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15.07.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Desarrollo Social, Inmujeres y Mevir firmaron un nuevo convenio para ampliar las respuestas habitacionales destinadas a mujeres que atraviesan situaciones de violencia basada en género.

El acuerdo da continuidad a una política pública que funciona desde 2009 y que se ha renovado de forma ininterrumpida. Su objetivo es facilitar el acceso a una vivienda segura para mujeres que buscan salir de situaciones de violencia, mediante subsidios de alquiler y otras alternativas habitacionales.

La novedad principal de esta ampliación es que el apoyo no se limitará al pago del alquiler. El convenio incorpora la posibilidad de financiar gastos asociados al contrato, como comisiones inmobiliarias y, en casos debidamente fundamentados, gastos comunes.

De acuerdo con la información oficial, el MVOT otorgará 500 subsidios de alquiler. Las postulaciones y evaluaciones estarán a cargo del MIDES, a través de Inmujeres, y de una comisión interinstitucional integrada por los organismos participantes.

Las beneficiarias serán mujeres que reciben acompañamiento de servicios especializados del Ministerio de Desarrollo Social, de gobiernos departamentales o de organizaciones de la sociedad civil. Inmujeres continuará con la evaluación de las postulaciones y el seguimiento durante todo el proceso.

Mevir, por su parte, aportará viviendas disponibles dentro de sus programas cuando las características de cada situación lo requieran. El convenio también contempla otras respuestas, como viviendas transitorias o permanentes, cupos en vivienda nueva, materiales y mano de obra para mejoras habitacionales, y viviendas de la Agencia Nacional de Vivienda destinadas a situaciones de emergencia crítica, según disponibilidad.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, sostuvo que la modificación surge de una evaluación permanente de la política pública y de la necesidad de adaptarla a las condiciones reales de las mujeres. Según explicó, muchas beneficiarias lograban acceder a una solución habitacional, pero luego enfrentaban dificultades para sostenerla por costos adicionales vinculados al alquiler.

Paseyro señaló que el convenio forma parte de las prioridades del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, y remarcó la importancia del trabajo interinstitucional. Para la cartera, la vivienda no aparece solo como una respuesta material, sino como una condición indispensable para que las mujeres puedan reconstruir su autonomía.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, afirmó que el acceso a una vivienda es un componente esencial para que una mujer pueda salir de una situación de violencia basada en género. También planteó que el convenio reafirma la decisión del Gobierno de fortalecer políticas sociales mediante coordinación entre organismos públicos.

La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, destacó que el acuerdo no solo renueva una política existente, sino que amplía su alcance. Según indicó, el convenio incluye también a mujeres víctimas de trata y explotación, tanto con fines laborales como sexuales, y prevé un acompañamiento caso a caso durante el proceso de salida de la violencia.

El enfoque integral es uno de los puntos centrales del programa. No se trata únicamente de entregar un subsidio, sino de articular vivienda, acompañamiento técnico, evaluación social, respuesta institucional y continuidad en el proceso. Esa dimensión resulta clave porque la falta de autonomía económica y de una vivienda segura suele ser uno de los principales obstáculos para romper vínculos violentos.

En ese marco, la vivienda aparece como una herramienta de protección. Para muchas mujeres, abandonar una situación de violencia implica resolver al mismo tiempo dónde vivir, cómo sostener a hijas e hijos, cómo mantener ingresos y cómo evitar nuevas situaciones de riesgo.

El convenio se inscribe además en un momento de actualización de las políticas públicas de género. El Consejo Nacional de Género, el Consejo Nacional Consultivo por una vida libre de violencia basada en género hacia las mujeres e Inmujeres trabajan en planes de acción hacia 2030, con prioridades que incluyen autonomía económica, violencia basada en género, salud integral, contextos críticos e institucionalidad estatal.

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de prórroga por un período adicional. Su continuidad será clave para medir si la ampliación logra resolver no solo el acceso inicial a la vivienda, sino también la permanencia, la estabilidad y la construcción de proyectos de vida libres de violencia.

La ampliación del convenio deja una señal política clara: la salida de la violencia de género no puede depender únicamente de la denuncia o del acompañamiento psicológico y jurídico. Requiere condiciones materiales. Y entre ellas, una vivienda segura puede marcar la diferencia entre volver al círculo de violencia o empezar una vida autónoma.

Imagen: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial / gub.uy.