UY Press - Agencia uruguaya de noticias

24.07.2018

WASHINGTON (Uypress) – Continuando con su política de “tolerancia cero” el gobierno de Donald Trump deportó a casi 500 padres inmigrantes que habían sido separados de sus hijos al llegar al país.

A contrapelo de decisiones de la Justicia, el Gobierno estadounidense ordenó y concretó la deportación de por lo menos 463 padres que habían sido separados de sus hijos en la frontera al ingresar al país entre los meses de mayo y junio.

La abrumadora mayoría de los expulsados fue devuelta a sus países de origen en América Central, en tanto sus hijos, con edades que van de los cinco a los 17 años, permanecen en el país del norte bajo custodia federal y a miles de quilómetros de los suyos.

La novedad sobre la cantidad de padres ya deportados subraya el desbarajuste en el que se encuentra la administración para cumplir con la orden de un juez federal de tener reunificados este jueves -como fecha límite- a 2.551 menores entre cinco y 17 años.

Este lunes el gobierno informó de que había reunido de momento a 879 padres con sus hijos y de que otros 538 han sido aprobados para poder ser también reagrupados. En resumen, de cara al jueves se estima que solo se habrá podido cumplir con la mitad de los casos exigidos por el juez, que había establecido otro plazo más urgente para la reunificación de 103 menores de cinco años (10 de julio) que tampoco satisfizo el Gobierno, ya que a la fecha solo 58 de ellos están con sus padres, según informó El País de Madrid.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en sus siglas en inglés), una organización que está ganando a toda velocidad peso político por su activismo en la era Trump, ha afirmado que existen indicios de que muchos padres firmaron su orden de deportación en gran estado de nerviosismo por haber sido separados de sus hijos y sin el debido acceso a asesoría jurídica. La organización da por sentado que localizar a los inmigrantes deportados en sus países y unirlos de nuevo con sus hijos será tarea ardua.

A la vez, la ACLU sigue batallando en los tribunales para frenar la deportación de familias -los padres y los niños- que sí han sido reagrupadas. El juez del caso accedió a ello, pero el Gobierno de Trump ha vuelto a reivindicar ante el magistrado que tiene la potestad de ejecutar su expulsión inmediata.

Se ha denunciado el mal trato dado a algunos menores bajo custodia, expuestos a frío intenso y comida y agua en mal estado. Y a los padres, según denuncias de congresistas demócratas, se les ha llegado a cobrar en los centros de internamiento hasta ocho dólares por minuto para poder hablar con sus hijos separados.