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13.09.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) reclama un nuevo convenio y rechaza las condiciones de TCP, mientras el Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos (SUANP), mantiene otra negociación por el convenio del personal embarcado en dragas. Tras meses de conflicto, el gobierno impuso servicios mínimos y evitó declarar la esencialidad.

El conflicto entre los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y Katoen Natie entró esta semana en una fase decisiva. Después de más de seis meses de negociación, sucesivos paros y acusaciones cruzadas, el gobierno intervino para garantizar servicios mínimos en la principal terminal de contenedores del Puerto de Montevideo, mientras intenta que empresa y sindicato alcancen un nuevo convenio colectivo.

La disputa enfrenta al comité de base TCP-Nelsury, integrado al Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA), con la empresa que controla la terminal. Katoen Natie posee el 80% de TCP y la Administración Nacional de Puertos el 20%. Allí trabajan unos 550 funcionarios y se concentra una parte estratégica del movimiento de contenedores del comercio exterior uruguayo.

El convenio anterior venció el 31 de mayo y desde entonces las partes intentan acordar uno nuevo. El conflicto, sin embargo, comenzó antes y acumula alrededor de seis meses de negociaciones.

Qué reclaman los trabajadores

La discusión no se reduce al salario. Incluye duración del convenio, condiciones de trabajo, garantías para la actividad de los domingos, organización de tareas y mecanismos para asegurar estabilidad laboral.

Esta semana los trabajadores dieron una señal de acercamiento. El sindicato aceptó buena parte de la última propuesta empresarial, pero planteó que el convenio tenga una duración de dos años en lugar de los cinco pretendidos por la empresa.

El secretario general del SUPRA, Álvaro Reinaldo, sostuvo posteriormente que los trabajadores presentaron una contrapropuesta con la intención de encontrar una salida que permitiera terminar con una conflictividad que se ha prolongado durante meses.

El sindicato acusa a Katoen Natie de no haber negociado de buena fe y de haber presentado determinadas condiciones como definitivas. La empresa rechaza esa versión: asegura que realizó sucesivas mejoras, que incorporó cambios en tres de los siete puntos planteados por los trabajadores y que mantiene disposición para explicar su propuesta, aunque considera agotado el margen para modificarla.

Más de 30 días de afectación

La negociación derivó en una sucesión de medidas sindicales que afectaron seriamente la operativa. El lunes 7 los trabajadores iniciaron un nuevo paro por tiempo indeterminado y establecieron una guardia gremial. La actividad comenzó a normalizarse el martes a las 15. Para Katoen Natie, la guardia resultó insuficiente para mantener el funcionamiento de la terminal.

La empresa sostiene que durante 2026 se acumularon 36 días con afectaciones operativas severas y que en la última paralización hubo camioneros que debieron esperar hasta 20 horas para ingresar a TCP. También advirtió sobre los riesgos para cargas refrigeradas y sensibles. Son datos presentados por la propia compañía al gobierno en su solicitud de intervención.

Para los trabajadores, sin embargo, la conflictividad es consecuencia de la imposibilidad de cerrar un convenio que sustituya al vencido y otorgue garantías suficientes sobre sus condiciones laborales.

La dimensión económica del enfrentamiento explica por qué dejó de ser un conflicto interno de una empresa. TCP es la única terminal especializada de contenedores del país y cualquier paralización prolongada repercute sobre exportadores, importadores, transportistas y operadores logísticos.

Katoen Natie pidió la esencialidad

La tensión llegó a su punto más alto cuando Katoen Natie solicitó formalmente al Poder Ejecutivo que declarara la esencialidad de determinadas tareas dentro de la terminal. La empresa argumentó que pretendía garantizar aquellas operaciones cuya interrupción pudiera afectar la seguridad, la salud y determinadas cargas, y sostuvo que su planteo era compatible con el derecho de huelga.

La discusión se trasladó inmediatamente al terreno político. El Partido Nacional reclamó al gobierno que decretara la esencialidad, mientras el presidente Yamandú Orsi pidió no "echar nafta al fuego" y apostó a mantener abierta la negociación. El gobierno finalmente eligió una tercera alternativa.

Servicios mínimos, pero no esencialidad

El 11 de setiembre, los ministerios de Trabajo y Transporte resolvieron establecer servicios mínimos obligatorios, transitorios y limitados en TCP. La resolución procura garantizar la seguridad y la continuidad básica de la terminal durante eventuales medidas sindicales. El Ejecutivo justificó la intervención señalando que las paralizaciones habían afectado la única terminal especializada de contenedores del país y podían comprometer la producción y el comercio exterior.

La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, subrayó una diferencia políticamente importante: "No estamos hablando de servicios esenciales". El gobierno buscó así garantizar un piso operativo sin suspender el derecho de huelga.

Antes de resolver, el Ejecutivo había dado 72 horas para que trabajadores y empresa acordaran por sí mismos esos servicios mínimos. No lo consiguieron. Entre las diferencias estuvo la cantidad de personal que debía mantenerse trabajando: el sindicato proponía aproximadamente 25% y la empresa pretendía 50%.

El PIT-CNT cuestionó la decisión gubernamental. La central recordó que empresa y trabajadores llevan unos seis meses negociando y sostuvo que la fijación unilateral de servicios mínimos afecta el ejercicio del derecho de huelga. 

El SUANP abre otro frente

Mientras el conflicto de TCP domina la atención, el SUANP mantiene una negociación diferente con la Administración Nacional de Puertos. Después de varios meses de conversaciones sin acuerdo, el convenio especial para los trabajadores embarcados en las dragas de la ANP pasó esta semana a una instancia tripartita con mediación del Ministerio de Trabajo. La negociación bipartita, no obstante, continúa abierta.

Por eso conviene no presentar al SUANP como parte de la negociación entre SUPRA y Katoen Natie: son dos conflictos distintos que coinciden temporalmente dentro del sistema portuario.

El principal foco sigue estando en TCP. Y detrás de la discusión salarial y de las condiciones de trabajo aparece un problema mayor: cómo se distribuye el poder dentro de una infraestructura estratégica para Uruguay.

Los trabajadores reclaman garantías laborales y capacidad efectiva de negociación; Katoen Natie sostiene que necesita previsibilidad y continuidad operativa; y el gobierno intenta evitar que el conflicto paralice el comercio exterior sin convertir la intervención estatal en una restricción del derecho de huelga.

Después de seis meses, el conflicto del puerto ya no enfrenta solamente a un sindicato y una empresa: obliga al gobierno a definir hasta dónde llega la autonomía empresarial, hasta dónde el derecho de huelga y quién garantiza el funcionamiento de una infraestructura de la que depende buena parte del comercio exterior del país.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS