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17.04.2017

MONTEVIDEO (Uypress) – Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó una columna de opinión sobre los recientes sucesos generados por la frase en un cartel de un bar de Pocitos, donde se reproducía el texto de una escena de un film de Tarantino, donde se decía que no estaba permitido el ingreso de “mexicanos y perros”.

Bajo el título "Saltó la térmica", Edison Lanza publicó una columna de opinión en el periódico La Diaria en la que se pregunta "¿por qué razón este debate escaló hasta niveles de polarización que parecían difíciles de imaginar en un contexto democrático como el uruguayo?"

Lanza, abogado y periodista uruguayo, es el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"El debate acerca del ya famoso cartel del restaurante de Pocitos, la frase de la película de Quentin Tarantino (Los ocho más odiados, 2015) y la reacción de las autoridades (municipales y nacionales) ha desatado toda una gama de comentarios, desde alegatos radicales llamando a combatir la discriminación -incluyendo pedidos de prisión y la hoguera para los propietarios del local- hasta la defensa de la libertad de expresión como derecho absoluto", afirma en su columna.

Sostiene Lanza que "el debate vale la pena", ya que muestra que "buena parte de la población está comprometida con la lucha contra toda forma de discriminación por cualquier motivo (raza, género, nacionalidad, orientación sexual, etcétera) y reclama medidas concretas del Estado para que la igualdad sea efectiva y no meramente declarativa".

A pesar de lo anterior, el relator considera que el cartel y las repercusiones de su difusión hicieron  "saltar una llave térmica que ya estaba recalentada". Según Lanza, "aunque creemos que estos temas están resueltos en la sociedad uruguaya, en realidad existe una discusión no saldada sobre la existencia de discriminación y qué instrumentos y medidas puede o debe promover el Estado para superar ese estado de cosas".

"De hecho, a propósito del incidente, la reacción en las redes sociales y en los medios de comunicación no refiere tanto a la frase en cuestión, ni a la película de Tarantino, ni siquiera a si el cartel buscaba impedir el ingreso de personas de nacionalidad mexicana (extremo descartado por los propios dueños, por la falta de pruebas en ese sentido y por el sentido común). El debate sustantivo refiere a la posibilidad de que el Estado aplique una especie de sanción objetiva a los propietarios del local por haber estampado en la vía pública expresiones discriminatorias con notoria torpeza o fuera de contexto", afirma en su nota, tratando de centrar los ejes sobre los que se deslizó el debate.

De acuerdo a Lanza, se está ante "una tendencia creciente en Uruguay y en otras partes de la región. Diversos sectores sociales llaman a sancionar e incluso a penalizar expresiones discriminatorias o "de odio", y que ello se haga de manera objetiva, sin valorar ningún requisito de intención, contexto, lugar o medio utilizado".

Para el periodista uruguayo "es necesario entender que amplios sectores perciben que los movimientos a favor de la no discriminación les quieren embuchar su prédica a la fuerza. Se trata de un choque de concepciones, catalizado por las redes sociales, y uno de los varios factores que los analistas señalan como causante de fenómenos como el de la llegada de Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos o el resurgimiento de la derecha nacionalista en Europa. Por diversos factores (generacionales, el racismo heredado, el miedo a la globalización, o el simple derecho a ir contra la corriente), muchos se sienten agobiados por la presión social que ejerce el establishment de 'lo políticamente correcto'. Y esto también es lo que parece haber surgido en Uruguay con el cartel del café de Pocitos y los enredos que siguieron al tuit recargado del decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, Rodrigo Arim".

"A mi juicio, los derechos a la igualdad y a la libertad de expresión se refuerzan mutuamente y tienen una relación afirmativa, en tanto ambos son la garantía y salvaguarda de la dignidad humana. Para ello hay que apelar a los principios fundamentales", agrega Lanza.

Más adelante manifiesta que "una idea o expresión equivocada no va a desaparecer, ni dejará de circular en la sociedad, por el mero hecho de censurarla o prohibirla. Una idea censurada, por aberrante que sea, estará allí, agazapada, lista para saltar a la luz pública en algún momento, y tal vez de la peor forma, arropada por líderes que promueven expresiones y políticas racistas o xenófobas".

Se pregunta Lanza "¿qué seguirá luego?" si prosperan sanciones contra los autores del cartel. "Si las autoridades nacionales reaccionaran con tanta diligencia frente a todas las expresiones discriminatorias por su tenor literal, sería interminable el desfile por los juzgados de periodistas, sindicalistas, dirigentes políticos, murguistas, humoristas, deportistas, columnistas, directores de teatro, etcétera. Por esa razón, el artículo pertinente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reprodujo el artículo preciso y estricto de la Convención Americana de Derechos Humanos para advertir de la no discriminación sin afectar el funcionamiento de los comunicadores".

"En conclusión, el marco jurídico nacional e internacional es el adecuado, porque la libertad de expresión debe gozar de un amplio margen de protección. Es un derecho que hay que defender en su frontera, allí donde se manifiesta también aquello que nos revuelve las tripas: si la red de sanciones es muy densa, demasiados peces quedarán atrapados. Hay que derrotar a las expresiones discriminatorias en el debate y en la arena pública, en el libre intercambio de ideas y, a más largo plazo, en todos los niveles de la educación. Aquí también es importante el papel de los medios de comunicación, dado que los comunicadores deberían adoptar y hacer conocer su código de ética al respecto", afirma Lanza en su columna.

"Es legítimo combatir la discriminación y la incitación a la violencia contra cualquier grupo, pero en una sociedad democrática es desproporcionado sancionar -sobre todo penalmente- expresiones que pueden ser discriminatorias, chocantes o equivocadas respecto de distintos colectivos", agrega.

"Algo estamos haciendo mal y, pese a todos los avances jurídicos en materia de no discriminación registrados en las últimas dos décadas, aún mucha gente piensa que en realidad se le quiere imponer un estilo de vida que no comparte. Sancionar, prohibir, penalizar o enviar a alguien a la hoguera de las redes no va a mejorar las cosas: va a promover una grieta social aun mayor y una reacción aún más intolerante, sin perjuicio del efecto inhibitorio que tendrá en la expresión de ideas y opiniones que puedan considerarse chocantes u ofensivas", culmina su texto.