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04.05.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – Cuatro intendentes apoyaron un proyecto de ley que propone que médicos, especialistas y otros profesionales de la salud recién egresados presten servicios en el sector público durante sus dos primeros años. La iniciativa busca mejorar el acceso a especialistas, especialmente en el interior.

El proyecto fue presentado por el diputado frenteamplista Federico Preve, médico neurólogo, y plantea crear un servicio de atención en salud de carácter preceptivo, transitorio y remunerado para profesionales que culminen su formación de grado, posgrado o especialización.

La propuesta recibió el respaldo de los intendentes Carlos Albisu, de Salto; Mario Silvera, de Treinta y Tres; Francisco Legnani, de Canelones; y Guillermo Levratto, de Río Negro. También fue acompañada por médicos de distintas especialidades, dirigentes políticos y exjerarcas del sistema sanitario, entre ellos la exministra de Salud Pública María Julia Muñoz y el expresidente de ASSE Marcos Carámbula.

El texto establece que los profesionales alcanzados deberán cumplir una carga horaria mínima de cuatro horas y máxima de 16 horas semanales, durante un período de dos años. La autoridad sanitaria determinará las necesidades asistenciales por especialidad, así como los lugares donde deberán prestarse los servicios.

La iniciativa busca atender una desigualdad persistente del sistema de salud uruguayo: la diferencia entre Montevideo y el interior en el acceso a especialistas. En varias zonas del país, los tiempos de espera, la falta de determinados servicios y la necesidad de trasladarse a la capital siguen siendo parte de la experiencia cotidiana de muchos usuarios.

El proyecto también prevé que se considere la distancia entre el lugar de prestación del servicio y Montevideo, un punto relevante para profesionales que deban trasladarse o radicarse temporalmente fuera de la capital. En caso de incumplimiento, el Ministerio de Salud Pública no registraría ni habilitaría el título para el ejercicio profesional, según el texto difundido.

Los impulsores sostienen que la medida permitiría aumentar cobertura en hospitales públicos y servicios de ASSE, mejorar la equidad territorial y aprovechar parte de la inversión pública realizada en la formación de profesionales de la salud. En esa visión, el Estado puede pedir una contraprestación temporal razonable a quienes acceden a una formación altamente demandada y muchas veces concentrada en Montevideo.

Pero la propuesta ya abrió resistencia en el propio sector médico. La Federación Médica del Interior advirtió que comparte la preocupación por la inequidad territorial, pero considera que la obligatoriedad no constituye una solución adecuada. Para FEMI, el problema no responde simplemente a falta de médicos, sino a causas estructurales: concentración de la formación de especialistas en Montevideo, limitada oferta de residencias en el interior y diferencias en condiciones laborales y de desarrollo profesional.

Esa crítica coloca el debate en un plano más amplio. Obligar a los recién egresados a atender durante dos años puede mejorar la disponibilidad inmediata de recursos humanos, pero no garantiza radicación sostenida, continuidad asistencial ni construcción de equipos estables. La experiencia internacional muestra que las políticas de distribución territorial de médicos suelen funcionar mejor cuando combinan servicio obligatorio, incentivos económicos, carrera profesional, formación local, vivienda, conectividad, infraestructura y condiciones laborales atractivas.

El desafío de Uruguay no es solo formar más especialistas, sino distribuirlos mejor. El país cuenta con un sistema de salud valorado en términos regionales, pero arrastra brechas territoriales que se expresan en listas de espera, traslados, demoras diagnósticas y concentración de servicios complejos en la capital. En ese marco, el proyecto de Preve funciona como un disparador de una discusión que va más allá de una norma puntual.

El apoyo de intendentes de distintos partidos le da volumen político a la iniciativa. Para los gobiernos departamentales, la falta de especialistas no es una abstracción técnica, sino un reclamo permanente de vecinos, hospitales y policlínicas. Que intendentes nacionalistas y frenteamplistas coincidan en respaldar el planteo muestra que el problema atraviesa alineamientos partidarios y se instala como una preocupación territorial.

La discusión parlamentaria deberá definir si la obligatoriedad es el instrumento adecuado o si debe complementarse con un paquete más amplio de incentivos. También deberá resolver cómo se protegerán derechos laborales, cómo se organizarán los destinos, qué especialidades serán prioritarias, cómo se financiarán las horas de trabajo y qué garantías tendrán los usuarios respecto a calidad y continuidad de la atención.

El proyecto abre una pregunta central para la salud pública uruguaya: cómo asegurar que vivir lejos de Montevideo no signifique acceder más tarde, peor o con más costo a un especialista. La respuesta no dependerá solo de médicos recién recibidos, pero la iniciativa volvió a poner sobre la mesa una inequidad que el sistema conoce desde hace años y todavía no logró resolver.