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15.05.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El Instituto Nacional de Estadística corrigió datos del Censo 2023 y elevó a 193.260 la cantidad de personas que viven en asentamientos en Uruguay. Son 34.533 más que las informadas inicialmente, lo que cambia la dimensión estadística de uno de los principales desafíos sociales y habitacionales del país.

La cifra original, presentada en febrero de 2025, indicaba que 158.727 personas vivían en asentamientos, equivalentes al 4,5% de la población total. La revisión difundida ahora por el INE, a partir de una metodología de ponderación de los microdatos, eleva ese número a 193.260 personas, el 5,5% de la población nacional.

El ajuste no es menor. Supone reconocer que más de 34.000 personas que viven en condiciones habitacionales informales no habían quedado correctamente reflejadas en la primera lectura pública del censo. En términos de política pública, la diferencia equivale a una ciudad entera que debe ser incorporada al diagnóstico sobre vivienda, infraestructura, integración urbana y servicios.

El INE explicó que incorporó ponderadores para mejorar la representatividad estadística de los microdatos y reducir sesgos derivados de la omisión censal. El mecanismo toma como referencia la estructura poblacional por sexo y edad a nivel nacional y departamental, y no modifica las estimaciones oficiales de población total ni la distribución por departamento, sexo o edad ya difundidas. Sí introduce ajustes en estimaciones por tamaño de localidad y otros atributos censales.

La corrección también afecta la lectura sobre la población rural. En los datos difundidos inicialmente se había informado que 142.745 personas vivían en zonas rurales, el 4,1% de la población. Con la nueva ponderación, la cifra asciende a 174.765 personas, equivalentes al 5,0% del total nacional.

El cambio confirma que el problema principal del censo no fue solo cuántas personas no fueron alcanzadas, sino quiénes quedaron más subrepresentados. La omisión afectó con mayor intensidad a sectores vulnerables, población en asentamientos, hogares con carencias y determinadas zonas rurales o periféricas. Eso obliga a revisar diagnósticos basados en la primera lectura de los datos.

La Encuesta de Evaluación Censal ya había mostrado que el Censo 2023 tuvo una omisión importante. Según reportes sobre el nuevo cierre metodológico, unas 350.000 personas no habían sido contabilizadas directamente, lo que representaba cerca del 10,3% de la población. Dentro de ese universo, la corrección permitió identificar 34.533 personas más viviendo en asentamientos.

El dato tiene implicancias directas sobre vivienda y territorio. Uruguay no enfrenta únicamente un déficit de casas, sino un problema más amplio de acceso a ciudad: regularización del suelo, saneamiento, caminería, alumbrado, transporte, seguridad, servicios educativos, salud, espacios públicos y oportunidades laborales. Vivir en un asentamiento no es solo vivir en una vivienda precaria; es muchas veces vivir fuera de las condiciones urbanas básicas.

La corrección también interpela la planificación presupuestal. Si la cantidad de personas en asentamientos es mayor a la informada, las políticas de relocalización, mejoramiento barrial, regularización e integración social urbana deben recalcular escala, prioridades y recursos. Un error de diagnóstico puede derivar en una respuesta insuficiente.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ya viene impulsando herramientas de integración social urbana, programas de mejoramiento de barrios y nuevas capacidades de planificación territorial. Pero la actualización del INE agrega una señal clara: las intervenciones deberán partir de datos más finos y reconocer que la informalidad habitacional está más extendida de lo que mostraban los primeros números.

También hay una dimensión política. El Censo 2023 fue presentado inicialmente como un relevamiento exitoso, pero la corrección técnica abre preguntas sobre calidad, cobertura, metodología y capacidad del Estado para medir con precisión a los sectores más vulnerables. En cualquier país, censar a quienes viven en condiciones más precarias suele ser el mayor desafío estadístico. En Uruguay, esa dificultad quedó ahora expuesta.

La nueva metodología no implica rehacer el censo, pero sí obliga a leerlo de otra manera. El INE sostiene que los ponderadores permiten reducir sesgos y mejorar el uso analítico de los microdatos. En términos simples, la corrección busca que la información censal represente mejor a la población que no fue captada directamente durante el relevamiento.

Ese ajuste es especialmente importante porque el censo es la base de múltiples decisiones públicas. Sirve para planificar vivienda, salud, educación, transporte, infraestructura, políticas sociales, inversión departamental y distribución territorial de recursos. Si una población vulnerable queda subestimada, también puede quedar subatendida.

El aumento de personas en asentamientos debe ser leído junto a otros indicadores de precariedad. Montevideo Portal informó que, dentro de la población omitida, también se identificaron personas bajo condiciones de hacinamiento y hogares con carencias materiales en paredes, techos o pisos. Eso refuerza la idea de que la omisión no fue neutra: afectó especialmente a quienes viven en peores condiciones.

La corrección coloca una exigencia sobre las políticas habitacionales. No alcanza con reconocer que hay 193.260 personas en asentamientos; el desafío es saber dónde están, en qué condiciones viven, qué servicios faltan, qué riesgos ambientales enfrentan y qué soluciones son posibles en cada territorio. La respuesta no puede ser uniforme.

Algunos asentamientos requieren regularización y mejoramiento; otros necesitan relocalización por riesgo ambiental o imposibilidad de urbanización; otros demandan obras de infraestructura, apertura de calles, saneamiento, integración social y mejora de viviendas. La calidad de los datos es la puerta de entrada para elegir bien cada intervención.

El dato rural también importa. Que la población rural sea mayor a la informada inicialmente puede alterar diagnósticos sobre servicios, educación, salud, conectividad, transporte y políticas productivas. Uruguay suele pensarse como un país altamente urbano, y lo es, pero la nueva medición muestra que la ruralidad sigue teniendo un peso mayor al registrado en la primera lectura.

La revisión del INE debe valorarse también como un ejercicio de transparencia estadística. Corregir datos sensibles puede generar ruido político, pero es indispensable para mejorar políticas públicas. Un Estado que reconoce sesgos y ajusta sus mediciones está en mejores condiciones de diseñar respuestas realistas.

La señal de fondo es incómoda pero necesaria: Uruguay tiene más personas viviendo en asentamientos de las que creía oficialmente. No es una diferencia marginal ni técnica sin consecuencias. Son 34.533 personas más que deben entrar en el mapa de la vivienda, la integración urbana y la protección social.

El desafío ahora será transformar la corrección estadística en acción pública. Porque el dato actualizado no solo corrige una planilla: obliga a mirar de nuevo el territorio, revisar prioridades y asumir que la informalidad habitacional tiene una escala mayor. En materia de asentamientos, contar mejor es apenas el primer paso; lo decisivo será intervenir mejor.