UY Press - Agencia uruguaya de noticias

28.04.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – Leonardo Di Doménico advirtió que Uruguay debe fortalecer la seguridad social frente al envejecimiento, la baja natalidad y las transformaciones del empleo. En la Semana de la Seguridad Social, el MTSS planteó el desafío de combinar cobertura, suficiencia y sostenibilidad.

El director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, encabezó la exposición central de la Semana de la Seguridad Social, organizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La actividad se realizó en el marco de la Ley N.º 19.001, que instituyó la última semana de abril como Semana de la Seguridad Social, y en conmemoración del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, considerado una referencia internacional sobre normas mínimas de protección social.

Di Doménico sostuvo que la discusión no debe limitarse al cumplimiento legal, sino recuperar los principios que deben orientar la acción del Estado en materia de protección social. En ese marco, planteó que una seguridad social “gobernada sin principios” se aleja de las necesidades reales de la población y pierde capacidad para responder a los cambios sociales, laborales y demográficos.

El jerarca ubicó el debate uruguayo dentro de una preocupación global. Según la OIT, 3.800 millones de personas en el mundo siguen sin cobertura de seguridad social, pese a los avances registrados en las últimas décadas. Ese dato muestra que la protección social continúa siendo uno de los grandes desafíos de los Estados modernos, especialmente en un escenario de informalidad laboral, envejecimiento poblacional y nuevas formas de empleo.

En Uruguay, el problema tiene características propias. El país presenta niveles relativamente altos de cobertura y suficiencia, pero enfrenta una presión creciente sobre la sostenibilidad del sistema. El Instituto Nacional de Estadística proyecta que para 2070 el 32,5% de la población tendrá 65 años o más, el doble que en la actualidad, mientras que los menores de 15 años representarán apenas el 11,5%. La fecundidad, además, se mantiene en mínimos históricos, con una tasa de 1,27 hijos por mujer en 2023 y una proyección de 1,2 para 2025-2026.

Ese cambio demográfico afecta directamente la relación entre cotizantes y beneficiarios. Menos nacimientos, más longevidad y una población en edad de trabajar proporcionalmente menor obligan a revisar cómo se financia el sistema sin deteriorar prestaciones ni restringir derechos. Di Doménico definió ese equilibrio como el “trilema” de la seguridad social: cobertura, suficiencia y sostenibilidad financiera. Avanzar en una dimensión sin afectar las otras exige decisiones complejas y una mirada de largo plazo.

La subdirectora nacional de Seguridad Social, Verónica Villagra, remarcó que la seguridad social “no es neutra”, porque implica decisiones con impacto directo en la vida de trabajadores, jubilados y otros colectivos. En la misma línea, la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, destacó que Uruguay cuenta con estándares altos de cobertura en comparación internacional, pero advirtió que las reformas requieren consensos amplios para mantenerse en el tiempo.

El BPS llega a esta discusión con una agenda de gestión propia. En abril, Presidencia informó que durante 2025 se otorgaron 6.723 jubilaciones más que en 2024, que los trámites pendientes se redujeron 77% entre mayo de 2025 y febrero de 2026, y que se mejoraron tiempos de atención y resolución de solicitudes. Ese desempeño administrativo aparece como una parte del problema: no alcanza con discutir parámetros previsionales, también se necesita un sistema capaz de llegar en tiempo y forma a quienes tienen derecho a una prestación.

La discusión se conecta, además, con el Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social impulsado por el Gobierno. Ese proceso fue diseñado para abordar cuatro ejes: protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a personas activas y régimen de jubilaciones y pensiones. Según el BPS, el documento final debía reunir acuerdos y propuestas concretas para ser presentado al Poder Ejecutivo antes del 30 de abril de 2026, como insumo para futuras políticas públicas y eventuales reformas legislativas.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, cerró la actividad reafirmando que la protección social debe ser entendida como un derecho humano fundamental. Señaló que el país tiene la responsabilidad de construir consensos para avanzar hacia una cobertura más justa, solidaria, universal y equitativa, sin desconocer las restricciones fiscales ni los cambios profundos del mercado laboral.

La advertencia de fondo es clara: Uruguay tiene una seguridad social fuerte en comparación regional, pero no puede darla por garantizada. El envejecimiento acelerado, la baja natalidad, la informalidad, las nuevas formas de trabajo y la presión sobre el financiamiento obligan a repensar el sistema. El desafío político será hacerlo sin quebrar el pacto intergeneracional que sostiene uno de los pilares históricos del Estado social uruguayo.

Imagen: Portal MTSS