UY Press - Agencia uruguaya de noticias

23.05.2019

MONTEVIDEO (Uypress) - Países latinoamericanos intentan fijar un precio al carbono, reducir sus emisiones y promover inversiones en tecnologías más limpias. Descarbonizar de forma radical la actividad económica mundial cambiando la conducta de consumidores, empresas e inversores, impulsa la innovación tecnológica, generando recursos que pueden dedicarse a fines productivos.

Con la fijación de un precio del carbono los contaminadores deciden si interrumpen su actividad contaminadora y reducen las emisiones, o si siguen contaminando.

Existen dos tipos principales de fijación del precio del carbono: sistemas de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) y los impuestos al carbono. Los ETS ponen un límite al total de emisiones de gases de efecto invernadero, bajando el nivel permitido con el tiempo. Las empresas tienen autorizado un número limitado —y decreciente— de permisos de emisión. Las industrias con bajas emisiones pueden vender sus permisos sobrantes a emisores más grandes. Al generar un mercado para los permisos de emisión, el ETS establece un precio de mercado para las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los impuestos al carbono fijan directamente un precio al carbono a través de un tipo impositivo sobre las emisiones de gases de efecto invernadero o sobre el contenido de carbono de los combustibles fósiles. Difiere de un ETS en el sentido que los resultados en términos de reducción de emisiones de un impuesto al carbono no están definidos de antemano, pero el precio al carbono sí.

Un informe del Banco Mundial referido a la Situación y tendencias de la fijación del precio del carbono en 2018, afirma que los gobiernos recaudaron alrededor de 33.000 millones de dólares en ingresos derivados de la fijación del precio del carbono en 2017, unos 11.000 millones de dólares más que lo recaudado en 2016, concluyendo que los precios del carbono están subiendo. En la actualidad, alrededor de la mitad de las emisiones están cubiertas por iniciativas de fijación del precio del carbono de más de 10 dólares/tCO2e, comparado con un cuarto de las emisiones en 2017.

El Banco Mundial, grupos empresariales e inversores están trabajando con gobiernos y corporaciones de todo el mundo en la fijación del precio del carbono para reducir las emisiones y fomentar las inversiones en tecnologías más limpias. En la última década se han triplicado las iniciativas para la fijación del precio del carbono. El 80 % de las emisiones aún no están cubiertas.

Para 2018, 46 gobiernos nacionales y 24 subnacionales de todo el mundo estaban fijando un precio al carbono. Los ingresos derivados de fijar el precio del carbono superaron los 20.000 millones de dólares por segundo año consecutivo, mientras que unas 1.400 empresas incorporan un precio interno del carbono a sus planes de negocios, incluidas más de 100 empresas Fortune Global 500 con ingresos anuales colectivos de siete billones de dólares.

Los sectores que lideran el uso de precios internos para el carbono son servicios públicos y energía por lo que se debe aumentar el precio del carbono y su cobertura ya que el  80% de las emisiones aún no están cubiertas por la fijación del precio del carbono.

La mayoría de las iniciativas de fijación del precio del carbono más recientes tuvieron lugar en latinoamerica.

En Chile, un impuesto al carbono  grava las emisiones de CO2 de grandes emisores en los sectores energético e industrial. El impuesto al carbono forma parte de una visión deseable y positiva para el futuro, vinculada a la innovación, nuevas oportunidades de empleo y mejoramiento de la salud. Para el 2020, el país tiene el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel 20% inferior a los niveles de 2007.

Colombia lanzó un impuesto al carbono sobre todos los combustibles fósiles líquidos o gaseosos utilizados para la combustión, como parte de un paquete de reformas fiscales para apoyar la consolidación de la paz. El dinero recaudado se destina al Fondo Colombia en Paz para apuntalar la protección de ecosistemas y la gestión de la erosión costera.

Costa Rica está elaborando una política de fijación del precio del carbono que gira en torno al problema de la contaminación del aire. El impuesto a las emisiones propuesto abarcaría otros contaminantes aéreos, como monóxido de carbono, óxidos nítricos y partículas, tendiente a fomentar tecnologías más limpias y de mejor desempeño.

Argentina adoptó un impuesto al carbono en diciembre de 2017. En 2019, este impuesto se gravó al tipo completo en la mayoría de los combustibles líquidos; seguirá aumentando 10% por año hasta alcanzar 100 % en 2028. Se espera que el impuesto al carbono recaude aproximadamente ARS 11.500 millones (571 millones de dólares) por año.

En diciembre de 2017, unas enmiendas a la Ley General de Cambio Climático estipularon el diseño y puesta en marcha de un ETS en México. Este ETS operará en fase piloto durante 36 meses, seguidos de una fase operativa formal planeada para 2022.

Durante la Declaración de París sobre el Precio del Carbono en las Américas, 12 gobiernos nacionales y subnacionales de las Américas se comprometieron a implementar la fijación del precio del carbono como política central para la acción contra el cambio climático y profundizar la integración regional de los instrumentos de fijación del precio del carbono.