UY Press - Agencia uruguaya de noticias

22.04.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – Se presentó este martes el informe anual 2025 – 2026 de Amnistía Internacional.

"Amnistía Internacional viene denunciando desde hace seis años en sus Informes Anuales el debilitamiento del sistema de garantías en Uruguay", señala la organización en la presentación del capítulo destinado a nuestro país. "La preocupación era y es clara: el avance del deterioro del sistema de protección de derechos impacta en los sectores de la población más vulnerables como las infancias, adolescencias y mujeres, personas migrantes, personas afrodescendientes y personas con discapacidad", agrega la presentación. 

El informe analiza el estado de situación de los derechos humanos en Uruguay en 2025, "año atravesado por la instalación de una nueva administración y por la discusión presupuestal". "Muchas veces, las conversaciones sobre derechos humanos quedan lejos de aquellas que tocan asuntos económicos, pero esto es un grave error. Los derechos se financian. De no ser así, los compromisos asumidos solo serán palabras correctas que quedarán en el papel, sin efectos positivos reales en la vida de las personas", aseguran en el informe.  

En esta ocasión, se analizaron los principales retos de derechos humanos que enfrenta el país a la luz de las asignaciones presupuestales para los próximos cinco años. "Los resultados no son los esperados. Algunos de los compromisos de campaña y de las prioridades estratégicas de gobierno no cuentan con un correlato presupuestal que permita asumir tales responsabilidades con una vocación de cambio sustantivo y estructural", explica AI en su capítulo uruguayo. 

Algunos de los puntos señalados son:

• El embarazo infantil y la explotación sexual son indicadores de fallas sistémicas en la protección integral de niñas y adolescentes y en la garantía del interés superior de las niñas.
• La violencia vicaria se ha consolidado como una expresión extrema de la violencia basada en género.
• Uruguay presenta la tasa de suicidio más alta de América Latina, superando por más del doble el promedio regional.
• La población carcelaria aumentó más de 30 % desde 2020 y alcanzó el máximo histórico en diciembre de 2025, con 16.496 personas privadas de libertad.
• En Uruguay no responder pedidos de acceso a la información pública no tiene consecuencias.
• El deterioro de la calidad del agua también compromete el abastecimiento de agua potable.

El debilitamiento al que se hacía referencia más arriba se expresa de formas concretas. En la incapacidad del sistema para proteger a niños, niñas y adolescentes que viven en entornos de violencia, y en trayectorias institucionales que, en lugar de reparar, agravan el daño y reproducen la revictimización.  Se ve también en la persistencia de la violencia de género en la vida de mujeres y niñas; en un sistema penitenciario colapsado desde hace más de dos décadas, con respuestas fragmentadas y resultados pobres en términos de reinserción; en la impunidad estructural que todavía pesa sobre el pasado reciente y que mina la verdad en cada archivo que no se explora; en las dificultades para garantizar transparencia y acceso oportuno a  información pública relevante  y de gran impacto en la vida de la población, como los temas ambientales. 

"Este informe pretende mostrar un panorama que recoja los avances, los retrocesos y los nudos de estancamiento que presenta el país en materia de derechos humanos. Es un llamado de atención a las autoridades uruguayas y un aporte para fortalecer el sistema de garantías", se señala, y deja planteada la interrogante: ¿Quiere Uruguay ser un referente real en derechos humanos o se conformará con serlo solo en el papel?  

Acceda al informe completo aquí