempo completo y tiempo extendido constituye otro factor que incide en las decisiones familiares, particularmente en localidades del interior donde los colegios católicos representan una parte importante de la oferta privada.

También existen diferencias territoriales. El crecimiento poblacional de Ciudad de la Costa y Maldonado favoreció la instalación de nuevos centros educativos privados, mientras que otras zonas registran una reducción persistente de su población infantil.

Cassi señaló que las instituciones católicas, por su carácter no lucrativo, no funcionan con la misma lógica de expansión y traslado que determinados emprendimientos educativos comerciales. El dirigente recordó que, aunque los colegios privados cuentan con exoneraciones tributarias constitucionales, su principal fuente de financiamiento continúa siendo el pago de las familias.

Posibles fusiones y aprovechamiento de edificios

Entre las alternativas consideradas figuran la cooperación o eventual fusión de instituciones pequeñas, así como el arrendamiento al Estado de instalaciones que hayan quedado parcialmente desocupadas. La Fundación Sophia, creada por iniciativa del cardenal Daniel Sturla, actualmente acompaña a 29 centros educativos mediante apoyo administrativo, financiero y pedagógico.

Las autoridades católicas descartan que la disminución de estudiantes responda principalmente a un rechazo de la educación confesional. Consideran que el problema central es demográfico y que sus consecuencias continuarán durante los próximos años.

La situación plantea un desafío que trasciende a la enseñanza privada: con generaciones infantiles cada vez más pequeñas, Uruguay deberá revisar la distribución territorial de sus centros educativos, la utilización de sus instalaciones y las condiciones para garantizar la continuidad de la enseñanza.

Foto: Fundación Sophia