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31.05.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados continúa analizando un proyecto de ley que busca reducir de forma drástica el uso de plásticos de un solo uso en Uruguay, especialmente en la comercialización de alimentos que llegan directamente al consumidor.

La iniciativa declara de interés general la prevención y reducción del impacto ambiental derivado de productos plásticos descartables, y plantea prohibir su uso cuando puedan ser sustituidos por materiales compostables o biodegradables disponibles a nivel nacional.

El texto apunta a envases y embalajes de uso cotidiano. Entre ellos, bandejas de poliestireno expandido, conocido como espuma plast, bandejas de plástico transparente y film utilizado para contener y transportar alimentos fraccionados en supermercados, rotiserías, panaderías, verdulerías y otros puntos de venta o entrega.

También propone prohibir envases descartables para frutas y hortalizas cuyo peso no supere un kilo, así como para alimentos prontos para consumir en porciones menores a 500 gramos, siempre que esos envases no formen parte integral de la presentación del producto.

El objetivo central es eliminar empaques considerados innecesarios, de vida útil extremadamente breve y alto impacto ambiental. La lógica del proyecto es simple: si el producto puede venderse sin ese plástico o con un sustituto compostable, biodegradable, reutilizable o de menor impacto, el envase descartable debe dejar de utilizarse.

La propuesta también faculta al Ministerio de Ambiente a prohibir la producción, importación y comercialización de plásticos de un solo uso cuando existan sustitutos compostables o biodegradables producidos en Uruguay. Ese punto busca no solo reducir residuos, sino también promover alternativas nacionales y nuevas cadenas productivas vinculadas a la economía circular.

El proyecto prevé excepciones. Las prohibiciones no se aplicarían cuando los envases sean reutilizables, cuando resulten necesarios para evitar deterioro del producto, cuando se utilicen para contener productos crudos fraccionados de origen animal o fiambres, o cuando el Ministerio de Ambiente establezca otras exclusiones fundadas.

La iniciativa también incorpora obligaciones para los comercios. Los puntos de venta deberán promover campañas de difusión sobre uso responsable de plásticos, favorecer envases recuperables o reciclables, e impulsar estrategias para privilegiar envases retornables y reutilizables cuando sea posible.

El plazo previsto para aplicar las prohibiciones sobre bandejas, film y envases específicos es de seis meses desde la promulgación de la ley. En cambio, la prohibición general de producir, importar y comercializar otros plásticos de un solo uso identificados por el Ministerio de Ambiente tendría un plazo de 18 meses.

El debate parlamentario se desarrolla en un contexto en el que Uruguay ya cuenta con antecedentes normativos sobre bolsas plásticas, gestión de envases, reciclaje y responsabilidad extendida. También está en marcha el Plan Vale, que controla la adhesión de empresas importadoras, productores de envases y propietarios de marcas al sistema de gestión de envases no retornables.

El proyecto intenta avanzar un paso más: pasar del reciclaje posterior al consumo a la reducción en origen. Es decir, evitar que ciertos residuos se generen cuando no son necesarios.

La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay compareció ante la Comisión de Diputados y planteó reparos sobre el texto. La gremial sostuvo que comparte el objetivo de avanzar hacia modelos más sostenibles, pero advirtió que la sustitución de un material por otro no garantiza por sí sola menor impacto ambiental.

Según la Cámara, cualquier regulación debe considerar análisis de ciclo de vida, inocuidad alimentaria, conservación de productos, eficiencia logística, desperdicio de alimentos y gestión real de residuos. También pidió contemplar la situación de micro, pequeñas y medianas empresas, que podrían enfrentar mayores costos o dificultades operativas ante una transición abrupta.

El planteo empresarial introduce una tensión clásica en materia ambiental: cómo reducir materiales contaminantes sin generar efectos no deseados sobre precios, comercios, consumidores, conservación de alimentos o nuevos residuos que tampoco tengan una gestión adecuada.

Para los defensores del proyecto, la urgencia está en el volumen de plásticos descartables que se utilizan durante minutos y permanecen décadas o siglos en el ambiente. Para sus críticos o quienes piden ajustes, el desafío está en evitar que la buena intención derive en sustituciones mal diseñadas, sobrecostos o materiales alternativos que no se procesen correctamente.

El punto más delicado será la implementación. Uruguay ya ha avanzado en restricciones a bolsas plásticas y en planes de gestión de envases, pero la regulación sobre bandejas, films y empaques de alimentos toca directamente hábitos de consumo, logística comercial y prácticas diarias de supermercados, almacenes, rotiserías, ferias, verdulerías y panaderías.

También exigirá capacidad de control. Si el Ministerio de Ambiente queda a cargo de aplicar la ley, deberá definir criterios técnicos, listas de productos exceptuados, condiciones de sustitución, fiscalización y sanciones. Sin reglamentación precisa, el cambio puede generar dudas tanto en empresas como en consumidores.

El proyecto coloca a Uruguay dentro de una tendencia internacional más amplia. Cada vez más países buscan reducir plásticos de un solo uso, especialmente aquellos que no son esenciales, no se reciclan de forma efectiva o terminan en cursos de agua, suelos, costas y océanos.

La discusión de fondo ya no es si el plástico genera problemas ambientales, sino qué plásticos son realmente necesarios, cuáles pueden sustituirse y cómo organizar una transición que no se limite a cambiar un residuo por otro.

Diputados tiene ahora la tarea de ajustar el equilibrio entre ambición ambiental y viabilidad práctica. La reducción de plásticos de un solo uso puede ser una señal importante de política ambiental, pero su éxito dependerá de la reglamentación, la gradualidad, el control y la existencia real de alternativas accesibles.

El desafío es evitar que productos usados durante minutos sigan dejando una huella ambiental desproporcionada. Pero también asegurar que la solución sea técnicamente sólida, económicamente viable y ambientalmente mejor que el problema que busca resolver.